«Estamos frente a una apología de la ilegalidad, por decir lo menos», afirmó Ordóñez al aludir a la decisión del Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos de aceptar que Garzón siga como asesor de asuntos de política judicial en Colombia.
Creo que la institucionalidad colombiana no puede condenar en Colombia a ciudadanos por delitos en los cuales incurrió el juez Baltasar Garzón y a su turno aceptarlo como interlocutor válido. No nos digamos mentiras, ya lo ha manifestado el Estado español, el juez Garzón es un delincuente, prevaricador que ha victimizado a ciudadanos españoles desconociendo derechos fundamentales como el de la intimidad», manifestó el jefe del Ministerio Público.
«El juez Garzón es un delincuente, prevaricador, que ha victimizado a ciudadanos españoles desconociendo derechos fundamentales, fundamentalmente el derecho a la intimidad», expresó Ordóñez a Caracol radio.
Tras admitir que no puede interferir en las competencias del presidente Santos, Ordóñez puntualizó que, en cuanto a las suyas, «la Procuraduría no lo puede aceptar, no lo debe aceptar como interlocutor y, por lo tanto, es necesario que el país conozca exactamente las implicaciones de aceptar» a Garzón.
Explicó que es un problema de conveniencia, ético, de darle prevalencia y reconocimiento a la legalidad y a las consecuencias del principio de legalidad, de respeto a la soberanía de Estados amigos, explicó el procurador.
«Me he opuesto desde un comienzo a la presencia del juez Baltasar Garzón, pero por razones estrictamente de conveniencia, éticas y de credibilidad», enfatizó Ordóñez, y recordó que ya en el pasado le había advertido de ello a Santos y a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín.
De acuerdo con Ordóñez, es un problema ético que Garzón asesore al Estado en el diseño de políticas dentro del marco de la justicia transicional.
«Que quien ha sido condenado aquí aparece como asesor como si el estado español contratara como asesor en un proceso de paz a la ETA, esa es la comparación que se puede hacer», dijo Ordóñez al estimar que no pretende interferir con las decisiones y las facultades del presidente de la República, Juan Manuel Santos.