En medio de la tensión económica y las dudas sobre la sostenibilidad fiscal del país, el Gobierno Nacional prepara una nueva reforma tributaria, la tercera desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República, pese a las alertas de desgaste entre las empresas y contribuyentes.
El anuncio se daría este viernes 13 de junio, junto con la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025-2035, y buscaría ampliar el recaudo en $19 billones a partir de 2026, según confirmaron fuentes del Ejecutivo a Portafolio.
Así mismo, se indicó que la iniciativa, que se presentaría al Congreso en el segundo semestre del año, apunta a recomponer la estructura de ingresos del país tras un año marcado por la caída del recaudo, mayores compromisos de deuda y presiones de gasto crecientes.
No hay que pasar por alto que la propuesta llega solo días después de que el Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis) aprobara la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, decisión que le permitirá al Gobierno gastar y endeudarse por fuera de los límites establecidos durante un periodo de tres años.
El uso de esta herramienta, prevista en la Ley 1473 de 2011, fue aprobado el lunes 9 de junio en horas de la noche, y si bien aún debe ser protocolizada ante la opinión pública, desde ya se marca un punto de quiebre en el manejo de las finanzas públicas.
Este no es un tema menor si se tiene en cuenta que la caja del Gobierno está muy ajustada y que la reforma buscará garantizar recursos nuevos, pero también es una señal de que el Ejecutivo no renuncia al gasto público creciente, a pesar de que la caja del estado sigue en mínimos históricos y el país está expuesto ante cualquier eventualidad.
Desde varios sectores económicos se advierte que el momento político y financiero no es el más adecuado para una nueva reforma, menos aún en un contexto de creciente incertidumbre institucional.
La activación de la cláusula de escape, que libera al Gobierno de cumplir con los topes de déficit establecidos por la regla fiscal, ha sido criticada por analistas y gremios que consideran que no existe un hecho extraordinario que la justifique.
Si bien la pandemia del COVID-19, por ejemplo, fue una razón válida para suspender temporalmente la norma en 2020, hoy el argumento es una combinación de menor recaudo, frustración de la reforma de 2023 y expansión del gasto.
En este contexto, la nueva reforma tributaria aparece como un intento por recuperar la confianza de los mercados y enviar señales claras a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las calificadoras de riesgo, especialmente Moody’s, que evalúan actualmente la situación fiscal del país.
Además de elevar el recaudo, el Gobierno buscaría que la reforma tenga un impacto estructural, ya que para el Gobierno, según las fuentes consultadas, no se trata solo de tapar el hueco, sino de construir una base tributaria más sólida para el mediano plazo.
De momento, no se conocen detalles del articulado ni de los sectores que se verán más afectados, aunque fuentes cercanas al proceso indicaron que se estudian cambios al impuesto de renta, beneficios sectoriales y esquemas de lucha contra la evasión.
Así las cosas, este viernes será clave, dado que el Marco Fiscal deberá convencer a los inversionistas de que, a pesar de la flexibilización temporal de la regla, el país no renuncia a su responsabilidad con las finanzas públicas. De no ser así, los costos en términos de confianza, calificación y tasas de interés podrían ser demasiado altos.