Condenan a la Nación por muerte de sargento en operación en «La Catedral»

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Bogotá, 01 de febrero ¬_RAM_ Al considerar que se presentaron fallas y omisiones, el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional al pago de una indemnización para los familiares de los guardianes que resultaron afectados durante una toma «sorpresiva» adelantada por las Fuerzas Militares en la cárcel «La Catedral» ubicada en Envigado, Antioquia.
En la acción registrada entre el 21 y 22 de julio de 1992, miembros del Comando Especial de las Fuerzas Militares se tomaron por asalto el centro de reclusión, con el fin de tomar el control externo e interno de la cárcel, relevar la guardia penitenciaria nacional y municipal y trasladar de prisión al entonces jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.
Durante los hechos murió el sargento Olmedo Mina, quien estaba al servicio de la Dirección General de Prisiones, mientras otros 11 guardianes encargados de la seguridad del centro de reclusión resultaron gravemente heridos.
El tribunal de lo contencioso administrativo consideró que la misión del Ejército no fue clara y los guardianes de la cárcel no fueron informados de la orden de asalto impartida por el Gobierno Nacional.
“Resulta enjuiciable la ligereza de los mandos militares, encabezados por el General Manuel Murillo, comandante de las Fuerzas Militares, que aplicada a la intercomunicación de mandos provocó un estado de desinformación entre los mismos, determinante a la postre de las decisiones improvisadas que enmarcaron la vergüenza nacional del episodio», precisa uno de los apartes de la decisión.
Y es que para el Consejo de Estado en dichas operaciones militares tienen que estas revestidas de una información razonable, oportuna, clara y precisa con el fin de evitar irregularidades más aún cuando se trata de un operativo de tanta trascendencia e importancia.
La Sala fue clara en indicar que sería un error afirmar que un guardia de prisiones, en virtud de sus funciones, debe soportar un ataque externo, aún por parte de las autoridades militares del Estado, o tratándose de un operativo que comprometa la seguridad nacional.
“La muerte del sargento de prisiones Olmedo Mina se produjo en circunstancias excepcionales, sometido a un riesgo que no debió asumir por encontrarse, evidentemente, más allá de sus funciones, máxime si se tiene en cuenta que las funciones de un guardián de prisiones giran en torno a garantizar la reclusión de las personas privadas de la libertad y a prestar seguridad a las mismas, tanto de posibles amenazas internas como de aquellas provenientes de afuera”, precisa el fallo.
Por estos hechos el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional tendrán que pagar más de 809 millones de pesos a los familiares del sargento muerto y a las demás personas que resultaron heridas durante el asalto a la cárcel de “La Catedral”.

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