Las propuestas de la reforma laboral dejan un sabor agridulce, pues si bien hay unas que son favorables para mejorar y proteger los derechos de trabajadores, otras prenden alertas por los efectos negativos que pueden tener sobre la generación de empleo, la competitividad y la sostenibilidad empresarial, en especial de las mipymes.
Carlos Mario Sandoval, socio líder de People Advisory Services, EY Colombia y México, señala que la reforma busca la limitación en la prestación de servicios a únicamente servicios especializados, es decir, que no tengan relación con la actividad principal del contratante.
Esto implica la eliminación de oportunidades para las pymes y personas naturales que actualmente prestan servicios en diversos sectores de la economía.
Además, el contratista especializado, a quien se le permita prestar servicios, deberá pagar los mismos salarios y beneficios que tiene el usuario del servicio para sus propios empleados, lo que incrementa el costo en aspectos como aseo, vigilancia, tecnología, mantenimiento, entre otros.
La reforma mantiene la contratación a través de empresas de servicios temporales, pero las obliga a tener el mismo esquema de costos extralegales de los usuarios del servicio temporal.
“Esto afecta de manera estructural a las empresas de servicios temporales que hoy le dan empleo formal a más de 400 mil personas”, señala el experto.
La contratación
Con la reforma, los empleadores tendrán que estipular no solamente el plazo o la obra del contrato, sino la actividad específica que va a realizar el empleado.
A la finalización del contrato a término fijo o por obra o labor, el empleador deberá demostrar que la necesidad de contratación desapareció.
Situaciones como la reducción en las ventas de las empresas, de su mercado, sus operaciones o tecnificación no serán razones para terminar los contratos de trabajo pagando una indemnización.
Las mujeres embazadas, personas con cualquier tipo de discapacidad, padres o madres cabeza de familia, o personas a
las que les falte menos de tres años para pensionarse solo podrán ser despedidas con autorización de un juez laboral que compruebe justa causa de terminación.
Cuando las empresas tecnifiquen procesos no podrán despedir a los trabajadores que los ejecutaban, tendrán la obligación de reconvertirlos y asignarlos a un nuevo cargo, aunque no lo requieran.
Se contempla la negociación de industria o por rama, por lo que los sindicatos podrán presentar pliegos de peticiones a agremiaciones en busca de acuerdos marco que beneficien a todos los trabajadores del sector.
Se habilita la capacidad de huelga en el ámbito laboral frente a cualquier inconformidad del sindicato.
Se eliminan los pactos colectivos a pesar de ser una forma de asociación y de negociación de quienes no desean afiliarse a un sindicato.
Para Juan Manuel Guerrero, socio director de la firma legal Guerrero y Asociados, esta es una reforma “astutamente antitécnica” que pone en riesgo a 2 millones y medio de empleos formales en el país al apostarle a la estatización del sector privado.
Afirmó que el proyecto “atenta contra la estabilidad laboral al proponer la intervención de los sindicatos a la hora de adelantar un despido por faltas graves, persiguiendo el reintegro del trabajador previo permiso del Ministerio de Trabajo”.
Aseguró que al ampliar el horario de la jornada nocturna, encarecer los recargos de fin de semana y de las horas extras se dejaría a las empresas en una situación muy compleja que sin duda les restaría su capacidad de contratación.
Jorge Castelblanco, CEO de la firma Crowe Colombia, aseguró que “es el momento para que todos los actores relacionados con el ámbito laboral del país nos pronunciemos y hagamos un frente común con propuestas concretas para que esta reforma, politizada e ideologizada, tenga una discusión seria en el Congreso y se pueda mediar porque como está con seguridad va a llevar a muchas empresas a su declive”.
A su vez, Carlos Mario Sandoval dijo que “el articulado de reforma laboral tiene la intención de adelantar reformas estructurales en materia del derecho laboral. Es importante analizar el impacto de estas propuestas para las empresas, microempresarios, informales y desempleados”.
La Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) indicó que la reforma no tiene en cuenta algunas necesidades y requerimientos de empleados informales y desempleados, y hace mucho más complicado incentivar la formalización de las empresas, así como también desconoce que la realidad de una mipyme no es igual a la de una empresa grande, por lo que se requieren de regulaciones diferentes según los tamaños de las compañías.
El gremio dijo que es importante reconocer la diversidad de regiones que tiene el país, cada una con sus necesidades y estructura productiva particular, por lo tanto la regulación excesiva impide la formalidad laboral, frenando el desarrollo del país fuera de las principales ciudades.
FUENTE. EL HERALDO