La Ley del Montes | ¿Dónde está la autoridad?

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POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

La actuación de la Policía Nacional en hechos de alteración del orden público y hasta de actos de terror tiene a la institución en el ojo del huracán. Un buen número de colombianos consideran que los altos mandos no han tomado las decisiones correctas a la hora de proteger tanto a las personas como a muchos bienes que se han visto vandalizados, como ocurrió recientemente con la Catedral Primada de Colombia, en Bogotá.

La acción criminal realizada por un grupo de mujeres promotoras y defensoras del aborto, cuya pretensión era incinerar la Catedral, alertó sobre la supuesta inoperancia de miembros de la Policía Nacional. Hasta la propia alcaldesa de la ciudad, Claudia López, criticó la actuación de la Policía. “Esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo envió el propio comandante de la Policía de Bogotá. ¿Por qué, en vez de grabar, no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto: ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar?”, se preguntó la alcaldesa en su trino.

Otros hechos, como la sistemática y cada día más frecuente invasión de fincas en distintos lugares del país, entre ellas la región Caribe, también han llevado a miles de colombianos a preguntarse qué está pasando con la actuación de la Policía. O mejor: ¿qué está pasando con la no actuación de la Policía? ¿Cómo se explica su conducta omisiva en varias situaciones de grave alteración del orden público?

Lo que está pasando con la Policía Nacional tiene que ver con la aplicación de nuevos protocolos relacionados con el control de manifestaciones, marchas y protestas, tanto en ciudades como en predios rurales. Dichos protocolos ahora asignan el papel de acompañamiento a las manifestaciones por parte de los integrantes de la Policía. El nuevo protocolo fue expedido por el director nacional de la institución, general Henry Sanabria. El mandato obliga a los uniformados a actuar de forma “discreta” y a prudente distancia de los manifestantes.

Por cuenta de la directriz del alto mando policial, quedó prohibido que integrantes de la institución encabecen o cierren las manifestaciones. Tampoco podrán defenderse en caso de malos tratos verbales o de insultos, puesto que –según el nuevo protocolo– “primero está el derecho a la manifestación sobre el buen nombre”.

Como era de esperarse, las nuevas directrices de la Dirección Nacional de la Policía han causado sorpresa no solo dentro de la institución, sino por fuera de ella. Hay quienes consideran –interna y externamente– que la Policía Nacional no puede abstenerse de actuar con prontitud y eficacia, cuando existan hechos que alteren o perturben el orden público, siempre bajo el estricto cumplimiento de mandatos constitucionales. “Si la autoridad no se ejerce, el orden se acaba y si el orden se acaba, entonces reina la anarquía y el caos”, me respondió un ex director de la Policía Nacional a quien consulté sobre el nuevo papel asignado a la Policía, en lo que tiene que ver con el control de manifestaciones, marchas y protestas.

Ante la que algunos consideran inoperancia de la Policía Nacional, comenzó a hacer carrera la versión sobre una supuesta “operación tortuga” por parte de altos oficiales de la institución, quienes no estarían de acuerdo con los lineamientos trazados por el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. De acuerdo con dicha versión, el reciente retiro voluntario de más de 20 oficiales obedeció a su malestar e inconformidad con las decisiones del Gobierno. La versión fue desmentida por el propio general Sanabria, quien consideró que los retiros de los oficiales son decisiones normales y frecuentes en una institución con cientos de miles de integrantes.

Pese a las explicaciones del general Sanabria, la pregunta sigue siendo: ¿Qué está pasando en la Policía?

Policía debe responder con eficiencia, pero también con absoluto apego a la ley

Luego de que se conociera el video de la acción vandálica contra la Catedral Primada de Bogotá, la alcaldesa Claudia López reprendió con dureza al comandante de la Policía de la ciudad, a quien le cuestionó si existe una orden superior para “dejar hacer, dejar pasar”, cuando se trata de hechos como el ocurrido con uno de los sitios más representativos de los católicos del país. Para López, esta especie de “laissez faire, laissez passer” (dejen hacer, dejen pasar) obedecería a un saboteo institucional a los recientes anuncios del Gobierno nacional. Luego se supo –también por un video– que fueron algunos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá –subalternos de López– quienes obstruyeron el paso de la Policía.

Pero más allá de la controversia, lo que sí resulta evidente es que las autoridades de policía se encuentran en una especie de limbo que les impide a algunos oficiales actuar con celeridad y eficacia para controlar situaciones de grave alteración de orden público. La autoridad no puede asumir una conducta omisiva ante la realización de un delito, como es el vandalismo. Su obligación es responder de inmediato con prontitud y eficacia, pero también con estricto apego a la ley. ¿Qué hubiese pasado si la Catedral Primada es incinerada por las vándalas? ¿Debió la Policía esperar que se consumara esa acción terrorista? La ciudadanía espera de la autoridad eficiencia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

¿Nuevo protocolo vs Estatuto para el Manejo de la Protesta Social?

A propósito del nuevo protocolo de la Policía Nacional para hacerle frente a las marchas y protestas, vale preguntarse: ¿Qué pasó con el Estatuto Nacional para el Manejo de la Protesta Social, expedido el año pasado, que no descarta el diálogo, pero tampoco les impide a los policías actuar contra el vandalismo? ¿Qué sentido tiene “maniatar” a la Policía para que enfrente con rigor a los vándalos? La fuerza legítima del Estado debe aplicarse cuando se requiera poner fin a situaciones que comprometan la integridad y la vida, tanto de los uniformados como de la propia ciudadanía. Es necesario que los altos mandos de la Policía, encabezados por su director, precisen los verdaderos alcances del nuevo protocolo, así como sus limitaciones.

Lo que no puede ocurrir es lo que está sucediendo: que los policías no tienen claridad sobre su proceder. Y eso es lo peor que puede pasar a la hora de afrontar y manejar asuntos tan delicados y complejos como una marcha o una protesta masiva. Esa falta de claridad en las directrices, cuando se trata de instituciones jerarquizadas con mandos establecidos y con personas en condición de subordinación, termina no solo generando confusión, sino prestándose para corrupción y abusos.

La propiedad privada no se toca

Si bien es cierto que el diálogo debe ser el mecanismo indicado para superar toda situación de conflicto, como bien lo promueve el gobierno de Gustavo Petro, no es menos cierto que las vías de hecho también deben afrontarse y superarse mediante el ejercicio de la autoridad. La invasión de una finca, cuya propiedad es legítima y no está sujeta a ningún tipo de controversia jurídica o legal, es una acción que debe ser respondida sin dilaciones por la autoridad, tanto civil como policial. No hacerlo es darle patente de corso para que en el futuro ese tipo de acciones crezcan de forma exponencial. La propiedad privada debe defenderse sin ningún tipo de titubeos. Punto. Los “carteles de invasores profesionales”, que tienen en la ocupación de predios rurales la fuente ilegítima de sus ingresos, deben ser combatidos sin contemplación.

De igual manera hay que hacerlo con aquellas organizaciones criminales que estarían detrás de ese perverso y lucrativo negocio. El Gobierno nacional no puede prestarse para que estas actuaciones delictivas pululen a lo largo y ancho del país. Las declaraciones de algunos ministros y hasta del propio presidente Petro, en las que no asumen una actitud clara y contundente en la defensa de la propiedad privada, podrían prestarse para fomentar invasiones de predios legítimos y productivos. Ese mensaje contundente –por desgracia– sigue sin llegar.

El 2021| fue el año del paro nacional y las protestas masivas en Colombia.Archivo
Ministro, no es la protesta social la que se penaliza: ¡es el terrorismo!

A la controversia por la cuestionada inacción de la Policía para hacer frente a las marchas y protestas se sumó la declaración del ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien refiriéndose a ese asunto declaró que se hace necesario una “pequeña reforma legal”, cuyo fin no es otro que la “eliminación de la penalización de la protesta social”. “Es cierto que la criminalización de la protesta social viene por la forma como un juez o un fiscal interpreta la conducta que cometieron quienes protestaron, pero el asunto se ha tornado tan grave y tan contrario a compromisos internacionales de Colombia que creemos que es necesario hacer una modificación legislativa para que no se emplee el tipo penal de terrorismo o concierto para delinquir”.

Al ministro Osuna habría que decirle con absoluta claridad y contundencia que lo que se penaliza no es la protesta social, sino los hechos vandálicos y actos de terror que se derivan de algunas de ellas. Por supuesto que el derecho a la protesta cuenta con amparo constitucional y debe tener plenas garantías. Pero no así la violencia que se deriva de las mismas. Para decirlo con nombres propios: lo que hicieron algunos miembros de la llamada Primera Línea durante el paro nacional del año pasado fueron “actos de terror” y su conducta criminal tiene que ser sancionada y condenada. Punto. Ese comportamiento no puede tener ningún tipo de justificación, ni por el ministro de Justicia, ni por el propio presidente, que desde sus tiempos de candidato pide su excarcelación.

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