BOGOTA, 14 de Febrero ¬_RAM_ La Procuraduría General de la Nación envió un concepto al Consejo de estado en el que considero que el periodo para el Fiscal General de la Nación debe ser de cuatro años. El documento de 38 páginas indica que “el periodo del actual jefe del ente investigador debe ser personal y no institucional”.
De igual manera el Ministerio Público pidió al tribunal contencioso administrativo que tumbe todos los argumentos de la demanda interpuesta en contra del periodo del Fiscal General.
Montealegre Lynnet explicó que en estos momentos “no existe un criterio objetivo” para señalar desde qué momento se aplica el periodo institucional, por lo que “dicha norma actualmente no tiene una efectividad”.
Montealegre fue elegido el 22 de marzo de 2012 por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo en ese momento no se estableció el periodo del nuevo jefe del ente investigador.
En el Consejo de Estado cursa una demanda que pretende que vaya hasta mediados del 2013.
La Sección Quinta del Consejo de Estado le solicitó al procurador General, Alejandro Ordóñez, que se pronuncie sobre el periodo del actual fiscal, Eduardo Montealegre, quien llegó al cargo el año pasado.
En el concepto dirigido al Consejo de Estado, Ordóñez aseguro que el periodo del fiscal es personal y no institucional, por lo que le recomendó que el periodo de Montealegre llegue hasta el 2016.
Montealegre asumió el año pasado, luego de que la elección de Viviane Morales fuera anulada por el Consejo de Estado. En ese tribunal Hay varias demandas que argumentan que el constitucionalista tiene que salir del cargo el 31 de julio del 2013 porque una ley del 2004 estableció que los periodos de los dignatarios del Estado son constitucionales y no personales.
Esta es la misma posición que expuso la Sala de Consulta de esa misma corte el año pasado, pero su concepto no obliga.
Montealegre, quien fue presidente de la Corte Constitucional y viceprocurador general de la Nación, sostiene en su defensa que la Sala de Consulta se equivocó en la interpretación de la reforma del 2004, porque esta buscaba esencialmente acabar con la cascada de elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores -hasta 70 en un solo año- que se realizaban en el país.
Esa reforma, dice Montealegre, «se refiere a cargos de elección popular o al de entidades relacionadas con el sistema electoral», por lo que considera que «la Sala de Consulta incurrió en un error».