@LEYDELMONTES
Aunque son varios los frentes en los que el gobierno de Gustavo Petro presenta balances deficitarios en sus primeros dos años de gobierno, la economía entre ellos, ninguno tiene indicadores tan lamentables y preocupantes como la llamada pomposa y ambiciosamente “paz total”. Dos años después, no hay paz, ni parcial, ni mucho menos total. Esa es la cruda y triste realidad.
Desde un comienzo se advirtió que la ambiciosa apuesta de Petro por alcanzar la pacificación total del país tenía graves deficiencias, tanto en su planificación, su estructuración y su ejecución.
De la planificación lo único que se supo -en plena campaña presidencial- fue de las visitas de Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, a distintas cárceles del país para hablar con narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros sobre la posibilidad de futuros acuerdos de paz en el gobierno de su hermano. Nada más se supo de tan delicado y espinoso asunto.
Luego lo que vino fue una feria de improvisación que aún no termina. De ahí los resultados desastrosos de la “paz total”. No hay un solo frente de paz de los que abrió Petro que hoy muestre indicadores medianamente alentadores. Ni uno solo.
El ex comisionado Danilo Rueda salió por la puerta de atrás dejando “todos los ranchos” ardiendo. El ELN terminó por fortalecerse mucho más, hasta el punto de ponerle “ultimátum” al gobierno para continuar los diálogos. Las llamadas disidencias de las Farc, con alias “Iván Mordisco” a la cabeza, tienen arrinconadas a las Fuerzas Militares y de Policía en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Hoy los bombardean hasta con drones, sin que las Fuerzas Armadas tengan como contrarrestarlos. Le pregunté a un general retirado del Ejército la razón por la cual combatimos con esa enorme desventaja estratégica y operativa. “Es que comprar equipos antidrones vale mucha plata”, fue su respuesta. Es decir, tienen más plata los bandidos para atacar a nuestros soldados y policías, que nosotros para comprar equipos que permitan defenderlos.
Mientras unos “disidentes” de las Farc bombardean con drones a soldados y policías, otros dialogan con el gobierno, al tiempo que cuentan con camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para trasladar guerrilleros y armas por todo el país. Un verdadero despelote.
La situación es tan dramática que el ministro de Defensa -¡el ministro de Defensa, por Dios!- reconoció a manera de balance en sus dos años de gestión que las Fuerzas Armadas han “perdido control territorial” y que hay zonas “controladas por los grupos criminales”. Al ministro Iván Velásquez habría que reprocharle su ineptitud, pero reconocerle su sinceridad.
Como si lo anterior fuera poco, Velasquez admitió que el incremento de hombres en los grupos armados ilegales es creciente. “Esa es una realidad, pero no tengo cifras en estos momentos”, confesó Velásquez en un ataque de franqueza.
Los resultados en lo que tiene que ver con la integridad y la seguridad de los colombianos -fin último de una paz integral- son aún más precarios. El secuestro aumentó en estos dos años en un 70 por ciento y la extorsión un 29 por ciento, cifras suministradas por el propio Velásquez. Es probable que el número de extorsionados sea mayor, por los muy altos porcentajes de subregistros.
¿En qué estado se encuentra la paz total del gobierno? ¿Tiene futuro? ¿Qué hacer en las negociaciones con los grupos armados ilegales?
ELN: empoderado, secuestrando, extorsionando y poniendo condiciones
El pasado 24 de mayo el gobierno y el ELN firmaron en Caracas el llamado primer punto de la agenda de negociación. La negociadora del gobierno Vera Grave destacó el hecho de que “por primera vez logramos acordar un punto con el ELN”. Pero luego de ese “logro” llegó la incertidumbre por cuenta de las exigencias del ELN para seguir adelante con los diálogos. Entre ellas se destaca la exigencia para que el gobierno saque a la organización guerrillera de la lista de Grupos Armados Organizados (GAO). Mientras el gobierno evalúa la exigencia, que permitiría al ELN buscar su retiro definitivo de la lista de “grupos terroristas”, ese grupo guerrillero sigue secuestrando, extorsionando y reclutando menores. En estos momentos el cese al fuego bilateral se levantó y el ELN se mantiene firme en su “ultimátum”, como bien no llamó el negociador del gobierno y presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. Conclusión: dos años después del gobierno de Petro -quien dijo de candidato que si llegaba a la Presidencia “en tres meses” acabaría con el ELN- la negociación con ese grupo subversivo navega por las tormentosas aguas de la incertidumbre y la confusión.
Grave pérdida del control territorial: ¿Qué dicen presidente y mindefensa?
Que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconozca que en estos dos años de gobierno de Petro “se han producido retrocesos en el control territorial” es una enorme demostración de ineptitud y cinismo. En otras condiciones y en otro gobierno, tanta franqueza le habría costado el puesto a Velásquez. Nuestras Fuerzas Militares y de Policía deben tener pleno y absoluto control de todo el territorio nacional. Por esa razón es que lo que debería ser una excelente noticia -por ejemplo, la recuperación y devolución de la hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, a los campesinos- terminó siendo un motivo más de preocupación. ¿Tiene el gobierno la capacidad de garantizar la seguridad y la vida de las 123 familias campesinas a las que se les entregó más de 900 hectáreas de la hacienda Las Pavas? ¿Cómo garantizar esa seguridad si el sur de Bolívar es hoy un territorio en disputa, entre el ELN, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales? ¿De qué les sirve la tierra a los campesinos si no pueden cultivarla en paz? ¿Cómo les garantiza el gobierno que no serán objeto de confinamiento o desplazamiento en el futuro inmediato, por cuenta de los ataques de los grupos armados ilegales?
Clan del Golfo y Pachencas: el gobierno solo puede ofrecer sometimiento
Desde que Petro asumió la Presidencia el Clan del Golfo no ha parado de crecer. Punto. En la actualidad tiene presencia en 392 municipios, cerca de 140 más de aquellos donde operaba en el 2022. Su poderío militar es mayor, así como el control territorial que ejerce en todo el país. La semana pasada -mediante resolución firmada por el propio Petro- el gobierno anunció el comienzo de una negociación con el llamado Clan del Golfo. Para tal fin reconoció como negociadores del grupo criminal, entre otros a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”. De igual manera, el gobierno anunció el comienzo de negociaciones con las llamadas “Autodefensas de la Sierra Nevada”, llamadas anteriormente “Los Pachenca”. Pese a la buena voluntad del gobierno, hay que decir que dichos anuncios no pasan de ser un saludo a la bandera. Primero, porque el gobierno -por ley- no puede ofrecerles más a los jefes de esas estructuras criminales que su “sometimiento”. Nada más. Ni curules, ni amnistías, como pretenden sus jefes. Segundo, para negociar con ellos se requiere de una “Ley de sometimiento”, que ni siquiera ha sido presentada al Congreso.
¿Qué hacer con la paz total? ¿Y si el ELN espera al otro gobierno?
¿Tiene sentido que Petro continúe con un proyecto tan ambicioso como la “paz total”, con tan magros resultados y cuando comienza la parte final de su mandato? Los procesos de paz requieren del absoluto compromiso y acompañamiento de la sociedad civil. Sin sociedad civil es muy difícil que haya paz, ni parcial, ni mucho menos total. La desconfianza de buena parte de la sociedad civil tanto en el ELN, como en Petro, hace que las expectativas de éxito de la negociación a estas alturas del partido sean muy precarias. Aún así, ¿debería Petro concentrarse solo en negociar con el ELN? Depende de si el ELN en verdad quiere la paz o no. Es muy probable que esa guerrilla, como ha hecho siempre, esté pensando no en negociar con Petro, sino hacerlo con el siguiente gobierno, dado el poco tiempo que le queda de mandato y los pocos logros alcanzados. Los tiempos del ELN son muy distintos a los de los gobiernos de turno. Sus afanes son otros. El gobierno debería también concentrarse en consolidar algunos acuerdos con “grupos ilegales urbanos”, como sucede con organizaciones Del Valle de Aburrá en Antioquia y con algunos grupos armados de Buenaventura. Ello para que, al final, no se quede con las manos vacías y -antes de ahogarse- pueda salvar el sombrero, por lo menos.