Por Oscar Montes
A la hora de sentarse todos los días en su escritorio en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel debe mirar en la carpeta de ‘asuntos pendientes’ para este año que comienza cuatro que son vitales para el éxito o el fracaso de toda su gestión, puesto que se trata del tercer año de su mandato y por consiguiente es el de más ejecutorias y menos ofrecimientos.
Los años de las promesas quedaron atrás y se espera que en 2013 la lista de obras realizadas sea más larga que la de obras por realizar. En ese sentido, los retos que esperan al Gobierno se encuentran ubicados en cuatro grandes frentes: el conflicto armado interno, la crisis de la economía mundial y sus efectos en Colombia, el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que le quitó a Colombia una gran extensión de mar territorial en el Archipiélago de San Andrés y Providencia y la reforma a las altas cortes, cuyo comportamiento está siendo duramente cuestionado por la opinión pública, lo que se ha traducido en bajísimos niveles de aprobación y favorabilidad. Aunque también hay otros frentes importantes, como el que tiene que ver con las concesiones mineras y las llamadas revoluciones tecnológicas y de educación, así como la reforma a la salud, estos cuatro podrían considerarse las ‘papas calientes’ del Gobierno en 2013.
Proceso de paz con las Farc, no hay más plazos
Aunque los voceros de las Farc han dicho que no negocian bajo la premura del tiempo y que no tienen afán en las conversaciones de La Habana, lo cierto es que este año será definitivo para el futuro de los diálogos de ese grupo guerrillero con el Gobierno. A juzgar por las palabras de Enrique Santos Calderón, hermano del Presidente de la República y el cerebro detrás de la primera fase de las conversaciones, en el primer semestre del año deberá quedar definido el complejo asunto de la tierra, que es uno de los más delicados de toda la negociación. De hecho, ya las partes tienen en su poder las conclusiones del Foro Agrario que se llevó a cabo en Bogotá y que fue organizado por la Universidad Nacional y la ONU. De otro lado, el mismo presidente Santos ha dicho que la negociación no puede extenderse de manera indefinida, y que no tiene ningún interés en convertirse en “rehén de la negociación”. Ello significa, palabras más palabras menos, que las conversaciones tienen hora de inicio pero también hora de terminación. El Jefe del Estado también precisó, sobre ese tema, que la negociación no podrá extenderse más allá de noviembre.
Economía: el país va mal, y Bogotá, peor
Juan Manuel Santos cumple con el primer requisito que debe tener todo Jefe de Estado: ser optimista. El piloto del avión es el último que debe llenarse de pánico. Y si alguien ha dado muestras de un optimismo desbordante en materia económica es el presidente Santos, quien no pierde la compostura cuando se ocupa del tema, como ocurrió en diciembre pasado cuando afirmó en su mensaje de Año Nuevo que nunca antes la economía nacional había crecido al ritmo que lo hizo el año pasado. Se le abona la buena vibra que acompaña al Jefe del Estado, pero la verdad es que las cosas en materia económica no van tan bien como él y su equipo de colaboradores quisieran. El deterioro de los indicadores es inocultable, como ocurre, por ejemplo, con los que tienen que ver con el desempeño industrial, los cuales muestran una desaceleración evidente. La industria no crece y si este año no muestra signos de recuperación, ello significa que el país debe prepararse para afrontar una dura crisis, palabra que nadie en la Casa de Nariño quiere pronunciar. Por lo pronto, la explicación la tiene el pobre desempeño de Bogotá –que así como jalona la economía nacional, también le pone freno de mano– que metió al refrigerador casi todos los programas de agua y alcantarillado que el Gobierno Nacional tiene proyectados, tanto para la ciudad como para la Sabana de Bogotá. Es decir, si Bogotá no repunta, las cosas pueden empeorar.
San Andrés, defensa costosa y derecho al ‘pataleo’
El tema de San Andrés puede convertirse en la otra ‘papa caliente’ del Gobierno en este año que apenas comienza. Los hechos demostraron que el Gobierno se vio desbordado por los acontecimientos y que su argumentación en el sentido de que la culpa del resultado final no fue suya sino de los gobiernos que le precedieron no terminó de convencer a los colombianos. El fallo de La Haya no solo sorprendió al Gobierno, sino que desplomó al Presidente en las encuestas y llenó al país de pesimismo con respecto al futuro, según las encuestas que se realizaron a finales del año pasado. Una vez consumados los hechos, el Gobierno optó por uno de los caminos más culebreros: dar la batalla jurídica para tratar de salvar el sombrero del naufragio. Y para ello no ha dudado en invertir miles de millones de pesos en honorarios a reconocidos juristas internacionales, como lo denunció recientemente Daniel Samper Pizano en ‘El Tiempo’. El último recurso del Gobierno –o al menos el más reciente– fue contratar a una firma canadiense de abogados internacionalistas, quienes han dicho que no todo está perdido. Mientras tanto, los habitantes de San Andrés siguen a la espera de que algunos de esos miles de millones de pesos se inviertan en la Isla.
Justicia, el año de la reforma a las altas cortes
El gobierno de Juan Manuel Santos no puede dejar pasar la oportunidad histórica de realizar la gran reforma a las altas cortes. El hecho de que la reforma estructural a la administración de Justicia haya fracasado de manera estruendosa, entre otras cosas por el mal manejo que el Gobierno le dio al asunto y al hecho de haber dejado en manos del Congreso la suerte de buena parte de su articulado, no significa que el país no esté necesitando con urgencia una reforma que permita la aplicación de una pronta y eficaz justicia. Ya que la transformación estructural de la Justicia ha sido postergada quién sabe hasta cuándo, sería muy bueno que el Gobierno y las altas cortes aborden con sentido patriótico el que se ha convertido en el gran lunar de los altos tribunales y la principal causa de su desprestigio: las facultades electorales de las que hoy gozan y que ha terminado convirtiéndolas en una puerta giratoria que les ha permitido a algunos magistrados pasar de una corte a otra, sin permitirles el acceso a otros juristas del país que tienen igual aspiración. Por cuenta de su facultad electoral, las altas cortes ha terminado conformando un enorme ‘roscograma’ al que se accede, no por méritos sino por palancas. Es hora de que el Gobierno y las altas cortes aborden por lo menos ese tema y busquen acuerdos que permitan el trámite de iniciativas que pongan fin a ese adefesio, para no hablar del llamado ‘carrusel de pensiones de magistrados’.