Por cuenta de La Haya, Santos vive su peor momento

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Por Óscar Montes

Ni los más pesimistas integrantes del Gobierno, empezando por el presidente Juan Manuel Santos y los miembros de su gabinete, se llegaron a imaginar la magnitud del ‘tsunami’ que ocasionó el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en materia política y de aceptación por parte de los colombianos.

Y es que los resultados de las últimas encuestas, entre ellas la de Ipsos Napoleón Franco –realizada para RCN Radio y Televisión, La FM y revista Semana– muestran un desplome en la imagen presidencial y un desánimo generalizado por parte de la gran mayoría de los colombianos, ambos relacionados con el trascendental veredicto emitido desde La Haya.

Es decir que Colombia no solo perdió 75.000 kilómetros cuadrados de mar en el archipiélago de San Andrés, sino que Santos también empezó a perder posibilidades reales de ser reelecto, pues su favorabilidad pasó del 60 por ciento en septiembre a tan solo el 45 por ciento en la última medición, cuya recolección de información se hizo después de conocido el fallo de La Haya.

El costo político que está pagando Santos es muy alto, aunque también hay que reconocer que no es el único responsable del funesto resultado para la soberanía nacional, puesto que por lo menos tres gobiernos anteriores tienen culpabilidad directa en el zarpazo que acabamos de sufrir en nuestro mar territorial.

Lo que realmente le están cobrando los colombianos a Santos es el manejo errático del tema, tanto es así que hoy nadie sabe qué piensa el Gobierno, concretamente el Presidente, y qué solución les va a ofrecer a los colombianos, especialmente a los habitantes de San Andrés y todo el archipiélago.

Juan Manuel Santos quedó en el peor de los mundos

Si se tratara de encontrar al gran damnificado del fallo del Tribunal de Justicia de La Haya no hay duda de que ese es Juan Manuel Santos, quien ahora tendrá que remar muy duro para recuperar los 15 puntos que perdió por cuenta del polémico veredicto. A ello se suma que, según la encuesta de Ipsos Napoleón Franco, el 54 por ciento de los colombianos se declaró insatisfecho con la gestión realizada por el Jefe del Estado. Santos quedó, pues, en el peor de los mundos en materia de aceptación por parte de los colombianos. En el caso de Santos, estos dramáticos resultados tienen nombre propio: no a la reelección.

Tanto es así que el 61 por ciento de los encuestados manifestó abiertamente que no respaldará el nombre del actual mandatario para un segundo período. El impacto del fallo, cuyo resultado adverso no estaba en los planes de la Cancillería, que ni siquiera había considerado ese escenario, produjo un ‘estado de nervios generalizado’ en el alto Gobierno hasta el punto que pocos saben qué está pensando realmente Santos: ¿Desacatar el fallo? ¿Dilatar su aplicación? ¿Entenderse directamente con Daniel Ortega para firmar acuerdos bilaterales?

¿Y dónde está el piloto?

Si Santos puede considerarse el gran damnificado del fallo de La Haya, el país es el gran perdedor, pues la decisión del alto tribunal internacional elevó de inmediato los niveles de pesimismo de los colombianos, hasta el punto de que tan solo el 31 por ciento cree que el país va por buen camino.

Ello significa que el restante 69 por ciento piensa que el país va por mal camino y el responsable de ello no es otro que quien está al frente del barco. En otras palabras, los colombianos están a la espera de que asuma el control y envíe señales en el sentido de que la situación, aunque delicada, está bajo control. Y eso es lo que, al menos hasta ahora, no se nota.

Todo lo contrario: el Santos que hemos visto los colombianos luce nervioso, dubitativo y desbordado por la situación. Retirarse del Pacto de Bogotá de 1948, por ejemplo, fue una decisión acertada, pero su anuncio fue percibido por la opinión pública como tardío, pues no entendió que de lo que se trata es de no seguir perdiendo mar territorial y no de recuperar el que ya se perdió por cuenta del fallo.

Más acción y menos palabras con respecto a San Andrés

De acuerdo con la encuesta de RCN Radio y Televisión, La FM y revista ‘Semana’, el 92 por ciento de los sanandresanos no quieren que el Gobierno acate el fallo del Tribunal de La Haya. De hecho, la manifestación de la semana pasada en la Isla fue interpretada no solo como un rechazo al veredicto, sino como una manifestación de soberanía por parte de los habitantes de las islas.

El 83 por ciento del resto de los colombianos también se oponen a la aceptación del fallo. La indignación de los colombianos en general y de los isleños en particular debe encontrar respaldo en el alto Gobierno no con palabras, sino con hechos concretos. El primer indignado con lo que ha pasado debe ser el Presidente de la República y dicha indignación debe traducirse en hechos concretos.

La emergencia económica –anunciada por Santos en plena crisis– aún sigue sin concretarse y es bastante probable que termine enredándose en los vericuetos de la burocracia oficial. Mientras tanto, los sanandresanos siguen navegando en el mar de la incertidumbre. ¿Por qué Santos no designa un alto consejero presidencial que sirva de puente con su despacho y se ocupe de gestionar directamente con el alto Gobierno todos los asuntos de la Isla? ¿Por qué el Gobierno no diseña y ejecuta un plan de desarrollo que les permita a los isleños poner en marcha programas de pesca artesanal que garanticen su supervivencia y una mejoría notable en sus ingresos? Es hora de que el Gobierno pase de las palabras a los hechos.

Se enredada el proceso de paz

Cuando en septiembre pasado se concretaron los diálogos de paz con las Farc, los colombianos reaccionaron positivamente a los anuncios. De hecho, Santos logró en esa oportunidad romper la tendencia negativa que venía mostrando en las encuestas hasta el punto de que subió considerablemente en los niveles de aceptación.

Pero ocurre que el ‘tsumani’ de La Haya también terminó arrastrando el optimismo de los colombianos con respecto al futuro de las conversaciones con las Farc, hasta el punto de que el respaldo a las mismas pasó del 77 al 57 por ciento.

Es decir, a Santos se le desplomó la imagen, se le complicó la reelección y se le enredó la negociación con las Farc, todo por cuenta del fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, algo en lo que, para ser justos, tan solo es responsable en parte, pues es evidente que los gobiernos anteriores son tanto o más responsables que el propio Santos, cuya gran responsabilidad ha radicado en el manejo errático que le ha dado a la crisis desde que la misma empezó.

Por Óscar Montes


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