La Ley del Montes | Cuentas pendientes con el Caribe

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Por Oscar Montes

@LEYDELMONTES

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, aupado por el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de X y respaldado por una poderosa red de bodegueros, decidió emprenderla contra la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, porque cometió el pecado de decirle que hable menos y haga más para tratar de encontrarle –cuanto antes– una solución definitiva al cierre del jarillón de Cara ’e gato, que tiene inundadas miles de hectárea en la Mojana y pone en peligro la vida de más de 10.000 familias.

Por cuenta de ese reclamo justo de la gobernadora García, tanto Carillo como Petro y sus bodegueros en redes sociales, la emprendieron contra ella sin tener el mínimo respeto por su condición de mujer, ni mucho menos por las motivaciones de sus peticiones. A la hora de matonear no se andan por las ramas.

En efecto, los seguidores de Carillo y de Petro en las redes sociales han cuestionado no solo la idoneidad de la mandataria, sino que han puesto en duda su honestidad. Y lo cierto es que la gobernadora lo que pide es que este gobierno ponga finn al suplicio de los habitantes de la Mojana, que son a quienes ella rinde cuentas.

“Que lo que está pasando con el señor Olmedo no nos distraiga, porque nos debemos concentrar es en cerrar Cara ’e gato, para que la Mojana siga siendo productiva”, esta frase de la gobernadora García, pronunciada hace algunas semanas delante de Carrillo y otros altos funcionarios del gobierno, desató la ira del director de la Ungrd, quien desde entonces asumió hacia ella una actitud grosera y hostil.

Pero por muy furioso que se ponga Carrillo, lo cierto es que la gobernadora no ha dicho ninguna mentira. Carrillo convirtió el “caso Olmedo” en su mayor prioridad, quizás porque le produce mayores réditos políticos a la hora de una futura aspiración a un cargo de elección popular, por ejemplo la Alcaldía de Bogotá. Investigar la corrupción de Olmedo López y la de sus compinches es asunto de Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. En ese terreno ya es poco lo que Carrillo puede aportar.

En donde sí se debe concentrar Carrillo es en la suerte de la Mojana y la de sus miles de familias que la habitan. A Carillo, sin embargo, poco o nada le importa la suerte de la Mojana, pues al fin y al cabo es un burócrata bogotano al que Petro montó en el potro cerrero de la Ungrd, luego de que estallara el escándalo por cuenta de las multimillonarias coimas y sobornos que habrían repartido López y Sneyder Pinilla, entre congresistas, cuando se desempeñaban como director y subdirector de la Ungrd.

De manera que la preocupación de Carrillo no pasa por la Mojana, sino por Bogotá, donde busca contar con los votos que lo podrían llevar a suceder a Carlos Fernando Galán.

A la gobernadora García lo que pase con el futuro político de Carillo no le interesa. Su interés está en que sus paisanos sucreños no sigan padeciendo las inclemencias de las inundaciones en la Mojana, por los desbordamientos de los ríos Cauca y San Jorge. Los afanes de Carrillo son, pues, muy distintos a los de la gobernadora de Sucre.

¿Qué hay detrás del enfrentamiento entre el director de la Ungrd y la gobernadora de Sucre? ¿Cuáles otros proyectos de la región Caribe están embolatados en el gobierno de Petro? Veamos:

La Mojana: ¿Y ahora quién cerrará el jarillón de Cara ’e gato?

La decisión de la Ungrd de terminar unilateralmente el contrato por 129.000 millones de pesos con el consorcio RCG, que estaba a cargo de las obras para cerrar el jarillón de Cara ’e gato, fue justificada con el argumento de que permitiría proteger los recursos públicos y asegurar la eficiencia en la ejecución de la obra.

Del total de recursos, la Ungrd anticipó al contratista 28.800 millones. “Continuar con el contrato –dice la Ungrd– habría resultado una gestión ineficaz de más de 100.000 millones de pesos”. Es apenas obvio que con la decisión tomada por la Ungrd de forma unilateral comenzará un litigio que deberá dirimirse en las instancias judiciales. ¿Mientras tanto qué? ¿Qué pasará con la terminación de la obra, así como con las otras que aún están pendientes

No se trata de tomar partido por el contratista –como con mala fe y mala leche insinúan Carrillo y sus bodegueros, en el caso de la Gobernadora de Sucre–, sino de ponerse en los zapatos de cientos de familias mojaneras que llevan décadas esperando una solución estructural a su suplicio. ¿Cuándo comenzará las obras el nuevo contratista para cerrar el boquete de Cara ’e gato? El tiempo apremia y la crisis no da espera ¿Será que las nuevas obras comenzarán el año blando que no tiene cuando, como decían las abuelas?

Los justos reclamos de la gobernadora de Sucre al director de la Ungrd

La tragedia de la Mojana comenzó hace varias décadas. No empezó ayer. Sus inundaciones son frecuentes y los daños que producen dejan grandes “boquetes económicos”. Entre 1998 y 2000 hubo en la región unas 340 inundaciones. En el 2021 ocurrió la más grave de los tiempos recientes, pues afectó unas 260.000 personas y dejó en la miseria 40.000 familias. Muchos agricultores perdieron sus cultivos y muchos ganaderos quedaron con grandes deudas en los bancos, que aún no han pagado.

Son los “ganaderos de Fedegan”, que –según el sesgo ideológico de Carrillo– “viven en Buenavista en Barranquilla y viajan en camionetas 4×4”. Ahora en el 2024 esos damnificados tenían la esperanza de que con las obras de Cara ’e gato la situación cambiaría. Pero no ha sido así. Petro lleva dos años largos de gobierno y sigue sin cumplir su promesa. Es por los habitantes de la Mojana que la gobernadora García alza su voz para que la escuchen en Bogotá. Ello le generó la animadversión de Carrillo y sus seguidores en redes sociales.

No queda dudas de que desde los mullidos sillones de las oficinas de Bogotá las cosas se ven diferentes a como se observan desde los cultivos inundados de la Mojana.

Sin voluntad política y sin plata no puede haber obras

Desde hace 5 años se viene desarrollando con el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente un gran proyecto que incluye la recuperación medioambiental de la Mojana. Esta megaobra no empezó con Petro. El proyecto busca la recuperación de caños y ciénagas y su interconexión con el río Cauca y el San Jorge y sus afluentes. El valor de la obra es de $2.2 billones.

Esas obras de infraestructura serán la solución estructural a la “interminable crisis” de la Mojana. Pero para sacarla adelante se requiere tanto voluntad política, como plata. Y para decir las cosas como son: en este gobierno no hay ni lo uno, ni lo otro. Punto.

Cuando se trata de la región Caribe, Petro y sus funcionarios asumen una postura prejuiciosa y centralista, que condiciona la adjudicación y la ejecución de las obras al “visto bueno de Bogotá”. Hasta las que realizan las Juntas de Acción Comunal ( JAC) en pueblos y ciudades del país deben ser autorizadas desde Bogotá. Y la falta de recursos no es más que “pésima ejecución”.

Petro tiene plata guardada que no ejecuta. Solo habría que preguntarle al Ministerio de la Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, cuya ejecución presupuestal apenas supera la ridícula cifra del 1%.

Cobro de valorización atenta contra el desarrollo regional

El cobro de valorización a partir del próximo año es otro gran dolor de cabeza para los habitantes de la región Caribe, en especial para quienes habitan las zonas de influencia de la llamada Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad. El pago de esa contribución atenta –sin duda alguna– contra el desarrollo industrial y económico tanto de Barranquilla como de Cartagena.

Así lo entendió la Alcaldía de Barranquilla, que demandó ante el Consejo de Estado el cobro de dicha contribución. De igual manera procedió el senador liberal Mauricio Gómez Amín ante la Corte Constitucional. Dirigentes políticos del Atlántico, como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, consideran que el cobro de valorización no solo atenta contra el desarrollo regional, sino que podría afectar de manera grave la propiedad de dichos inmuebles, pues muchos propietarios verían rematar sus bienes ante la imposibilidad de pagar la contribución.

Es decir, desde Bogotá se diseña un “modelo piloto” de cobro de valorización que comenzaría desde la región Caribe y que se extendería al resto del país. ¿Y por qué este “piloto” no empieza en otras regiones y termina en la Región Caribe? Tampoco está claro que los dineros recaudados se inviertan en la Región Caribe y no en otras regiones, escogidas a dedo por Petro y sus amigos políticos.

¿Y por que más bien no cobran Valorización en otras regiones y con esa plata hacen obras en la Región Caribe, que bastante que las necesita?

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