Por: Álvaro Uribe Vélez.-
Este escrito, con teclas cansadas, no tiene pretensiones de verdad absoluta, que no existe. Los dogmas de fe son absolutos, la verdad es relativa que aumenta sus grados de aproximación a través del debate. A este queremos contribuir.
Este es un testimonio, unos renglones discursivos soportados en mis vivencias, frescas para la historia y todavía vivas y presentes en muchas de las actuales generaciones.
La osadía de escribir me surge de la osadía de la Comisión de la Verdad de faltar a la verdad en muchos casos.
Simplemente ejerzo el derecho de expresar y de reiterar puntos de vista ante la ciudadanía, además por la circunstancia de haber sido testigo de excepción en varios de estos eventos.
El origen antidemocrático de la Comisión de la Verdad y su homogénea composición ideológica. El Plebiscito.
Debe recordarse que la Comisión de la Verdad nació del anti democrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso.
Esto es, el pronunciamiento popular que dijo No al Plebiscito sobre el acuerdo de La Habana fue desconocido por el Gobierno de la época, que hizo unos ajustes superficiales y consiguió que el Congreso lo aprobara con una proposición, no hubo proyecto de ley ni de Reforma Constitucional, una mera proposición.
Este estropicio a la democracia fue avalado por la Corte Constitucional que aceptó que un veredicto del pueblo fuera desconocido de esa manera.
El Gobierno hábilmente introdujo en la norma Constitucional, con aprobación express, que de perderse el Plebiscito podría enmendarse con un procedimiento democrático y entonces escogieron la proposición del Congreso.
En el Estado Social de Derecho, con los instrumentos participativos que introdujo la Constitución de 1991, tenía que respetarse la proporcionalidad o la simetría democrática, lo cual significa que un plebiscito, herramienta de pronunciamiento popular, debería ser equivalente a otro mecanismo de participación ciudadana directa, nunca a una precaria proposición en el Congreso.
El Presidente de la República y el doctor Humberto de la Calle coincidieron en afirmar que de perderse el plebiscito quedaría fallido el Acuerdo de La Habana con las Farc.
Cuando ganó el No, quienes participamos en la campaña, reiteramos que también queríamos la Paz.
En lugar de exigir que no hubiera acuerdo propusimos un Pacto Nacional para modificar los textos de La Habana.
Llamamos al Presidente, le pedimos una cita, nos reunimos con su Gobierno y todo fue inútil, prefirieron complacer a las Farc, a Cuba y a Venezuela, que hacer un Pacto temático con aquella parte, un poco más de media Colombia, que dijo No en el Plebiscito.
Pienso que nuestras propuestas no fueron intransigentes, por ejemplo, propusimos que los responsables de delitos atroces no deberían participar en el Congreso sino hasta después de cumplir la sanción alternativa.
Sanción a la cual siempre nos opusimos por ser simbólica, no proporcional e inaplicable. Sanción que aceptábamos en aras del Pacto que buscábamos.
Renunciamos a exigir un mínimo de cárcel, o mínimo punitivo, que llamara la atención sobre la gravedad de estos delitos, forzara la no repetición, disuadiera el crimen y acompañara la justicia restaurativa y la reparación de las víctimas.
Sanción que era simbólica porque consistía en una restricción de residencia y de movilidad, lo que finalmente resulta inaplicable cuando coincide con el ejercicio de la función congresional.
Nada importante se nos aceptó. Hasta hoy las Farc llevan casi cinco años en el Congreso, no han recibido la sanción alternativa.
Ha habido más grupos de narcotráfico; crecimiento del microtráfico; reclutamiento de menores y más violencia.
Continúan delinquiendo estructuras que se hacen llamar disidencias, varios jefes guerrilleros, que firmaron el Acuerdo de Paz, retornaron a la lucha armada en nombre de una segunda Marquetalia alegando un supuesto incumplimiento cuando en realidad huían de acusaciones de complots de narcotráfico.
La guerrilla del Eln se ha fortalecido y bandas criminales operan a sus anchas en diversas zonas del país. Los hechos son contundentes: la impunidad absoluta no ha sido vehículo de paz.
Sin faltar al respeto de sus integrantes, es notoria la inclinación ideológica de los miembros de la Comisión de la Verdad con excepción del exmilitar, Mayor Carlos Ospina, persona ecuánime cuyas apreciaciones fueron desconocidas.
Recuerdo que tuve un proceso en la Corte Suprema de Justicia porque me denunciaron de haber mentido al elector en el discurso, repetido una y mil veces, que criticaba el Acuerdo de La Habana.
La Corte lo archivó, aquello que se dijo fue la verdad, el Gobierno cruzó todas las líneas rojas que había anunciado para dar tranquilidad a la opinión pública. Eso es mentir.
Pero la acusación de la voz oficial fue contra nosotros, se sacó la disculpa de que habían perdido el Plebiscito porque nosotros dijimos mentiras.
El Gobierno Nacional, apoyado por sus mayorías en el Congreso de la República, modificó las condiciones vigentes sobre plebiscitos, redujo el porcentaje de participación de la ciudadanía al 13 por ciento, avasalló con su propaganda oficial por el “si”, mientras negó condiciones de igualdad para los partidarios del “no”.
Y algo doloroso, nuestros esfuerzos por el Pacto Nacional, respondidos por el engaño gubernamental, han despertado una fuerte crítica en sectores del No que nos sindican de haber entregado el triunfo.
Los comprendo, pero nosotros no podíamos cruzar las líneas rojas de la Constitución y la ley. Esto en contraste con el poder ejecutivo, que resguardado en la cautivante palabra Paz y estimulado por la ansiedad de aplausos y premios internacionales, pisoteó la democracia.
Que la violación a la democracia no hubiera importado a la Comisión de la Verdad es omisión dañina que desconoce una causa fundamental de la polarización que bastante ha minado la credibilidad del Acuerdo de La Habana.
Pero, esta omisión no es de extrañar, la Comisión de la Verdad, que por su misión debería registrar los acontecimientos al margen de las inclinaciones políticas, procedió en cambio como órgano al servicio de fortalecer el Acuerdo con Las Farc.
Las Fuerzas Armadas
Y nada se ha conseguido para que integrantes de nuestras Fuerzas Armadas tengan por lo menos una sala especial e imparcial en la
JEP.
Nuestras Fuerzas Armadas tienen una tradición democrática que las hace sobresalientes en esta América Latina de tantas dictaduras, en el siglo anterior de militares y en este de déspotas protegidos por la elección popular manipulada.
Téngase en cuenta que mientras México tuvo en el siglo pasado doce años de interrupción democrática en Colombia hubo cuatro.
Nuestras Fuerzas Armadas han estado al servicio de la democracia no de la dictadura, sus actuaciones han sido visibilizadas, tanto por ellas mismas como por los gobiernos y el ejercicio de libertad de opinión pública.
A este ejercicio me he referido como Estado de Opinión, que no va contra el ordenamiento jurídico, sino que lo apoya a través de la vigilante acción ciudadana y de sus medios de expresión.
El Estado de Opinión es la mayor expresión diferencial del Estado de Derecho.
Hoy vemos dictaduras y autocracias que dicen tener constituciones, normas jurídicas derivadas de parlamentos, órganos de control, elementos todos del Estado de Derecho, pero no funcionan porque falta la Libertad de Opinión que es la base de la independencia entre los poderes.
Los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas no han sido beneficiarios de mantos de impunidad, al contrario, han sido condenados por hechos delictivos.
También han sido víctimas de acusaciones, muchas veces injustas, provenientes de organizaciones ideológicas, y del sesgo contra la institución.
Entre 2002 y 2010 hicimos todo el esfuerzo para que existiera afecto y respeto por nuestros militares y policías, en una nación que ha sufrido tantos golpes de innumerables grupos violentos y que requiere consolidar el monopolio institucional de las armas.
Lo que no analiza la Comisión de la Verdad es que el Acuerdo de La Habana puso a nuestras Fuerzas Armadas democráticas de igual a igual con quienes cometían actos terroristas, pero finalmente quedaron en desventaja.
Digo lo anterior porque a ambos se les exige reconocer delitos para estar en libertad o para tener sanciones alternativas y simbólicas.
Sin embargo, para el integrante de las Farc reconocer un delito es aceptar lo que era su deber ser, para el miembro de las Fuerzas Armadas aceptar un delito es confesar que violó la ley, que actuó en contra de su deber ser.
Y esto es muy grave para nuestra democracia porque al miembro de las Fuerzas Armadas le duele perder su libertad y su familia lo quiere en casa, para lo cual un posible ignominioso camino es aceptar el delito así no lo hubiera cometido.
Falsos positivos
En el caso de los Falsos Positivos la Comisión de la Verdad asigna la responsabilidad institucional al Ejército cuando muchos de sus integrantes fueron puestos presos por tales delitos antes del Acuerdo de La Habana.
El mismo Ejército adelantó investigaciones e hizo denuncias. No se puede confundir la institución con conductas de personas vinculadas.
Sobre los Falsos Positivos está mi entrevista pública con el Padre De Roux y otros miembros de la Comisión de la Verdad, además, un documento abierto que está al alcance ciudadano en nuestras redes y páginas.
No obstante que el asesinato de una persona es grave, repudiable, llama la atención la diferencia en las cifras sobre estos asesinatos entre la Fiscalía General, el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica, y las de unas ONGS en su mayoría de línea ideológica adversa a la Seguridad Democrática, sin suficientes elementos de acreditación de hechos, que infortunadamente la JEP acogió en una declaración política e impropia de un órgano de justicia.
(El número de la JEP, 6402, es más del doble de los casos registrados por la Fiscalía y el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica).
La Comisión de la Verdad omitió examinar actividades criminales comunes entre integrantes de la Fuerza Pública y personas que aparecieron asesinados en el doloroso capítulo de estos falsos positivos.
Si bien no hay que revictimizar familias, el análisis de estos hechos habría resultado necesario para la verdad. Y no se habría requerido revelar nombres con el fin de no revivir dolores de los seres queridos.
En las Fuerzas Armadas circula la versión privada, que no sostienen en público, según la cual muchos falsos positivos se dieron sobre personas que estaban en grupos ilegales y se hacían pasar por inocentes. A la Comisión no le interesó investigar el tema.
Con los falsos positivos siento indignación y dolor. Proponer al país una política de Seguridad Democrática y emprender la tarea de construirla era para mí un sueño patriótico, un ideal, un sentimiento arraigado en el corazón dolorido por la vivencia y sufrimiento de tanta violencia.
Me producía felicidad ver a los compatriotas en las carreteras con la reanudación alegre de sus actividades, sumando a su morral un refresco para los soldados y policías apostados en las carreteras.
Y me pregunto con rabia ¿a quién se le ocurrió asesinar inocentes?. Los falsos positivos parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular.
Incluso el nombre daría la impresión de haber sido concebido por las mentes maliciosas de quienes debieron gozar con la tragedia que desacreditaba a nuestro Gobierno y a nuestras Fuerzas Armadas.
Lo cierto es que Colombia en 2010 había ganado mucho en disminución de la violencia, lo que no habría ocurrido de haber existido una política de asesinatos en lugar del designio oficial de la Seguridad con respeto a los valores democráticos.
Conflicto, terrorismo y seguridad.
Se me acusa de no haber reconocido el conflicto con las Farc.
En verdad siempre sostuve que el tema no se podía abordar como un conflicto sino como una acción de grupos terroristas o que cometían acciones terroristas y la respuesta del Estado, que en el ejercicio presidencial que me correspondió fue la Seguridad Democrática.
Las palabras tienen origen en la evolución del idioma y en los momentos de la historia. Las palabras conflicto y guerra cobraron importancia en América Latina por los enfrentamientos entre las dictaduras militares y los disidentes, muchas veces organizados en grupos armados. La acción de las dictaduras se denominaba Seguridad Nacional.
En nuestro caso el Estado Democrático ha debido enfrentar el ataque de grupos armados que intentaron aplicar modelos revolucionarios con motivaciones ideológicas y terminaron en el narco terrorismo.
A partir de la desmovilización de las guerrillas partidistas y del Gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, en los años 50 del siglo pasado, el transcurrir guerrillero y la reacción paramilitar, paradójicamente, se han desarrollado en un contexto de permanente mejoramiento democrático.
La alternación y las restricciones del Frente Nacional fueron transitorias y tuvieron como fin principal rescatar la paz entre los partidos tradicionales que habían sido los actores de la violencia.
Debe anotarse que las libertades y el pluralismo estuvieron presentes, en la prensa escrita, en los demás medios de comunicación, en el debate universitario, en el sindicalismo, en el acceso a la justicia y en partidos políticos.
En efecto, el Movimiento Revolucionario Liberal, en las primeras etapas del expresidente Alfonso López Michelsen, albergó en sus listas a personas muy importantes del Partido Comunista y sectores afines. Igual ocurrió con la ANAPO liderada por el General Gustavo Rojas Pinilla.
Nuestra situación ha sido diferente a la de muchos países de América Latina, razón por la cual no he utilizado la palabra conflicto para en alguna forma legitimar la acción de los violentos, ni la palabra guerra que deslegitima la tarea de Seguridad del Estado.
Nuestro concepto de seguridad ha sido democrático, para todos los ciudadanos, sin importar su afinidad o su grado de discrepancia con el Gobierno.
Seguridad con libertades, con visibilidad absoluta de las autoridades , con permanente debate. Esto la hace distinta de la Seguridad Nacional que utilizaron las dictaduras.
De hecho, algunos que fueron exiliados antes de mi llegada a la presidencia, gracias a las garantías de seguridad brindadas, retornaron al país.
Llegaron a hacer oposición y se convirtieron en férreos contradictores de mi gobierno, aquí se quedaron
Otra cosa son los reclamos y los conflictos sociales que los violentos han contribuido a ahondar a medida que su accionar ha frenado el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la construcción de equidad.
Hay períodos que muestran que la agudización de la violencia frena la reducción de la pobreza.
Olvida la Comisión de la Verdad los sistemáticos incumplimientos de la guerrilla.
A la Universidad de Antioquia nos llegó en los años setenta un mensaje de las Farc que prometían cesar la lucha armada si se aprobaba la elección popular de alcaldes y se desmontaba el paramilitarismo.
Con propuesta del doctor Álvaro Gómez Hurtado se introdujo la elección popular de alcaldes y la Seguridad Democrática desmontó el paramilitarismo. Pero las Farc ignoraron su promesa.
El Estado. Los Gobiernos
Presento algunos renglones, apreciaciones propias sobre la tarea de varios Gobiernos de Colombia. Lo hago por encima de cualquier diferencia política, con el único ánimo de presentar mi testimonio ante la ciudadanía, y que es diferente a la publicitaria conclusión de la Comisión de la Verdad.
La Comisión de la Verdad ha producido como titular de su obra la frase “El Estado es el responsable”.
Eso es nada más y nada menos que la justificación de la violencia, el terrorismo, el asesinato, el secuestro, las violaciones, el reclutamiento de menores, las destrucciones, el atraso y la pobreza de todos los años por actuación de grupos violentos.
Algunos pensamos todo lo contrario, creemos que el Estado ha transcurrido fundamentalmente en la búsqueda generosa de la paz, que aparece como elemento común del recorrido gubernamental. Por supuesto con variaciones en algunos cortos períodos y durante los años de la Seguridad Democrática, cuyo cometido era alcanzar la paz a través de la seguridad como valor democrático y fuente de recursos.
La seguridad como marco de garantía a la inversión y camino a la cohesión social.
Nuestro primer siglo de guerras civiles llegó en todas a su final con acuerdos generosos de paz.
Hasta principios del siglo 20 el país tuvo ejércitos de partidos o de regiones, situación que empezó a modificarse con la finalización de la Guerra de los Mil Días en 1902.
Un gran salto vino más de 50 años después.
El General Rojas Pinilla nacionalizó a la policía para sustraerla de la politización que se daba en muchos departamentos, que tanto contribuyó a la violencia entre los partidos.
También el General Gustavo Rojas Pinilla desmovilizó la mayor parte de las guerrillas liberales.
El primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, hizo el tránsito del Gobierno Militar a la institucionalidad civil.
Dada la delicadeza del tema separó las funciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, cuya independencia ofreció y respetó, todo dentro del marco de la Constitución y de la ley.
Se dio integración de las Fuerzas Armadas con civiles y es injusto que el informe de la Comisión de la Verdad haya insinuado de manera explícita algún origen del paramilitarismo en ellas, cuya crueldad se marcó mucho después.
El Presidente Lleras Camargo también avanzó en la desmovilización de guerrillas liberales, cuyos remanentes posteriormente dieron nacimiento a las Farc.
El Presidente Guillermo León Valencia tuvo que enfrentar las llamadas “repúblicas independientes”, enclaves como Marquetalia, donde se imponía el control eficaz de las organizaciones criminales que se mostraban como autodefensas comunistas.
Según la crítica, esa arremetida del Estado habría sido la partida fundacional de las Farc y así lo registra la Comisión de la Verdad.
Se ha desestimado la hipótesis contraria que indicaría que ya las Farc estaban en plena marcha y encontraron en la operación del Gobierno la excusa para el delito continuado.
A esta tesis contribuye el hecho de reincidir después de haberse acogido a las dos generosas amnistías, cercanas en el tiempo, de los presidentes Rojas Pinilla y Alberto Lleras.
El Presidente Valencia impidió la desmembración del Estado.
El Presidente Carlos Lleras Restrepo adelantó la reforma agraria que debió haber llevado al desmonte guerrillero si en realidad se trataba de un conflicto por la tierra.
La ideología marxista leninista y el influjo extranjero que ya guiaba a las guerrillas les impidió aceptar el reparto de la tierra, su aspiración era la colectivización y el Estado Comunista. Fue esta tendencia política la que primó sobre los campesinos que reclamaban tierra.
Tampoco sirvió que se nacionalizara el subsuelo, que antecedió 50 años la decisión de Evo Morales en Bolivia.
El Presidente Lleras Restrepo dio amnistía para quienes habían delinquido en la Universidad Nacional.
Al Presidente Misael Pastrana Borrero lo acusan de una contrarreforma agraria y les parece equivocado haber avanzado con la vivienda urbana que tanto sirvió al país.
El acuerdo sobre la tierra, conocido como Pacto de Chicoral, fue una garantía necesaria que se otorgó a los propietarios rurales para que hubiera confianza y se recuperara el campo.
Se expidió la ley quinta de 1972, una muy buena normativa para el desarrollo agropecuario.
El Presidente Pastrana Borrero dio amnistía a los trabajadores de la Unión Sindical Obrera que habían invadido la refinería de Ecopetrol.
El Presidente Alfonso López Michelsen hizo todas las gestiones posibles en favor de la paz. A petición del Gobernador de Bolívar, Álvaro Escallón Villa, levantó el cerco que las Fuerzas Armadas le tenían al ELN en Anorí, Antioquia.
Esta guerrilla había prometido hacer la paz cuando esto sucediera, pero incumplieron, se fugaron a Cuba y hasta hoy no hay paz con dicha organización.
Sobre la operación Anorí se mantiene la polémica, el Gobierno levantó el cerco en aras de la paz y la opinión contraria afirma que de haberse mantenido el ELN no existiría.
El Presidente Julio César Turbay Ayala hizo el Tratado de Extradición e inició una gran lucha contra el narcotráfico, que ya estaba coaligado con las otrora guerrillas marxistas.
Se le acusa de la adopción del Estatuto de Seguridad solicitado por las Fuerzas Armadas que lo aplicaron con autonomía.
Varios detenidos denunciaron que fueron torturados. Se aprobó la ley de amnistía al M19. Sobre aquellos que quedaron en la cárcel se afirmó que sus derechos fueron respetados.
El manejo presidencial del secuestro masivo de diplomáticos en la Embajada Dominicana, que permitió la liberación incruenta de rehenes, fue un enorme acto de paz.
Posterior a ese secuestro, el presidente Turbay conformó una Comisión de Paz bajo la dirección del expresidente Carlos Lleras Restrepo.
Esta voluntad de paz del Presidente Turbay se reiteró años después cuando como director del Partido Liberal encabezó el apoyo a los procesos de paz con el M19, el EPL y otras guerrillas.
El Presidente Belisario Betancur lanzó una audaz propuesta de paz. La viví porque me nombró Presidente de la Comisión Regional de Paz en Antioquia, en la que trabajé con entrega a pesar del reciente asesinato de mi padre por parte de las Farc.
Estuve en muchos actos con la guerrilla y fui testigo del ánimo de los cabecillas, distante de la paz y empeñados en aprovechar la oportunidad para avanzar a la toma del poder.
El Holocausto de la Justicia, perpetrado entre el M19 y el narcotráfico, fue la mayor demostración del engaño a la buena fe del Presidente Betancur.
De la época del Presidente Betancur nació la Unión Patriótica, a cuya desaparición final contribuyeron la combinación de las formas de lucha, la violencia con política, de muchos de sus dirigentes y la falta de capacidad del Estado de brindarles protección efectiva.
Debo recordar que como Gobernador de Antioquia nos empeñamos en la protección de los dos diputados de la Unión Patriótica, por fortuna vivos.
Me agradecieron en privado cuando terminaba el período y se negaron a hacerlo en público por temor a que la guerrilla los asesinara.
El Presidente Virgilio Barco logró la paz con grupos como el M19 y otros.
El Presidente César Gaviria consolidó esa paz con la Constitución del 91, además negoció con la corriente de renovación socialista del ELN y con el sector mayoritario del EPL.
Hizo bien el presidente Gaviria al no aceptar la oferta de las Farc en armas para participar en la Asamblea Constitucional.
Al promulgar la Constitución de 1991 se dijo que Colombia en adelante no permitiría hacer política con armas. El Acuerdo de La Habana acredita que se permitió y se premió.
El Presidente Ernesto Samper tuvo en Carlos Holmes Trujillo y en Daniel García-Peña excelentes comisionados de paz.
Trajo a Colombia la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que apoyamos desde la Gobernación de Antioquia.
Años después, en nuestro Gobierno, renovamos el convenio. Las guerrillas fueron desdeñosas como en otras oportunidades y ganaban mucho dinero con el narcotráfico.
Con hipocresía disculparon la falta de voluntad de paz en la financiación del narcotráfico a la campaña presidencial.
El Presidente Andrés Pastrana con el despeje del Caguán mostró la mayor voluntad posible de paz. Incluso lo reconocemos quienes nos opusimos a ese despeje. Tuvo excelentes comisionados de paz como Víctor G Ricardo.
La Comisión de la Verdad se queda corta en señalar los abusos de las Farc que consiguieron el fracaso del Caguán.
Uno de los primeros abusos fue que Manuel Marulanda no acudió a la cita de iniciación del proceso, dejó la silla vacía.
Pensé que esa actitud confirmaba lo que me hizo saber Fidel Castro a través de Gabriel García Márquez: las Farc no quieren la paz sino el poder.
También pensé que era mejor aquella silla vacía que una foto de Marulanda al lado del presidente Pastrana dando al mundo una señal de cogobierno.
Tampoco reconocieron la decisión del Presidente Pastrana de fortalecer al Ejército en un momento de desbordamiento guerrillero y paramilitar.
El Plan Colombia fue un logro sobresaliente del Presidente Andrés Pastrana y del Embajador Luis Alberto Moreno. Lo grave fue haberlo sacrificado con posterioridad a 2010.
El Ministro que en nuestro Gobierno inició la negociación de la extensión del Plan Colombia con el Gobierno del Presidente Bush, que concluimos con el Presidente Obama, se negó como Presidente a buscar la ratificación en un congreso que controlaba en un 90 por ciento.
El cálculo malicioso de aquel Gobierno, dispuesto a someterse a las Farc, a Cuba y a Chávez, se acomodó a la vociferación del Socialismo del Siglo 21 y del Foro de São Paulo, que estigmatizaban la extensión del Plan Colombia señalándolo de traer bases militares “imperialistas” a nuestro territorio.
Dieron rienda suelta al narcotráfico para decir que la “guerra contra las drogas estaba perdida” a pesar de que las cifras de reducción eran contundentes.
El Presidente Iván Duque es acusado por la Comisión de la Verdad por no haberse hecho presente en sitios a los cuales lo citaban quienes acudían a las vías de hecho.
Mientras la Comisión lo increpa por un supuesto uso desproporcionado de la fuerza frente a las protestas que se anunciaron con su llegada al Gobierno y se ejecutaron con la ayuda económica del ELN y de otros grupos narco violentos, hay quienes podemos pensar que el despliegue anticipado de la fuerza pública hubiera producido un efecto disuasivo de la anunciada acción violenta.
La Comisión da crédito a la acusación del incumplimiento del Acuerdo con las FARC como explicación del mantenimiento sumamente elevado de los cultivos ilícitos.
El Presidente Duque recibió una perversa herencia de narcotráfico protegido por las Normas Constitucionales que su antecesor incorporó para proteger la impunidad de las FARC.
Lo anterior limitaba la acción del Gobierno para proceder frente a la droga con fumigaciones aéreas, por ejemplo. Algunos pensamos que se pudieron haber adelantado.
El Gobierno siempre dio muestras de su interés en cumplir con el Acuerdo no obstante todos los problemas que se presentaron como la pandemia.
El Gobierno, ante la Comunidad Internacional y especialmente durante la visita del secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas, informaba en detalle sobre los esfuerzos para cumplir el Acuerdo cuya inviabilidad se notó desde antes de la firma.
No se entiende que aquellos que permitieron que el país volviera a llenarse de coca culpen al Presidente Duque.
Otros pensamos que debió reformar el Acuerdo y creemos que la atención a víctimas, desmovilizados y comunidades pobres no necesitaba de la impunidad total que el acuerdo de La Habana le garantizó a las Farc.
En el periodo del presidente Duque fue evidente la burla de las Farc al cumplimiento de las obligaciones que habían asumido, especialmente contraídas con las víctimas.
El presidente Duque recibió una bofetada a su interés en continuar negociaciones con el ELN cuando esta guerrilla realizó el criminal ataque terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía en enero de 2019, con lo que ese proceso se interrumpió.
Sin embargo, toda la presión de las fuerzas opositoras y de las ONGs sesgadas, atribuían la culpa de ese fracaso, no al terrorismo del ELN sino a la supuesta intransigencia del presidente Duque.
En cuanto a mí se refiere, he reiterado que la Comisión de la Verdad es ilegítima y parcializada. Ya expresé que nació del desconocimiento al Plebiscito y del atropello a la democracia. Además de su integración sesgada, las omisiones y desvíos de su informe refuerzan su parcialización.
Ignoraron al Mayor Carlos Ospina, un ecuánime representante de las Fuerzas Armadas.
Acepté hablar ante la Comisión por el respeto del núcleo de mi familia al Padre De Roux, por mis deberes ante la opinión pública y por considerar que, en lo posible, todos los debates deben adelantarse.
Puede que para el lector el Informe de la Comisión sea un discurso y también estos renglones que escribo. La ventaja es que los hechos aquí referidos son recientes para su examen.
Luis Carlos Restrepo es un gran colombiano injustamente expatriado.
Adelantó más de 43 mil casos de desmovilización de los 53 mil que se dieron durante nuestro Gobierno. La justicia está en mora de reconocer su honorabilidad.
Con el doctor Luis Carlos Restrepo empezó nuestro Gobierno a cumplir lo anunciado en campaña: nuestra seguridad democrática sería camino, no exclusión de paz.
Se continuarían las conversaciones que venían de atrás, con el ELN a través de Cuba y con los paramilitares por intermedio de la Iglesia Católica, siempre que se aceptara el cese de actividades criminales y hubiera concentración.
Los paramilitares manifestaron que aceptaban. El doctor Restrepo viajó varias veces a Cuba y todo fue infructuoso con el ELN.
Procuraré ir en el orden desordenado de los comentarios de la Comisión.
Pero también introduciendo temas necesarios que fueron omitidos, por ejemplo, el ataque terrorista de las FARC, el día de nuestra posesión, con artefactos que afectaron el alero de la Casa de Nariño, pusieron en peligro la vida e integridad de invitados nacionales y extranjeros al acto y asesinaron a 17 personas en el Cartucho.
La primera interferencia a la democracia que enfrentamos fue avanzar en la protección a más de 416 alcaldes de Colombia que no podían despachar en sus municipios por amenazas terroristas.
A la Comisión no le interesó registrar que aquel 8 de agosto de 2002, llegamos a Florencia en la tarde y encontramos a todos los alcaldes del Caquetá allí escondidos porque los violentos no les permitían actuar en sus municipios.
La nuestra era una tarea para normalizar la democracia.
Celebra la Comisión que perdimos el Referendo contra la corrupción, el derroche y la politiquería.
Pero olvidan que las preguntas tuvieron una altísima votación favorable y no pasaron el umbral porque el Consejo Electoral no redujo las cédulas de personas fallecidas, de militares que no podían votar y de personas cuya cédula todavía estaba en la Registraduría.
El informe contiene menciones que no desarrollan como la referencia al Estado Comunitario que reposaba en la disminución del Estado Burocrático y el correspondiente aumento del Estado Social.
Y en un diálogo sincero y sostenido durante ocho años con toda la comunidad; en la combinación de la democracia representativa y la participativa; en la sinceridad y búsqueda de opciones, no en promesas.
La Comisión presenta el Estado Comunitario como una sustitución del Estado Social de Derecho, a sabiendas que dicha participación ciudadana permitía el reclamo de fundamentos sociales de este último.
Todo lo reducen a la burla del Líder Carismático o del Embrujo Autoritario, admisible en la sátira política mas no en una Comisión de la Verdad, de la cual predicaron tanto rigor.
Los Comisionados de la Verdad dicen mentiras que no se alcanzan a entender como hablar de una coalición que consolidaba el poder del narcotráfico, cuando ocurrió todo lo contrario como fue la mayor debilitación a este fenómeno criminal. Fueron extraditados 1150 narcotraficantes.
La Comisión abusa, para no repetir siempre que miente, al afirmar que nuestro Gobierno pretendió vincular a toda la izquierda con el terrorismo.
Los líderes de la oposición tuvieron toda la protección tanto como los dirigentes cercanos al Gobierno.
Se protegió y se ayudó a los corporados, gobernadores y alcaldes de la oposición, especialmente a los de Bogotá. He agradecido que gobernantes de la oposición así lo reconocieron.
Fui fogoso en la discusión y en casos respondí con dureza, que hoy no repetiría, a algunos que hacían de la calumnia su discurso contra el Gobierno.
La Comisión engaña a las nuevas generaciones con el tema de la reelección.
Antes de la Constitución de 1991 se permitía la reelección presidencial con período de por medio. Cuando asumí avanzaba un proyecto para revivirla y finalmente se aprobó el que permitió mi reelección.
Me sometí a la más rigurosa ley de garantías, aprobada por nuestro Gobierno y el Congreso de la época. He reconocido que debí desautorizar la recolección de firmas, que un grupo de ciudadanos respetables adelantaron para permitir una segunda reelección.
Confesé la encrucijada en mi alma por el contraste entre mi inclinación a no buscar perpetuarme y de otro lado el temor a que se abandonaran las políticas que apenas empezaban a dar los primeros resultados.
A estas referí como los tres huevitos de la Seguridad Democrática, la Confianza inversionista y la Cohesión Social.
Acepté sin discusión la sentencia de la Corte Constitucional y no discutí la motivación política que reitera la Comisión al decir que pretendí destruir el diseño constitucional de 1991.
Por favor, si algo afectó el diseño Constitucional de 1991 fue la creación de los órganos de La Habana, como la Comisión de la Verdad, que tras la cautivante palabra paz destruyó la democracia participativa, por ejemplo, el Plebiscito incluido en la Constitución.
Y desfiguran el alcance de la reelección de 2006, se les olvida que fue la Seguridad Democrática, para todos, la que creó confianza para que los partidos y movimientos, incluida la denominada izquierda, de manera tranquila pudieran hacer campaña por todo el país.
La verdad como el juez deberían dejar a un lado el sesgo político. La Corte Suprema eliminó la sedición para los paramilitares.
Expresé mi desacuerdo con el delito político, atenuante de responsabilidad penal, que no debería existir en países libres como el nuestro.
Lo incluimos en la ley de Justicia, Paz y Reparación para aprovechar que su presencia en el Ordenamiento Jurídico facilitara la desmovilización de miles de integrantes de los grupos criminales.
La Corte Suprema, en una sentencia lo aceptó para la guerrilla y lo negó para los paramilitares. Adujo que estos últimos carecían del propósito de cambio del sistema económico.
Alegué, inútilmente, que unos y otros expresaban motivaciones ideológicas, y que ambos tenían el elemento común de la gravedad de los hechos y de la capacidad de interferir al Estado de Derecho.
Y dice la Comisión que con el reconocimiento de la sedición queríamos entregar el país a los paramilitares cuando el propósito era desmovilizarlos.
Esto se logró sin impunidad absoluta, con algunos años de cárcel para los responsables de delitos atroces cuya elección política tampoco se permitió.
Negaron la sedición, pero en el siguiente Gobierno aplicaron un mecanismo para no llevar a la cárcel a los cerca de 19 mil paramilitares que no estaban incursos en delitos atroces.
Nuestra ley de Justicia, Paz y Reparación exigía a guerrilleros y paramilitares entregar todos los bienes ilícitos para reparar a las víctimas.
La Corte Constitucional moduló e incluyó los demás bienes. La Comisión solamente se refiere a los paramilitares.
La Comisión de la Verdad limita a los paramilitares la penetración en la política y en las instituciones que antecedieron a nuestro Gobierno y trataron de mantenerse.
La Comisión, como sectores de la justicia, señala la parapolítica pero no vio la Farc-Política, tampoco la penetración institucional de la guerrilla.
Cuando empezó nuestro Gobierno, a la guerrilla le informaban los operativos de rescate ordenados a fin de que a los secuestrados los trasladaran de sitio.
La Farc política quedó nuevamente evidenciada cuando, años más tarde, fueron incautados los computadores de Raúl Reyes. L
a Corte Suprema de Justicia no dio validez a los informes probatorios allí contenidos con peregrinos argumentos como aquel, según el cual, el operativo debió surtirse por los canales institucionales de Ecuador. Lo anterior habría sido imposible.
Pretermitir esa instancia no afecta la validez del objetivo pues era un campamento terrorista contra los colombianos.
La Comisión menciona funcionarios, pero en un caso no se refiere a los buenos antecedentes y en otro tampoco reconoce que nuestro Gobierno lo declaró insubsistente.
Y no examina la injusticia cometida contra una funcionaria, que el mismo Gobierno que consintió con el asilo pidió después que la regresaran.
La Comisión es ciega ante las cifras que de manera contundente muestran que nuestro Gobierno premió la desmovilización, aplicó la captura y por último se daban las bajas.
- Desmovilizados: 53.000
- Capturas: 36.000
- Bajas en combate: 13.900
La Comisión de la Verdad se ha sumado al coro que critica que la desmovilización de guerrilleros se hizo sin negociar con los cabecillas. Fue mucho lo ganado en paz.
Nuestra objeción a calificar la violencia como conflicto no se opuso a la búsqueda del diálogo, la promoción de la desmovilización, la atención de los reinsertados y especialmente a la reparación de las víctimas.
A la Comisión todo lo nuestro le parece malo, el Plan Colombia, el Plan Patriota, y otras acciones que ayudaron a que Colombia tuviera algo de tranquilidad.
Nos culpan por los Soldados de Mi Pueblo, que permitía el servicio militar en la localidad, con más compromiso, más vigilancia y transparencia.
Nos asignan responsabilidad por las bandas criminales que crecieron después de 2010.
Cuestionan la integración de los ciudadanos con la Fuerza Pública, política que creaba conciencia para acudir a las fuerzas institucionales en lugar de resignarse a la violencia o de vincularse con ilegales.
Por esta razón en la Gobernación de Antioquia apoyé las Convivir que años antes había creado la ley y que reglamentó el Gobierno Nacional de aquella época.
Durante la Presidencia creamos 4,6 millones de informantes desarmados, que mucho ayudaron, no un millón que desinforma la Comisión, que también supone en su subjetividad política que ayudaban a las desafortunadas violaciones de Derechos Humanos.
Nuestro gobierno impulsó con toda determinación las tareas civiles de las Fuerzas Armadas en obras de infraestructura, de fabricación de embarcaciones y de incursiones en la industria de la aeronavegación.
El SENA capacitó en diversas técnicas a 166 mil integrantes de las Fuerzas Armadas. Estas se integraron con la comunidad en tareas deportivas, culturales y cívicas en general.
La Comisión niega la gran reducción de cultivos ilícitos y de producción y comercio de droga, que incluso se dio hasta 2013.
Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se pasó de 164 mil hectáreas de coca en 2002, a 48.000 en 2013, año a partir del cual inició su reversión de ascenso.
Pareciera que solamente le interesara vincular la permisiva expansión posterior como un presupuesto para negociar con las Farc.
Nadie en nuestro Gobierno se opuso a la fumigación de cultivos ilícitos. Desconozco la fuente de la Comisión para asegurar esa crítica interna que nunca se dio.
Se nota lo forzado de la Comisión para encontrar a alguien que se quejara porque la fumigación le habría destruido su huerta. Esas quejas, si las hubo, fueron excepcionales.
Introdujimos la erradicación manual de manera exclusiva en los Parques Nacionales. Encabecé un grupo de erradicadores en la Serranía de la Macarena pocas semanas después del asesinato de 28 soldados de la Patria por parte de las Farc.
La Comisión olvidó las Familias Guardabosques, que creamos para dar alternativa a los cultivadores de droga allí donde lo único que cabía era la protección de los recursos naturales, en un país que a pesar del narcotráfico todavía tiene más del 50 por ciento del territorio en bosque.
Reconozco que no debimos apelar a estados de Conmoción Interior. Sirven para estimular discursos en contra.
Sin embargo, en nada afectaron la vida o integridad de los ciudadanos.
La Comisión de la Verdad me acusa de la estigmatización de periodistas. Me bajé del podio al ring para rebatir las mentiras de un calumniador de oficio.
Ofrecí renunciar a la Presidencia si aportaba una sola prueba para sustentar la afirmación en mi contra.
Peleo de frente, no mandé a interceptar, pero me interceptaban. En el último año de nuestro Gobierno un periodista fue asesinado, habríamos querido cero casos, pero ocho años antes el número era de 17.
Nunca utilizamos el dinero del Estado, ni la publicidad oficial, para presionar periodistas. Nunca pretendimos que un medio vinculara o echara a un periodista, o cambiara un editorial en contra nuestra.
La Comisión de la Verdad desciende al rumor, hablan de un Coronel que por perseguir a los paramilitares habría recibido un mensaje de mi parte con amenaza de sancionarlo. Carecen de pruebas para un solo caso.
La Comisión también desacredita la extradición. Da crédito a la versión según la cual con la extradición de jefes paramilitares pretendimos ocultar la verdad.
Debo recordar que el público colombiano conoció que las autoridades de los Estados Unidos aceptaron y han cumplido la condición de nuestra parte de permitir al Gobierno, a la Justicia y a cualquier órgano público o privado de nuestro País el acceso a las cárceles norteamericanas.
Tal vez es menos difícil decir la verdad por allá que aquí donde se le distorsiona con la mediación política del halago o la amenaza.
La Comisión ignoró que nuestras políticas comprendían la Seguridad Democrática, la Confianza de la Inversión para mejorar la economía y dar sostenibilidad al avance de la Cohesión Social.
Nunca magnificamos resultados, pero en todo se avanzó, aunque como dijimos eran apenas buenos retoños.
Con algunas herramientas sociales hicimos presencia en todo el territorio, por ejemplo, con Familias en Acción y el Adulto Mayor.
Y los planes de consolidación buscaban el complemento social en las zonas de acción militar y erradicación de la droga.
Deseo que el ex Vicepresidente Francisco Santos y su asesor Carlos Franco, valioso funcionario desmovilizado del EPL, publiquen en esta serie nuestros esfuerzos en pro de los Derechos Humanos, afianzados con la crítica que permitió la Seguridad Democrática.
Yo no habría querido que se rescatase a los secuestrados, grupo donde estaba la doctora Ingrid Betancourt, a partir de un bombardeo a la selva ecuatoriana.
No me gustan las bajas, no las celebraba, menos de civiles aunque se encontraban clandestinos en un campamento terrorista.
Esa acción no fue contra el hermano pueblo ecuatoriano, fue contra unos secuestradores que se escondían allí, y desde ese lugar controlaban mantener a los rehenes en cautiverio, con el agravante de complicidad de personas del Gobierno de Ecuador.
Pero a la Comisión no parece dolerle el secuestro ni alegrarle la liberación de las víctimas.
Gracias al operativo contra las FARC en la hermana Ecuador, dos meses después se pudo rescatar a la doctora Ingrid, a tres norteamericanos y a muchos colombianos.
La Comisión de la Verdad se refiere a algunos episodios en la frontera con Venezuela. En su extenso informe no hay severa denuncia a la protección que el chavismo ha dado al terrorismo.
Debo recordar que le aceptamos al Presidente Lagos de Chile su petición de que no insistiéramos en la extradición de alguien de las Farc que estaba en aquel país por cuanto no podían concederla ya que era casado con una ciudadana chilena.
Pedí al Presidente Lagos que la persona que se solicitaba declarara su renuncia a la acción violenta y al grupo. Confié en el Presidente Lagos.
También confié en el Presidente Lula en un caso semejante en Brasil.
Y confié en el Presidente Sarkozy cuando pidió la libertad de Granda. Supuse que estaba acordada la liberación de la doctora Ingrid.
Como está relatado en No Hay Causa Perdida, extendimos la confianza a mediadores nacionales y extranjeros que pidieron intervenir para la liberación de los secuestrados.
Incluso dije Sí al Presidente Chávez cuando lo solicitó.
Mientras escuchaba su voz a través de aquel teléfono de un helicóptero, pasaba por mi mente una veloz saeta con dos inquietudes: si negaba se perdía una oportunidad de liberar a los secuestrados, si autorizaba creaba el riesgo de un mal final. Preferí abrir para los secuestrados otro camino de rescate.
Todo salió mal, el Presidente Chávez empezó a llamar a los generales colombianos y tuve que suspender la autorización.
Todo esto puede tener alguna importancia en el tramo de tiempo analizado por la Comisión de la Verdad, que quiso llevarlo al olvido.
Y a los olvidos se suma la falta de verdad como aquello de afirmar que la Seguridad Democrática era para proteger la propiedad y no la vida de las personas. Me causa tristeza por tantas personas que sintieron alivios por nuestra política.
Y sin reacción atónita me pregunto ¿Acaso la vida no era lo más importante para mi persona, miembro de una familia sufrida por tantas violencias y sobreviviente, de tantos atentados, por milagro de Dios y protección de las Fuerzas Armadas?
O que lo digan los líderes de las organizaciones sindicales, con quienes me reunía cada mes, sin importar la oposición de la mayoría.
El tema principal era la protección de la vida de los trabajadores y la derrota de la impunidad de los asesinos.
No pudimos llegar a cero casos, pero el avance fue notorio. En 2002 fueron asesinados 196 trabajadores, en 2010 todavía 15.
Se pasó de una sentencia de condena a más de doscientas.
Hay algunos números que no han desvirtuado y que repito:
