En Colombia: “¿no disparen soy periodista?…”

Por  Carlos Villota Santacruz

Bogotá, 8 de febrero_ RAM_..   Un total de 125 periodistas han sido asesinados en Colombia a manos del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y la delincuencia común desde 1987 hasta febrero de 2012, en un hecho que evidencia que el ejercicio de la profesión es una de las más peligrosas en el país, que se apresta a recibir sobre su economía la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Bajo esta radiografía, desde el Congreso de la República se ha impulsado en diversas etapas de las dos últimas décadas iniciativas de carácter legislativo orientadas a mejorar la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los periodistas.

El pasado mes de diciembre, se aprobó una iniciativa que endurece las conductas punibles que atentan contra los bienes jurdicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas,a l tiempo que aumenta el plazo de prscripción de los delitos violentos a 30 años.

La iniciativa evitará que muchos de los crímenes contra periodistas en Colombia –que se mantienen en la impunidad queden archivados o prescriban por falta del debido proceso.

Además, se contempla la apertura de nuevas investigaciones y sus familiares, amigos y casas periodísticas que hoy reclaman justicia, puedan conocer .luego de un proceso en derecho, los culpables materiales e intelectuales de asesinatos y masacres contra los profesionales de la información

Con la normatividad, Colombia se une a México y Honduras, donde el crimen contra los periodistas y la lucha contra la impunidad son el mayor problema que enfrenta la prensa en la segunda década del siglo XXI.

Precisamente, la Fiscalía General de la Nación –en Bogotá en el mes de julio de 2010- declaró como delito de lesa humanidad el asesinato del periodista Guillermo cano, cometido en 1986 por sicarios contratados por “el Cartel del Medellín” y frenó la prescripción del crimen.

También, el organismo en su fallo se comprometió a reactivar 27 casos de asesinatos distribuidos en diversas fiscalías del país, muchos de los cuales se encontraban archivados o suspendidos.

A pesar de la decisión, es evidente que el tema de la impunidad en Colombia tiene graves consecuencias en el ejercicio de la libertad de prensa. “Se convierte en un factor pernicioso que debilita la institucionalidad del Estado, la sobrevivencia de los periodistas y se construye un escenario de información parcial a los ciudadanos”, precisaron estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la las Universidades de Sergio Arboleda, Sabana, Central y Cooperativa.

A su turno, para un grupo de legisladores de la oposición al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos encabezados por el representante Germán Navas Talero, la autocensura se ha convertido en el más efectivo chaleco antibalas.

“Son muchas las historias que no llegan a los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Buena parte del control ciudadano a la administración pública se ve frustrado. El desarrollo de la guerra que aqueja al país se convirtió en un tema casi exclusivo de las fuentes oficiales”, dice el colombiano de la calle, que observa con angustia el futuro en momentos en que se reactivan los actos terroristas de la guerrilla de las FARC en los departamentos del Cauca y Nariño con un saldo de más de 15 personas muertas y más de 70 heridos.

“Frente a ese escenario, grupos armados, las bandas criminales Bacrim e incluso funcionarios públicos acuden a mensajes intimidatorios, correos electrónicos o regalos macabros para silenciar sutilmente a los periodistas”, advierte un informe de la policía.

Del informe se desprende, que asumir el rol de periodista en Colombia no es fácil: profesional, familiar y salarialmente, “porque requiere más que blindaje una protección integral del Estado. De allí no es raro escuchar del sur del país. ¿No disparen..soy periodista?”.

 

 

 

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