Según el último reporte del DANE, basado en la información recopilada en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares del país cayó dos puntos porcentuales entre 2022 y 2023, al pasar de 28,1% a 26,1%.
No obstante, aún persiste un gran reto en este indicador, pues según informó la ONU, el último estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos, se estima que en Colombia alrededor de 13 millones de ciudadanos se enfrentan a una falta moderada o severa de acceso regular a suficientes alimentos.
Desde la Cámara de Representantes, se ha manifestado una profunda preocupación por el crecimiento de la pobreza y la desnutrición en el país. La congresista Saray Robayo Bechara ha sido una de las voces que más ha resaltado la urgencia de atender esta situación.
En un reciente comunicado, afirmó que «la inacción frente a la pobreza y la desnutrición es inaceptable», haciendo un llamado a incrementar los recursos dirigidos a los bancos de alimentos y a fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la alimentación.
Por su parte, el Banco de Alimentos de Colombia ha intensificado sus labores, distribuyendo millones de raciones de alimentos a las poblaciones que más lo necesitan. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la demanda actual excede considerablemente la capacidad de respuesta, lo que representa un desafío para las autoridades, las organizaciones civiles y el sector privado.
La congresista Bechara ha señalado que «es fundamental que el gobierno y el sector privado se unan para crear soluciones sostenibles. No podemos permitir que la situación empeore», en un momento donde la colaboración interinstitucional se vuelve clave para contener los efectos de la inseguridad alimentaria.
Ante este panorama, según la congresista, resulta necesario renovar el compromiso para asegurar la seguridad alimentaria de los colombianos y combatir la pobreza de manera efectiva.
Para ello, será fundamental la participación conjunta de los sectores público y privado para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, en un momento donde la crisis alimentaria sigue afectando a millones de personas en el país.