Reforma a fuero militar en Colombia viola derechos humanos

Bogotá, 14 dic (PL) El representante a la Cámara, Iván Cepeda, calificó hoy la reforma al fuero militar aprobada en el Congreso colombiano como el «golpe más grave contra los derechos humanos y las víctimas registrado en toda la historia del país y de ese ente gubernamental».

En exclusiva a Prensa Latina por vía telefónica en medio de la sesión que se llevaba a cabo en esa instancia, Cepeda la caracterizó como una legislación para la guerra, que contradice las declaraciones del Gobierno respecto al proceso de paz.

Cómo puede hablarse de paz en momentos en que se está gestando una ley para la guerra, se preguntó.

Cómo se puede conferir a tribunales militares la facultad de juzgar a autores de crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por oficiales de la fuerza pública contra civiles -presentados como guerrilleros caídos en combate-, los llamados falsos positivos, agregó.

El legislador por el Polo Democrático anunció su intención de demandar la reforma -junto a organizaciones en pro de los derechos humanos- «por vicios de procedimiento y de fondo», a fin de que sea declarada «anticonstitucional e inconstitucional», durante su etapa de revisión constitucional.

Se trata de un proyecto que a va a contravía de lo instituido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, manifestó. Va en contra de las víctimas, en lugar de legislar a favor de ellas, denunció.

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) advirtió a Colombia que la reforma al fuero militar -que otorga a tribunales castrenses la potestad de juzgar algunos delitos de lesa humanidad cometidos por uniformados-, puede llevar al país a la Corte Penal Internacional (CPI).

En un comunicado, esa organización subrayó que el proyecto, refrendado por el Senado, podría interpretarse como una «ausencia de voluntad» del Gobierno de juzgar y sancionar a los más altos responsables militares de crímenes de civiles, lo cual propiciaría una investigación del Tribunal de la Haya, «en virtud del principio de complementariedad».

La CPI tiene sometida a Colombia a un examen preliminar desde 2006 por denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil, y ese principio constituye, según lo estipulado, una segunda etapa de ese examen, que entraría en marcha en caso de que el país demuestre «falta de voluntad» para investigar crímenes cometidos por militares.

Para la FIDH, la reforma del fuero militar colombiano abre la vía a la «consagración de la impunidad» al priorizar abiertamente la seguridad jurídica de los uniformados responsables de graves crímenes, sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En varias visitas de comisiones de inspección de la CPI Colombia, ante reiteradas denuncias de familiares de víctimas de esos delictos, la CPI ha denunciado los obstáculos interpuestos por el gobierno para llevar a cabo su labor.

En las escasas ocasiones en que se lo ha permitido, a medias -según declararon en su momento-, se encontraron con testigos sometidos a presiones u ocultados para impedir que fueran entrevistados; expedientes extraviados o sepultados en almacenes junto a documentos rutinarios, de diversa índole.

La nueva justicia castrense, según el proyecto, se hará cargo de las infracciones cometidas en actos de servicio por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, aunque algunos delitos de lesa humanidad, como las desapariciones y desplazamientos forzados, quedarán en manos de la justicia ordinaria.

Estos último, al excluir a los falsos positivos, se considera como mero detalle de procedimiento para enmascarar que el proyecto garantiza, en su esencia, la impunidad de los militares, opinan analistas.

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