BOGOTA, 09 de Enero _RAM_ Ante la juez cuarta especializada de Bogotá, el fiscal 14 de Derechos Humanos solicitó que se emita fallo condenatorio en contra de un coronel, un teniente coronel, un sargento viceprimero y cuatro soldados por su participación en un caso de falsos positivos registrado en el año 2008 en el Batallón La Popa de Valledupar.
En su argumentación, el fiscal del caso indicó que todas las pruebas técnicas y testimoniales recogidas en este proceso que ya lleva casi tres años permitieron evidenciar que los militares actuaron de manera irregular puesto que mataron a dos personas acusadas de ser guerrilleros que habrían intentado ingresar a las instalaciones militares para robar armamento.
Después de analizar los informes periciales, la Fiscalía manifestó que los hombres fueron acribillados dentro del Batallón militar pese a que se encontraban en estado de indefensión puesto que estaban desarmados y no representaban frente a ninguna amenaza frente al grupo de militares.
Al revisar las heridas mortales que presentaban los dos cadáveres se pudo evidenciar además que los disparos fueron cercanos y desde ángulos diferentes a los que argumentaban los uniformados que participaron en la llamada Operación Coraza en contra de los dos presuntos asaltantes quienes murieron en la acción.
Igualmente señaló que después de analizar los testimonios de los testigos se pudo evidenciar que los militares ya conocían del plan que tenían estos dos hombres para ingresar al Batallón, por lo que los esperaron y les dispararon en contra de su humanidad, cuando lo más normal era capturarlos, retenerlos y llevarlos ante las autoridades competentes para que respondieran por estos hechos.
“No fue una operación limpia ni para destacar”, precisó el fiscal, al indicar que esta acción se trató de una emboscada y no de un enfrentamiento como se quiso hacer parecer puesto que era evidente el conocimiento que tenían los siete militares del ingreso de dichos hombres al Batallón.
“Fue un accionar homicida”, aclaró el representante de la Fiscalía en los alegatos de conclusión, señalando que esta no puede catalogarse como una actividad natural del Ejército puesto que se decidió acribillar a dos personas antes de tomar las acciones correspondientes para proteger su vida e integridad.
Los siete uniformados son procesados por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso por concierto para delinquir.