La Ley del Montes | Ungrd: empezó el shu, shu, shu…

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POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

La Fiscalía no encontró mejor término para definir el entramado de corrupción en la Ungrd -que tiene al gobierno de Gustavo Petro viviendo su peor momento- que llamarla una “organización criminal”. Así la calificó.

Se trata -sin duda- de un señalamiento que compromete en materia grave a un gobierno que llegó al poder con la bandera contra la corrupción. Es decir, lo que está quedando en evidencia por cuenta de las confesiones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, ex director y ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), es una sofisticada red de delincuentes que se asociaron para realizar múltiples fechorías con el propósito, al parecer, de favorecer el trámite en el Congreso de varias leyes de interés para el gobierno.

El papel de Carlos Ramón González -amigo personal de Petro desde sus tiempos de combatientes del M-19- habría sido el de ordenar a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, ex alta consejera presidencial para las regiones, que entregaran multimillonarios sobornos a congresistas para que favorecieran al gobierno en el trámite y aprobación de las leyes. López, Pinilla y Ortiz habrían procedido “conforme a las instrucciones que dio Carlos Ramón González Merchán, para la época director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)”, según la Fiscalía.

La grave acusación llevó a González a renunciar de forma “irrevocable” a su cargo y obligó a Petro tener que aceptarla, puesto que -según el mandatario- “su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país”.

Caído González -quien niega los señalamientos- los reflectores apuntan ahora a la cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también niega su participación en la “organización criminal”, como la llamó la fiscal Andrea Muñoz.

De acuerdo con la fiscalía, el ministro Bonilla “coordinó” -con el entonces director de la Ungrd, Olmedo López- el direccionamiento de varios contratos en los que tenían gran interés varios congresistas.

“Usted señor Sneyder -declaró la fiscal Muñoz, durante la imputación de cargos- coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castillo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla”.

En su defensa, Bonilla sostiene que “el ministro de Hacienda no patina proyectos, pero si tiene que preguntar a las entidades como los están ejecutando”, declaró a Noticias Caracol.

“Los congresistas no piden coimas -sostuvo Bonilla- como si pidieron Olmedo y Sneyder. Simplemente hacen su trabajo que es desarrollar la actividad legislativa y se hace de común acuerdo con el gobierno”.

¿Qué futuro pueden tener unas iniciativas y unos proyectos presentados y tramitados por un gobierno y unos congresistas señalados de gravísimos hechos de corrupción?

Carlos Ramón González: el escándalo de la Ungrd llega a la Casa de Nariño

La renuncia irrevocable de Carlos Ramón González a la DNI significa -ni más ni menos- que el escándalo de la Ungrd se le metió al rancho a Petro. Es decir, llegó al corazón de la Casa de Nariño, no solo porque cuando ocurrieron los hechos González era el director del Dapre, sino porque al momento de abandonar el cargo estaba al frente de la inteligencia del Estado colombiano.

Prescindir de González es un duro revés para Petro. González es la ficha del rompecabezas que enlaza a Olmedo López y Sneyder Pinilla con el Palacio Presidencial. Punto. Así de grave es el asunto. Con su proceder, tanto González como Petro, tienen claro la dimensión del asunto.

Al darle plena validez a los testimonios de López y Pinilla, después de verificar y cotejar información, la Fiscalía dejó sin piso la hipótesis de que se trata de un “par de loquitos, corruptos y resentidos”, como los han llamado algunos de los involucrados. González deberá ahora -desde el asfalto, como debe ser- demostrar su inocencia y desvirtuar los graves señalamientos de López y Pinilla.

Ministro Bonilla: ¿ayudó a congresistas con “interés indebido” en contratos?

El presidente Petro está haciendo con el ministro Bonilla, lo que no hizo con González: meter las manos al fuego por él. “Creo en la inocencia del ministro de Hacienda, porque sé que le ha tocado pasar a todos los ministros de Hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país”.

Petro se refiere al papel desempeñado por Bonilla ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que los congresistas de dicha comisión aprobaran al gobierno el aumento del cupo de endeudamiento. Para cumplir con ese propósito, Bonilla habría accedido a autorizar tres contratos por más de 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.

¿Qué pasaba con dichos contratos? Que pese a haber superado las tres fases -prefactibilidad, factibilidad y diseño- estaban estancados en la Ungrd. ¿Qué hizo Bonilla? Agilizarlos (patinarlos). Ocurre, sin embargo, que -para la Fiscalía- varios congresistas de dicha comisión “estaban interesados indebidamente en dichos contratos”.

Ello significa que aunque los congresistas “no piden coimas”, como dice Bonilla, sí podrían tener vínculos con posibles contratistas para tratar de sacar réditos económicos electorales de las obras adjudicadas o ejecutadas. Es decir, no tienen que “pedir mordidas” al ministro de turno para beneficiarse de las obras. El que muchos lo hagan no significa que sea legal. Por este comportamiento es que Bonilla y congresistas deben rendir cuentas ante la justicia.

¿A quién benefició la “organización criminal? ¿Quién sacó provecho de ella?

Una “organización criminal”, como llamó la Fiscalía el entramado de corrupción de la Ungrd, debería tener en su organigrama un jefe o gerente, quien sería el gran beneficiario de las actuaciones ilegales de sus integrantes.

Es apenas obvio que ni Olmedo López, ni Sneyder Pinilla, ni Sandra Ortiz, tienen perfil para ser jefes de dicha “organización criminal”. Son peones en ese ajedrez. Tanto Carlos Ramón González, como Ricardo Bonilla, aunque tienen mayor perfil y más cercanía con Petro, tampoco tendrían vuelo propio para tomar decisiones. Ambos son de absoluta confianza de Petro y por ello podrían ser considerados alfiles con poder y relativa autonomía. Igual sucede con el ex ministro Luis Fernando Velasco y el embajador Camilo Romero, también mencionados por Olmedo y Sneyder.

La pregunta que tienen que responder las autoridades es: ¿quién sacó provecho de la actuación ilegal de esa “organización criminal”? ¿A quién benefició? El pasado 20 de julio Petro pidió perdón por haber nombrado a Olmedo López, lo llamó “bandido”, al tiempo que le exigió que devolviera la plata que se robó. Sobre Iván Name -ex presidente del Senado, que habría recibido 3.000 millones de pesos- reiteró que siempre ha sido opositor del gobierno. Omitió -sin embargo- decir que las “ausencias” de Name durante las sesiones de discusión en plenarias de Senado -que fueron presididas por la gobiernista María José Pizarro– fueron determinantes para la aprobación de la reforma pensional.

El efecto shu, shu, shu del escándalo de la Ungrd

Al referirse a la suerte que tendrían las EPS durante su gobierno, el entonces candidato Petro dijo -con sorna y sarcasmo- que “solo dejo que pase lo que está pasando y entonces eso es shu, shu, shu. Eso es un dominó y ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente, EPS quebrada y los afiliados tienen que pasar a las que quedan y esa se cae”.

Pues bien, ese efecto dominó es el que podría pasar con su gobierno por cuenta del escándalo de la Ungrd. La salida de Carlos Ramón González es el más grande revés sufrido por Petro. Y su caída podría llevarse por delante a otros altos funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro Bonilla. Y en cuanto a los congresistas mencionados, resulta insólito que pretendan seguir legislando con semejante mácula sobre sus hombros.

Toda ley tramitada por ellos viene acompañada -por lo menos- de un “vicio ético y moral”, mientras la justicia define su suerte. Su desfachatez y cinismo parece no tener límites. Su situación debe ser definida con prontitud y urgencia para evitar que sigan degradando aún más el poco prestigio que le queda al Congreso.

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