Luego de más de 3 horas de reunión, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores determinó que el Tribunal Superior de Bogotá se excedió en la petición a la Corte Penal Internacional de investigar al ex Presidente de la República, Belisario Betancur, por su posible responsabilidad en la desaparición de los sobrevivientes a la retoma del Palacio de Justicia.
Al concluir un encuentro en la Casa de Nariño, la Comisión indicó que el Tribunal incurrió en un “exceso de funciones” al hacer esta solicitud.
Según la comisión, cuando Colombia decidió acatar el acuerdo de Roma, aclaró que sólo sería el poder Ejecutivo el encargado de hacer estas solicitudes a los tribunales internacionales.
Guillermo Fernández de Soto, ex Canciller de la República explicó que en dado caso que se requiriera llegar a esa instancia internacional, sería la Presidencia de la República y la Cancillería colombiana, las entidades responsables de oficiar en consecuencia.
“El Estatuto de Roma fue ratificado en el año 2002 y que el propio texto del Estatuto establece que se trata del conocimiento de hechos posteriores a la ratificación del Estatuto para el Estado que así lo hace; la norma en el Derecho Internacional, establece claramente que la remisión de un caso como este en el cual hablamos, solamente puede ser hecha por el poder Ejecutivo”, explicó Fernández de Soto.
El ex Canciller también señaló que el país dejó establecido que con la ratificación del Estatuto de Roma este texto no podrá estar en contra de las disposiciones contempladas en la Constitución colombiana y explicó que para el caso de la investigación del ex Presidente Betancur será la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la que procederá en este sentido, aunque recordó las innumerables oportunidades en las que el ex Mandatario se ha presentado ante la Justicia colombiana.
“El juez natural en este caso: la Comisión de Acusaciones o el Tribunal Especial que en su momento examinó el tema del Palacio de Justicia, se han pronunciado y que como el propio Presidente Betancur lo ha indicado, ha acudido a todas las instancias judiciales a las que ha sido llamado, en opinión de la Comisión, por lo tanto, la Corte Penal Internacional no tiene competencia para conocer esta materia”, puntualizó Fernández de Soto.
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