En medio de la discusión de la reforma a la salud, se conoció una carta firmada por exministros y ex viceministros de salud sobre los riesgos del proyecto de ley para los colombianos.
Entre los firmantes están los exministros Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz y Alejandro Gaviria.
«La salud de cada colombiano trasciende cualquier interés político o promesa de un gobierno. Hemos intentado, con claridad y rigor técnico, comunicar nuestras preocupaciones ante el proyecto de reforma 339 de 2023 y ante el deterioro acelerado que presenta nuestro sistema de salud en el último año. Nuestras voces han sido ignoradas«, inicia el texto.
Entre los peros que ven, señalaron que la reforma incumple mínimos constitucionales; dificulta el acceso a los servicios y no atiende la calidad; elimina la libre elección; desaparece el aseguramiento; se arriesga la gestión financiera, entre otros.
En concreto, se indicó que enfoque debe estar en la humanización de los servicios y en los pacientes. Se hacen, entonces, preguntas como ¿podrá el Centro de Atención Primaria en Salud (CAP), que propone el Gobierno Nacional, gestionar y asegurar la continuidad de esos tratamientos vitales? ¿Cómo responderá el Estado cuando la Adres se vea sobrepasada por la gestión de millones de facturas anuales, y los retrasos en los pagos amenacen la sostenibilidad de nuestros hospitales? ¿Y qué pasará con el medio millón de colombianos que enfrenta algún tipo de cáncer u otra enfermedad grave y que lucha día a día junto a médicos y enfermeras para salvar sus vidas?
«Los pacientes y usuarios no han sido el centro de atención de esta reforma, tampoco han sido tenidos en cuenta en sus necesidades ni en sus propuestas y preocupaciones«, se lee en el documento.
Una de las críticas que hacen los exfuncionarios es que la mayoría de representantes a la Cámara han aprobado artículos en bloque, «sin mayor análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender a las voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes y las contradicciones de los textos contenidos en el mencionado proyecto de ley».
Las preocupaciones
Los firmantes detallaron nueve preocupaciones por los vicios de forma y de fondo y por el contenido del proyecto de reforma a la salud.
Las 9 preocupaciones expresadas en la carta son las siguientes:
- Incumplimiento de mínimos constitucionales: falta de un plan con objetivos, metas y recursos claros, sin definir avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud ni la transición adecuada para proteger a los pacientes.
- Dificultad en el acceso a servicios y falta de atención a la calidad: la reforma llevaría a una dispersión de funciones estatales, dificultando a los usuarios entender las nuevas responsabilidades y funciones de las instancias.
- Eliminación de la libre elección: la posibilidad de elegir dónde ser atendidos desaparecería para los usuarios y pacientes.
- Desaparición del aseguramiento: las funciones esenciales de las EPS quedarían dispersas, llevando a una desarticulación del sistema y reflejando poca claridad en las responsabilidades y funciones.
- Sin UPC, mayor ineficiencia y menor protección financiera: la asignación directa de recursos a los CAPS sin garantías de acceso equitativo.
- Riesgo en la gestión financiera: la Adres no tendría las capacidades para las tareas asignadas, generando dificultades en el flujo financiero.
- Mayor riesgo de corrupción: la concentración de decisiones en un solo actor aumentaría los riesgos de corrupción, error e inoperancia.
- Riesgo para los trabajadores de la salud: falta de financiamiento para el costo adicional de la formalización laboral.
- Carencia de aval fiscal para sostenibilidad: desconocimiento del financiamiento y falta de análisis en el marco fiscal de mediano plazo.
Los exfuncionarios hacen un llamado al Congreso de la República para un debate profundo y responsable, demandando un cambio que no destruya y una reforma que garantice la progresividad del derecho a la salud. La carta concluye resaltando la responsabilidad del Gobierno nacional, el Ministerio de Salud y el Congreso de la República en no poner en riesgo la vida y la salud de los colombianos.