La Ley del Montes l Petro se defiende con trinos

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POR: OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

En la medida que crece el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd), en el que estarían involucrados ministros del actual gobierno, así como exfuncionarios de absoluta confianza del presidente Petro y varios congresistas, el jefe del Estado radicaliza más su postura en la defensa no solo de su gobierno, sino en particular del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hombre de su absoluta confianza.

Petro considera que Bonilla es una persona honesta, que “no hace negocios para ricos” y que le tocó pagar la deuda de Iván Duque, con la que subsidió a los ricos, según Petro. Tanto en sus intervenciones en público, así como en sus trinos en su red X, el mandatario sostiene que es víctima de una campaña en su contra, orquestada por los “corruptos que denuncié”.

Pero –más allá de la defensa en tono virulento que asumió Petro de su ministro de Hacienda y de su gobierno– lo cierto es que las revelaciones de Olmedo López –tanto en la Fiscalía como las recientes en la Corte Suprema de Justicia– dejan muy mal parados tanto al ministro Bonilla como a sus asesores, al igual que a otros miembros del gabinete.

El argumento según el cual todo lo que ahora se denuncia sucedía igual en otros gobiernos no puede servir de excusa al Gobierno, entre otras razones porque Petro prometió que ese tipo de actos de corrupción no ocurrirían durante su mandato. El “cambio” ofrecido por Petro consistía –precisamente– en que funcionarios de su gobierno no se verían envueltos en escándalos de corrupción, que es lo que sucede con los multimillonarios recursos de la Ungrd, destinados –al parecer– para comprar congresistas.

En su vehemente defensa de su gobierno, Petro ha incurrido en imprecisiones y en afirmaciones carentes de veracidad. No es cierto –por ejemplo– que Petro “echó” a Olmedo López, una vez se desató el escándalo. Todo lo contrario: lo defendió en plaza pública, cuando fue sancionado por la Contraloría General y la Procuraduría abrió investigación en su contra. Cuando el escándalo escaló mucho más –por cuenta de las investigaciones periodísticas– Olmedo “renunció”. Es decir, salió de la Ungrd por su propia voluntad y no “echado”, como de manera equivocada sostiene Petro.

Ya es hora de que Petro asuma su responsabilidad en los graves hechos denunciados en la Ungrd. Su responsabilidad política es evidente, por cuanto fue él quien designó a su amigo y compañero de luchas en el M-19 Olmedo López como director de esa entidad. El propio Petro lo reconoció recientemente: “El jefe de Olmedo era yo”, afirmó Petro en una de sus intervenciones públicas.

En algunos de sus más recientes trinos, relacionados con el escándalo en la Ungrd, Petro falta a la verdad y hace afirmaciones imprecisas o inexactas. Veamos:

¿Llegó plata de la Ungrd a manos del ELN?

“Nos gritan corruptos los que yo denuncié de corruptos. Disque estamos financiando al ELN, dicen los que yo denuncié por financiar a los paramilitares…”. Esta afirmación de Petro en Buenaventura, luego de las revelaciones divulgadas por el periodista Ricardo Calderón en Noticias Caracol, es inexacta, porque quien revela que dineros de la Ungrd podrían haber ido a parar a manos del ELN no son sus opositores –a quienes en el pasado Petro señaló de tener vínculos con grupos paramilitares–, sino el propio Olmedo López, quien llegó a ser director de la Ungrd por designación directa de Petro.

Olmedo era hombre de su absoluta confianza. ¿Qué tanto supo Petro de las actividades de Olmedo? ¿Qué tanto contó Olmedo a Petro de sus acuerdos con los congresistas? ¿Quién de la Casa de Nariño sabía de sus andanzas? ¿Qué ministros se involucraron en la operación delictiva de “comprar” congresistas para que aprobaran las leyes del Gobierno? Las autoridades deberán establecer la realidad de lo sucedido con base en lo afirmado por Olmedo.

De otra parte, al ELN no hay que destinarle recursos directamente para financiarlo. En Arauca, por ejemplo, existe desde hace muchos años un sofisticado entramado de corrupción –que involucra a contratistas y políticos– que hace que buena parte de los recursos destinados para obras de infraestructura lleguen a manos de los jefes de ese grupo guerrillero.

¡No puede haber injerencia del presidente en la Rama Judicial!

“Ufffff. Pagar poquita cárcel y salir a disfrutar del botín…”. Esta afirmación de Petro es muy delicada, puesto que atenta contra la separación de poderes, valor supremo en todo sistema democrático. Petro se refiere a la propuesta del ex subdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla a la Fiscalía de devolver 292 millones de pesos y pagar 5 años de cárcel, para recibir los beneficios jurídicos derivados de colaboración con la justicia.

Quien decide qué beneficios otorga a quienes colaboran con la justicia es la Rama Judicial, no el presidente de la república. La obligación de todos los ciudadanos y eso incluye al jefe del Estado es acatar los fallos judiciales, producto de múltiples recursos legales, entre ellos la colaboración con la justicia. Petro ni es fiscal, ni es juez. Punto.

Sneyder Pinilla es protagonista principal de los actos de corrupción en la Ungrd y conoce de primera mano lo sucedido. Por consiguiente su colaboración es muy valiosa para desenredar el ovillo. La Fiscalía General debe brindarle absoluta protección, al igual que a Olmedo López. Dice Petro que Pinilla “después de pagar “poquita cárcel” saldrá a “disfrutar del botín”. Se trata –sin duda alguna– de una injerencia indebida en decisiones autónomas que deben tomar funcionarios judiciales.

¿Salió dinero de la Ungrd para comprar congresistas?

“Ricardo Bonilla es un hombre honesto y no hace negocios para los ricos. Buscó pagar la deuda de Duque con la que subsidió a los ricos. Bonilla salvo así a Colombia de una catástrofe”. Es apenas natural que Petro defienda a su ministro de Hacienda, definiéndolo como un hombre “honesto”.

Y es bastante probable que así sea. Pero quien debe indagar sobre la conducta del ministro de Hacienda es la Fiscalía General, entidad que –a través de su delegada ante la Corte Suprema de Justicia– decidió abrir investigación preliminar contra Bonilla y contra el exministro Luis Fernando Velasco y el actual jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y antiguo director del Dapre, Carlos Ramón González.

También abrió investigación contra la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz. Contra Bonilla hay graves señalamientos por parte de Olmedo López, quien sostuvo ante la Corte Suprema que Bonilla habría ordenado usar la Ungrd para comprar apoyos de congresistas de las comisiones económicas, entre ellas la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Hay, además, chats de la asesora del ministro Bonilla María Alejandra Benavides con Pinilla en los que hablan de los proyectos que serían beneficiados con los recursos de la Ungrd, algunos en Córdoba y La Guajira.

La honestidad del ministro Bonilla no la define Petro, sino la justicia

“El ministro de Hacienda no se ha robado un peso. Congresistas durante dos siglos han pedido proyectos para sus regiones y los han pedido a todos los ministros de Hacienda, pero como hay uno de izquierda ahora, entonces lo quieren crucificar”. De nuevo Petro incurre en una inexactitud. Para que un funcionario –en este caso un ministro– incurra en actos de corrupción no necesita “robarse un peso”.

De hecho, la inmensa mayoría de los exministros que terminaron presos en anteriores gobiernos tampoco se robaron un peso. De eso no se trata. De lo que se trata es que ninguno de ellos actuó con la probidad requerida para evitar posibles actos de corrupción. La omisión de un funcionario también se castiga. En Colombia –tiene razón Petro– los congresistas han gestionado por dos siglos partidas y recursos ante los distintos ministerios, en especial el de Hacienda.

La pregunta es: ¿qué pasó con esos recursos y a cambio de qué el ministro autorizó su entrega? Al ministro Bonilla no lo quieren “crucificar por ser de izquierda”, como de forma astuta plantea Petro. No. El ministro tendrá que explicar si lo afirmado por Olmedo López y Sneyder Pinilla se ajusta a la verdad o no. Si es honesto o no, eso lo determinará la justicia. No le corresponde a Petro decidirlo.

 

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