Congresistas demandan reforma a Fuero Militar ante Corte Constitucional

Un grupo de congresistas y dos organizaciones no gubernamentales (ONG) demandaron hoy ante la Corte Constitucional la reforma al Fuero Militar aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente Juan Manuel Santos, en diciembre pasado.

Los legisladores que interpusieron la demanda de inconstitucionalidad son Iván Cepeda, Germán Navas y Gloria Ramírez, del Polo Democrático Alternativo (PDA, opositor); Ángela María Robledo, del Partido Verde, y Guillermo Rivera, del Partido Liberal. También firmaron los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, así como las ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la Comisión Colombiana de Juristas.

Según informó el grupo en un comunicado, «esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y pone (a Colombia) en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos».

Además, indicaron que esta es «la primera de varias demandas que se radicarán» contra la nueva Justicia Penal Militar de Colombia, que se hará cargo de las infracciones que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado cometan en actos de servicio al violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula la guerra.

Estas faltas pueden ser, entre otras, un uso desproporcionado de la fuerza en relación al objetivo militar, un mal diseño de un operativo en una zona en la que se ponga en riesgo a la sociedad civil o un trato inhumano hacia personas que no participan en la contienda.

Mientras tanto, la justicia ordinaria asumirá los delitos de lesa humanidad como genocidio, desaparición, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento, según la versión final del texto.

Los demandantes identificaron como «un riesgo para un país en guerra como Colombia» poner en manos de los uniformados la capacidad de administrar justicia sobre sus propios delitos.

Además, «alegan que existieron vicios de forma en el proceso de formación del Acto Legislativo número 02 de 27 de diciembre de 2012 y que se violó el principio de unidad de materia», señaló el comunicado.

Los demandantes consideraron que cuando el Congreso aprobó esta reforma «hizo caso omiso a las cifras sobre impunidad, que son del 98 % en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia».

Asimismo, remarcaron que se desatendieron las recomendaciones hechas al respecto por la Corte Penal Internacional (CPI), de los Sistemas de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONG Human Rights Watch. EFE

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