La Habana, 16 de Enero ¬_RAM_ Algunas de las iniciativas a las que se refieren las Farc tienen que ver con los temas agrarios o de tierras y con la participación política.
Hay quienes creen, sin embargo, que algunos proyectos sí deberían estar subordinados a la mesa de negociación para que no se creen contradicciones más adelante.
Tener una oficina en Bogotá o en el exterior para canalizar los planteamientos de la sociedad civil frente la construcción de la paz. Que el Gobierno detenga la ofensiva militar y se decrete una tregua bilateral. Realizar una constituyente como puerto final y refrendación de los acuerdos que se eventualmente se alcancen en La Habana.
Esas son algunas de las exigencias que han hecho las Farc por fuera del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, firmado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que han generado reacciones de todo tipo y que, según conoció El Espectador de fuentes cercanas al proceso, han causado roncha en las altas esferas del Ejecutivo.
Esta mañana se conoció una carta enviada por el grupo guerrillero al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en la que instan al Gobierno a “detener la marcha precipitada de sus proyectos de ley en el Congreso relacionados con la paz, hasta que el pueblo fije su posición apoyado en este proceso que es de todos”.
En efecto, algunas de las iniciativas a las que se refieren las Farc tienen que ver con los temas agrarios o de tierras y con la participación política, puntos que precisamente hacen parte de los que se negocia en Cuba. Allí caben, por ejemplo, proyectos como la ley de desarrollo rural, el estatuto de la oposición, la reforma al Código Electoral, la extranjerización de la tierra y el incentivo a los procesos de reforestación y a la industria maderera.
La guerrilla considera “inexplicable” que el Gobierno siga adelante con sus proyectos legislativos sobre tierra y política de desarrollo agrario, “sin escuchar los puntos de vista emanados de la mesa de paz de La Habana, y que marche sordo a las aspiraciones de las organizaciones sociales y políticas del país, frente a un tema considerado causa fundamental del conflicto”.
En la carta a Restrepo, señalan que “es doloroso escuchar que el Gobierno no tocará el sacrosanto latifundio por el profundo respeto que le profesa a la propiedad” o que “la extranjerización de la tierra y el despojo legal no tendrán reverso”.
Lo cierto es que esta solicitud, de inmediato, provocó reacciones de rechazo en el país por parte del mismo Gobierno y de los voceros del Legislativo. “La agenda sigue su curso y no entra al congelador. Su objetivo es equidad, paz, reforma social y fortalecimiento democrático”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Fernando Carrillo. Por su parte, también por esa misma vía, el senador Juan Carlos Vélez, del Partido de la U, dijo: “Señores de las Farc, yo sí voy a legislare en este período. No estoy de acuerdo con su propuesta de suspender la agenda legislativa”.
Consultado por El Espectador, el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, aseguró que no tiene presentación que la guerrilla pretenda que la búsqueda de soluciones a los problemas del país se detenga cuando ni siquiera ha mostrado verdadera voluntad de paz: “No vamos a parar nada porque tenemos una responsabilidad con los colombianos de bien”, enfatizó.
Sin embargo, hay también quienes creen que la idea de las Farc tiene su fundamento. Como León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, quien considera la propuesta “sensata y normal” sobre la base que hay un bien supremo que es la paz, y ese es un interés más grande que la misma legislación. “Algunos proyectos sí deberían estar subordinados a la mesa de negociación para que no se creen contradicciones más adelante”, opinó.
Lo que se sabe es que el Gobierno, desde el presidente Santos hacia abajo, se siente muy incómodo por las continuas exigencias de las Farc. De allí que el mismo jefe de Estado haya salido ayer a pedir mantener la confidencialidad en relación a lo que sucede en la mesa de diálogos hasta que no haya acuerdos definitivos que deban ser comunicados a la opinión pública.
“Ese diálogo tiene que ser un diálogo serio, un diálogo discreto (…) Todos los puntos que están en la agenda y que van a ser sujetos a las deliberaciones, a las discusiones, deben mantenerse en la confidencialidad del proceso”, enfatizó, advirtiendo que las partes no pueden pretender “negociar a través de los micrófonos, porque esa ha sido una de las causas para que los diálogos anteriores fracasen”.
Un claro mensaje a una guerrilla que sigue lanzando propuestas, algunas relacionadas con los puntos que se están tratando o se van a tratar en la mesa de negociación en Cuba, y otras que nada tienen que ver