La Ley del Montes | ¡Quieto en primera…!

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POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

El fiscal general Francisco Barbosa decidió tomar el toro por los cachos en lo que tiene que ver con la decisión del presidente Gustavo Petro de sacar adelante la llamada “paz total”, que incluye la desmovilización no solo de grupos guerrilleros, sino también de las organizaciones criminales carentes de motivaciones políticas, como el Clan del Golfo, Los Pachenca y otros grupos dedicados al narcotráfico.

El afán de Petro de sacar adelante la paz total a cualquier precio ya le había costado una crisis con el Eln, que se niega a ser metido en el mismo saco con los narcotraficantes. Ese delicado asunto está pendiente y deberá resolverse antes de que las partes inicien la segunda fase de conversaciones en México.

Pero la medición de fuerzas con el fiscal Barbosa tiene no solo el componente institucional, sino que trae consigo la gravedad de enfrentar al presidente de la república, con quien está al frente de la ejecución de la política criminal en el país.

Si el Gobierno quiere hacer la “paz total” debería empezar por quienes –desde el Estado y no desde la clandestinidad– le podrían ayudar a construirla. Es el fiscal Barbosa, por ejemplo, quien debe dar cumplimiento a las órdenes de captura de los delincuentes y es también una persona fundamental a la hora de redactar la ley de sometimiento que permitiría a los narcotraficantes someterse a la Justicia.

Contrario a lo que piensan Petro y sus subalternos, la suerte de los delincuentes no está en manos del presidente de la república, sino del fiscal general. Prueba de ello es el pulso que sostienen presidente y fiscal por cuenta de la decisión que tomó Petro de levantar las órdenes de captura de los cabecillas de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ASNC). La decisión de Petro fue dada a conocer al fiscal general por el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda. El fiscal no solo se negó a cumplir con la voluntad del presidente, sino que mostró públicamente su malestar con la situación: “El fiscal general no es subalterno del presidente”. Agregó, además, que su despacho respalda la paz total, pero que las decisiones que se tomen para alcanzarla “deben tener límites”.

El fiscal Barbosa fue más allá de las palabras. La decisión de no levantar las órdenes de captura a los grupos narcotraficantes estuvo acompañada de la cancelación de una mesa de trabajo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en la que se pretendía analizar las denuncias del director de esta entidad, Daniel Rojas, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de algunos de los bienes decomisados a la mafia, que son objeto de extinción de dominio.

Como era de esperarse, Petro respondió de inmediato y lo hizo por la vía que se ha convertido en su herramienta más importante de trabajo y de gobierno: su cuenta de Twitter. En ella escribió: “No sé qué le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia”.

Cuando la confrontación de Petro con Barbosa pasaba de castaño a oscuro, al fiscal le llegó un respaldo institucional muy poderoso: la procuradora general Margarita Cabello, quien en una declaración pública afirmó: “La paz no puede estar por encima de la Constitución”. Reiteró, además, que en una democracia sometida al imperio de la Constitución y de la Ley debe existir la separación de poderes.

Al igual que sucedió con Barbosa, en el caso de la Procuradora, Petro tampoco se quedó callado. “Hay un enorme error –escribió Petro en Twitter– en decir que la paz no está por encima de la Constitución, en realidad las constituciones se hacen para que las sociedades convivan en paz”.

Este delicado choque de trenes podría desactivarse este 30 de enero en el encuentro que se llevará a cabo entre el presidente y el fiscal general, según lo anunció el propio Petro en un tuit desde Davos, Suiza: “He conversado con el fiscal, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”.

¿Qué hay detrás del choque de trenes que tiene en vilo la suerte de la paz total del Gobierno? ¿Quién tiene la razón: Petro o Barbosa?

Presidente Petro, por enésima vez: ¡los narcotraficantes no son delincuentes políticos!

Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño y comenzó a darle forma a lo que llamó “la paz total”, distintas instituciones del Estado, entre ellas la Fiscalía General y la Procuraduría General, le hicieron saber que dicha aspiración gubernamental debería hacerse siempre bajo el marco de la Constitución y de la Ley. Ello significa, entre otras cosas, no darle estatus político a los grupos narcotraficantes. Es decir, con los capos del narcotráfico, no se puede llevar a cabo ningún tipo de negociación política, puesto que no se trata de delincuentes políticos. Son delincuentes comunes. Punto. La única salida que tienen los narcotraficantes es su sometimiento a la Justicia.

Por tratarse de delincuentes comunes –no políticos, como los guerrilleros– no pueden ser objeto de ningún tipo de beneficios reservados para quienes sí tienen esa condición. Pero, por lo visto, a Petro le ha costado entender el mensaje. Prueba de ello es la solicitud al fiscal general de levantar las órdenes de captura contra jefes narcotraficantes, algunos de ellos pedidos en extradición por Estados Unidos, como es el caso de alias Chiquito Malo, sucesor de alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, quien fue capturado y extraditado durante el gobierno de Iván Duque.

Por esta razón, la petición de Petro le cayó a Barbosa como una patada en el hígado. Al parecer, Petro desconocía la lista completa de los narcotraficantes a quienes pretendía que les fueran levantadas las órdenes de captura, algo que –de ser cierto– no solo causaría enorme sorpresa, sino una gran preocupación. Insistir en darles tratamiento político a los “mafiosos”, así sea con la noble intención de alcanzar la paz total, no solo constituye un despropósito sin par, sino que afectaría en materia grave las relaciones armónicas entre los distintos poderes del Estado. Además causaría un grave deterioro en las relaciones con Estados Unidos, principal aliado en la lucha contra las organizaciones narcotraficantes.

Sin el fiscal general no puede haber paz total

La paz total debe pasar –necesariamente– por el despacho del fiscal general. Punto. Quiéralo o no, el presidente Petro debe trabajar de la mano con el fiscal Barbosa si pretende que su principal apuesta llegue a feliz término. No es un asunto discrecional, ni mucho menos de gustos o preferencias políticas. Mientras Barbosa sea el fiscal general –y lo será hasta febrero del 2024– Petro tiene que contar con su colaboración. En algunos asuntos estará de acuerdo, en otros no. Por fortuna, Barbosa no es un “fiscal del bolsillo” de Petro.

Las diferencias entre presidente y fiscal, cuando se trata de lograr la paz, no son nuevas y casi siempre resultan traumáticas. Ocurrió, por ejemplo, con Andrés Pastrana y Alfonso Gómez Méndez en tiempo de los diálogos del Caguán con las Farc. Gómez Méndez, al igual que Barbosa, dejó en claro a Pastrana que ningún acuerdo con la guerrilla podría alcanzarse por encima de la Constitución y la Ley. Otros fiscales han sido más incondicionales de los presidentes de turno, como ocurrió con Luis Eduardo Montealegre en tiempos de Juan Manuel Santos.

Desde la Fiscalía, Montealegre se convirtió en el principal escudero de la paz de Santos. No hubo de parte suya una sola objeción a todo lo pactado en La Habana. Todo lo contrario: su respaldo fue total y absoluto. Ese no es el caso de Barbosa con Petro. En esta oportunidad –amparado en la Constitución y la Ley– cumple la función de contrapeso del presidente. Y tiene mucha razón cuando afirma tajantemente –por si alguien lo duda– que no es subalterno de Petro.

Estados Unidos, al pie del cañón

Mientras Petro y Barbosa se muestran los dientes, en la otra acera Estados Unidos toma atenta nota del desarrollo de los acontecimientos. Nada de lo que sucede le resulta ajeno, puesto que el narcotráfico y la suerte de los narcotraficantes ocupan los primeros lugares de su agenda, sin importar si se trata de un gobierno demócrata, como el de Joe Biden, o republicano, como el de Donald Trump. En ambos casos, el “Tío Sam” no dejará de comportarse como el “primer policía del mundo”. Y en esta oportunidad, Estados Unidos ha hecho saber a través del Departamento de Justicia que sigue con mucho interés lo que sucede en Colombia. Pero también el propio gobierno de Biden dejó en claro su posición sobre ese tema.

Así se lo hizo saber el asesor de la Casa Blanca Juan González, al ministro del Interior, Alfonso Prada, en Washington. Luego de esa reunión, Prada reconoció que “el Gobierno colombiano no está en la tónica de pedir el levantamiento de las órdenes de captura contra personas que hayan sido requeridas en extradición por Estados Unidos”. El presidente Petro ha dicho en varias oportunidades que la política antidrogas –aplicada hasta el momento bajo la batuta de Estados Unidos– ha fracasado. No hay foro internacional donde no repita esa consigna. Pero mientras no haya una política antidrogas distinta, el Gobierno de Colombia tendrá que ceñirse a los lineamientos fijados por quien está al frente de su aplicación. Y una de las herramientas que más valora Estados Unidos es el tratado de extradición, como se lo ha hecho saber a Petro en múltiples oportunidades. Prueba de ello es la reciente extradición de Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, integrante del Pacto Histórico y aliada política de Petro.

Petro y Barbosa, obligados a “deponer las armas”

La reunión de Petro y Barbosa el próximo 30 de enero es la mejor salida a la crisis que ha presentado. Debe ser una reunión franca y sincera en la que ambas partes tienen que definir sus competencias y dejar de lado sus grandes diferencias políticas y personales. Petro no puede pretender abrazar a los mayores delincuentes del país, mientras la emprende contra quien está al frente de la política criminal del Estado.

Es necesario tender puentes de entendimiento ante la desconfianza mutua, como quedó en evidencia durante la pasada campaña presidencial en la que ambos dejaron ver sus recíprocas malquerencias. Por obvias razones, Petro y Barbosa no pueden mostrarse ahora como los mejores “nuevos amigos”, pero si se hace necesario que trabajen de forma armónica y respetuosa. Como ocurre con algunas suegras y sus nueras que no se pueden ni ver, tanto Petro como Barbosa tienen que “deponer las armas” y buscar acuerdos y puntos de encuentro que permitan alcanzar bienes superiores, como sería el caso de la paz. Mucho más si -como debe suceder- el proyecto de ley que defina el marco jurídico para el sometimiento de los narcotraficantes debe hacerse de la mano de la Fiscalía General de la Nación. El socio ideal en esa causa no puede ser otro que el Fiscal General, cuya voz -sin duda- se hará sentir y tendrá que ser escuchada por el Gobierno, gústele o no al presidente Petro y sus subalternos.

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