Ayer comenzó en el Congreso la discusión y votación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en el que se incluyen 358 artículos y que contaría con un presupuesto de $1.154 billones hasta 2026. Sin embargo, justo en un año electoral, en el que está en juego el poder local, el articulado ha generado controversia no solo por las nuevas facultades extraordinarias que tendría el presidente, sino por las duras advertencias que lanzó la Contraloría General de la Nación sobre los objetivos macroeconómicos y fiscales del plan.
De entrada, el ente de control expuso que a diferencia de planes de desarrollo anteriores, este no está formulado por sectores sino por temas transversales orientados a hacer la transición hacia la paz total, lo cual complejiza su análisis y seguimiento.
Asimismo, destacó que el PND prevé una senda de crecimiento moderada (por debajo del 4% hasta 2026) donde sobresalen los sectores agrícolas, manufacturero y de servicios, restándole importancia al sector minero, dentro de la estrategia de transformación productiva, mientras la inversión está centrada en los sectores de vivienda e infraestructura.
No obstante, la advertencia es que hay retos como el proceso bajo el cual se hará la transición energética y la estrategia de transformación productiva, lo cual implica cambios estructurales en la economía para dejar de depender de la industria petrolera como principal generador de divisas.
El ente señaló que los procesos de transformación productiva y sus impactos en el mercado laboral no se cristalizan en periodos cortos, como los cuatro años del PND, sino que implican políticas sostenidas de industrialización y apoyo a otros sectores estratégicos, las cuales requieren una o más décadas.
Otra de las alertas tiene que ver con que la estrategia de transformación productiva y la reindustrialización requieren de un apoyo vigoroso de la inversión pública en investigación y desarrollo (I+D). “La meta es elevar la inversión en I+D del 0,24% del PIB en 2020 al 0,5% del PIB en 2026. Si bien es un crecimiento importante, luce insuficiente para apoyar un proceso de transformación y reindustrialización”, apuntó el órgano, que también cuestionó que en términos de reducción de la pobreza y en equidad las metas del PND son moderadas.
Por otra parte, aunque en las bases del plan se señala que se cumplirá con las exigencias de la regla fiscal en cuanto a deuda y déficit primario, a la Contraloría le preocupa cómo las políticas fiscales y monetarias de otros países, y la volatilidad de los flujos de capitales internacionales podrían afectar las finanzas públicas.
“En explícito, el documento no propone alternativa o política a desarrollar en este sentido para los próximos años. La Contraloría advierte de un riesgo de aumento de la deuda neta del sector público que estaría relacionado con la tasa de interés real”, dijo el órgano.
Poderes extraordinarios
Entre los puntos polémicos del plan están las facultades extraordinarias que podrá ejercer por seis meses el presidente Petro, las cuales, aunque inicialmente eran 14 y tras las modificaciones quedaron nueve, siguen levantando ampolla.
Es importante aclarar que estos “superpoderes” no son una petición única de Petro, pues todos sus predecesores lo han hecho: para el mandato de Iván Duque (2018-2022) fueron seis y, en el gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018) fueron ocho. No obstante, lo que ha generado críticas es la cantidad de peticiones en tan poco tiempo.
En este sentido, la primera facultad hace referencia al sistema de transferencias. Los poderes en este caso serían para expedir normas con fuerzas de ley que entren a modificar Familias y Jóvenes en Acción para incluirlos en el sistema de transferencias.
El segundo artículo le confiere facultades a Petro para adquirir “a título o gratuito” el Hospital San Juan de Dios y “ponerlo en funcionamiento, como institución prestadora de servicios de salud”. Cabe destacar que el presidente intentó esto cuando fue alcalde de Bogotá, pero no lo logró por decisión de su sucesor, Enrique Peñalosa.
Otro de los poderes le permitiría al mandatario expedir un decreto con fuerza de ley que cree una entidad alterna al Invías y dependiente al MinTransporte que se haga cargo de la infraestructura de las vías terciarias del país.
También se le confieren facultades al presidente para homogenizar las disposiciones que “regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros”, con la intención de que puedan ser competitivas al sector privado.
Por otra parte, se le otorgarán poderes especiales para crear un grupo empresarial del sector eléctrico, el cual sería integrado, únicamente, por empresas en las cuales la Nación tiene participación mayoritaria.
Los siguientes artículos siguen la senda de conceder al presidente poderes para crear nuevas entidades como el Servicio Nacional Forestal; la Agencia Nacional de Seguridad Digital, la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y la reorganización de los fondos vinculados al presupuesto general.
Sobre los cuestionamientos que estas facultades ha levantado, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, expresó que ninguna de estas implica burocracia. “Yo creo que todas las facultades van a ser aprobadas, quizá una o dos son objeto de discusión. En realidad son para reestructurar entidades, son bastantes razonables y limitadas en su alcance”, afirmó.
Los reparos
Uno de los críticos del PND fue el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez. El congresista expresó que las facultades son necesario solo para asuntos extraordinarios y urgentes.
“A pesar de que los ponentes las hemos disminuido, hay una serie de facultades que aún deben ser revisadas. Por ejemplo, el poder para crear un holding eléctrico; para crear un sistema para la seguridad digital, o para reorganizar los fondos y hacer un sistema de transferencias. Muchas de esas facultades podrían venir como proyectos de Ley”, afirmó Pérez.
Por otro lado, también pidió al Gobierno ser claro con la política de hidrocarburos. “En el PND es muy importante la inversión privada, pero la pregunta es, de esos $1.154 billones, ¿cuánto viene de los hidrocarburos? ¿Cuánto viene del Presupuesto Nacional por la exploración, explotación y exportaciones de estos? Porque si esa renta que es sustantiva y vertebral la ponemos en riesgo. Esta es una política que deben precisar rápido, porque es un mensaje a los mercados”, indicó.
En cuanto a la creación o modificación de nuevas instancias, como consejos y sistemas, el centro de pensamiento Fedesarrollo advirtió que esto podría llevar a una menor eficacia en la ejecución de los programas y proyectos del plan.
“La creación de las estancias representa un incremento significativo en comparación con planes de desarrollo anteriores: cinco en el período 2018-2022; 12 en 2014-2018 y siete en 2010-2014. Esta gran cantidad de nuevas instancias de decisión se suman a las ya existentes, lo que podría derivar en una menor eficacia en la ejecución de los programas y proyectos asociados al plan de desarrollo”, dijo la entidad.
Así, con las cartas puestas sobre la mesa, el Congreso tendrá como fecha máxima el 7 de mayo para analizar, estudiar, debatir y aprobar dicho plan.
Fuente: INFOBAE