Luces y sobras navideñas

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La primera razón que argumentó Alejandro Ordóñez para aspirar a ser reelegido Procurador General de la Nación fue que la Constitución de 1991 se lo permitía; es decir que se trataba de un acto legal. “Aspiro porque no está prohibido”, fue la respuesta que dio siempre que se le preguntó por su deseo de permanecer en el cargo. Ordóñez es de esos funcionarios que creen que todo aquello que no está expresamente prohibido por la Ley, está permitido, lo que resulta por lo menos curioso siendo quien es, el Jefe del Ministerio Público, vocero natural de la comunidad y hombre de profundas convicciones religiosas.

Bajo esa premisa, era apenas natural que una persona en la que se mezclan por igual la ambición y la vocación de servicio deseara perpetuarse en un cargo que le permite cumplir plenamente con sus propósitos. Pocos funcionarios ostentan el poder del Procurador General. Para empezar, tiene en sus manos la suerte de quienes lo eligen o, mejor, lo reeligen, como acaba de suceder. Y si bien es cierto que ello no es ilegal, pues la Ley lo permite, sí es inmoral. ¿No es acaso un acto de inmoralidad el hecho de que Ordóñez, prevalido de su condición de privilegio, aspirara a mantenerse en el cargo y para ello aceptara hojas de vida de quienes iban a votar por él, como lo reconoció cuando admitió que varios senadores le hicieron llegar las recomendaciones de sus pupilos, como también se las hicieron llegar otras personas, según propias palabras?

Aunque Ordóñez no ve nada de malo en ello, es evidente que tiene pésima presentación que el Procurador reciba hojas de vida y nombre a recomendados de políticos o de magistrados de las altas Cortes.

De hecho, cerca de 30 senadores debieron declararse impedidos para votar por él, varios de ellos por estar siendo investigados disciplinariamente y otros por tener familiares trabajando en la Procuraduría, independientemente de si reúnen o no los requisitos para ocupar esos cargos. ¿Cómo nos garantiza Ordóñez que ellos fueron nombrados por sus calidades humanas y profesionales y no por tener de padrino a un senador de la República, como ocurrió, por ejemplo, con la esposa de Roy Barreras, Presidente del Senado y uno de sus jefes de campaña? ¿No es eso un acto de corrupción? Pero el comportamiento inmoral no es sólo de Ordóñez. Los mismos senadores que lo eligieron no tuvieron ningún empacho para cantar su respaldo mucho antes de que se conocieran los nombres de los otros dos ternados.

Esa fue la razón por la cual cuando el presidente Santos anunció que su candidata sería María Mercedes López, la inmensa mayoría de los senadores oficialistas le dijeron que su voto estaba comprometido con Ordóñez. “No tuve garantías”, fue la lacónica frase con la que López declinó su aspiración horas antes de la votación. ¿Esa falta de garantías no es acaso un acto inmoral?
Ahora, cuando ya Ordóñez fue reelegido y su afrentosa escogencia no tiene reversa alguna, salen los senadores a decir que hay que acabar con la figura de la reelección del Procurador General porque no es conveniente para el sistema democrático. Es decir, después de que se untan las manos de mermelada y quedan todos ahítos, proponen que hay que prohibir su venta y consumo porque hace daño para la salud. Difícil encontrar a personas más descaradas y cínicas. ¡Pero qué le vamos a hacer, esa es Colombia!

Por Óscar Montes
[email protected]
Twitter: @leydelmontes

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