La ley del Montes | La paz total de Petro

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POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

El presidente Gustavo Petro, su canciller Álvaro Leyva y el presidente del Congreso, Roy Barreras, andan muy entusiasmados hablando de lo que ellos llaman la “paz total”, que para sorpresa de muchos parece ser el programa bandera del nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Por lo pronto, Petro le ha dedicado más tiempo a este asunto que a la propia reforma tributaria, que sin duda producirá un gran impacto en todos los colombianos y no sólo en los “4.000 ricos del país”, como prometió el nuevo mandatario. Hasta la propia lucha contra la corrupción parece hoy amarrada a la suerte de la “paz total”.

Llama mucho la atención que la promovida “paz total” jamás fue un tema de campaña. El entonces candidato se ocupó de ese asunto en un par de oportunidades, pero sin darle la carga de profundidad que hoy parece tener. Lo poco que se conoció del asunto ni siquiera fue publicitado por el candidato Petro, sino descubierto por los medios de comunicación.

Fue lo que sucedió con la visita a la cárcel La Picota del hermano de Petro y del hoy comisionado de paz Danilo Rueda. De esa reunión trascendió el supuesto ofrecimiento de “perdón social” a narcotraficantes y extraditables, que es casi decir lo mismo.

Gustavo Petro no es el primer Presidente que se embarca en negociaciones con grupos criminales sin haberse ocupado del asunto -al menos públicamente- durante la campaña. Álvaro Uribe de candidato nunca habló de negociar con los paramilitares y terminó con convirtiendo esa negociación en una de las piezas más importantes de su Seguridad Democrática. Belisario Betancur jamás habló de negociar con el M-19 y terminó reunido con sus jefes en Madrid, España.

En su propósito de alcanzar la “paz total”, el presidente Petro abrió varios frentes. Uno de ellos es el ELN, que ya hizo trasladar a La Habana al canciller Leyva y a una numerosa delegación de congresistas de la que hacía parte -¡por supuesto!- el muy activo senador Barreras. Hasta el momento desconocemos las contraprestaciones que exigió el Gobierno Nacional a esa “banda armada”.

En ese mismo sentido y con ese mismo propósito, es de presumir que la orden del ministro de Defensa, Iván Velásquez, a las Fuerzas Militares de no bombardear campamentos de organizaciones guerrilleras -léase ELN- cuando se tenga la información sobre presencia de menores de edad, parece ser toda una concesión a una organización subversiva, que uno de los crímenes de lesa humanidad que más comete es precisamente el de reclutamiento de menores.

El otro frente abierto por Petro en su afán por alcanzar la “paz total” tiene que ver con la delincuencia común organizada -léase Clan de Golfo, Rastrojos, Pachencas y otras organizaciones criminales- a las que se les ofrece garantías de no extradición a cambio de que negocien con el gobierno colombiano y se comprometan a dejar esa actividad ilegal. Es decir, hablen con nosotros y se salvan de un “carcelazo” en Estados Unidos.

Este último ofrecimiento sorprendió a la propia delegación de Estados Unidos que se entrevistó con Petro en la Casa de Nariño. El más asombrado fue el jefe de la delegación, Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de ese país, quien no esperaba semejante revelación por parte de Petro.

Gupta quedó en dar respuesta formal por parte de su gobierno en las próximas semanas, luego de evaluar los alcances de la oferta, pues para Estados Unidos la extradición es una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, Estados Unidos es el país que más solicitudes de extradición presenta a Colombia por el delito de narcotráfico.

De todos los frentes abiertos por el Gobierno en la búsqueda de la “paz total”, lo único que conocemos es la zanahoria ofrecida por Petro. Pero los colombianos ignoramos el garrote que también debe acompañar los ofrecimientos del Ejecutivo. Por esa razón, queda en el aire la percepción de que asistimos a la entrega del Estado a los delincuentes.

En otras palabras, la sensación que queda es que el Estado no está negociando con los criminales, sino que se está entregando.

¿Qué hay detrás de la sorpresiva, ambiciosa y muy arriesgada “paz total” de Petro?

La extradición: narcos ahora prefieren una cárcel en Estados Unidos

Desde la década de los 80, la lucha de los narcotraficantes colombianos ha sido por no ser extraditados a los Estados Unidos. La bandera de la no extradición y la macabra consigna de “preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, causó miles de muertos en el país, entre candidatos presidenciales, comandantes de Policía, ministros y directores de medios de comunicación.

El país recuerda con horror la guerra de Pablo Escobar y el cartel de Medellín contra el Estado colombiano. Por órdenes del capo narcotraficante, sus lugartenientes volaron aviones, dinamitaron edificios y asesinaron ministros, periodistas y oficiales de la Policía. Entre los 80 y los 90, Colombia vivió la década más violenta de su historia reciente. No obstante, hoy la historia es distinta: los narcos le temen mas a la Justicia en Colombia que a la de Estados Unidos. ¿La razón? En Colombia por el delito de narcotráfico podrían pagar hasta 30 años de cárcel, mientras que en Estados Unidos negocian 5 años de prisión y salen a los 3. De paso aprenden inglés, que en Colombia siempre es un plus.

Es tan evidente esta situación que desde el 2011 se reformó el Código de Procedimiento Penal -¡a petición de ellos!- para introducir la figura de la “extradición simplificada”, que era impensada en los años 80 y 90. Con esta forma de extradición los narcos aceleran su envío a Estados Unidos, renuncian a cualquier alegato en Colombia y solo piden a la Corte Suprema y al gobierno que le den vía libre a su traslado a las cárceles del “Tío Sam”. Al parecer, Petro se quedó con la figura de los 80 y 90 y desconoce la nueva realidad.

No extradición de narcos, imposible sin Estados Unidos de aliado

La nueva realidad indica que la extradición dejó de ser el “garrote” con el que ambos gobiernos -Colombia y Estados Unidos- amenazaban a los narcos. Lo que sí es cierto es que las condiciones favorables de detención de los narcos en USA solo aplican para los “narquitos”, pero no para los capos. Gilberto Rodríguez acaba de morir en una cárcel. A Carlos Lehder casi no lo sueltan. Y a alias Otoniel no le va muy bien.

De modo que debemos entender que la oferta de no extradición de Petro es para los capos. Y eso si es un problema muy grave, porque si algo ha demostrado la historia del narcotráfico en Colombia es que a “rey muerto, rey puesto”. Es decir: todos los capos son reemplazables. En los 80 y 90 fueron dados de baja Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha con cientos de sus lugartenientes. Los Rodríguez Orejuela fueron capturados, al igual que El Caracol y muchos más. Pero el negocio se mantuvo intacto. El tráfico no disminuyó un gramo. Llegaron nuevos capos, que siguen en el negocio. Los mandos medios ascienden.

Y esta parte de la historia tiene un protagonista con el que debe contar Petro: Estados Unidos, que ha definido la política antidrogas de Colombia en las últimas décadas. Y la política de Estados Unidos depende del gobierno de turno: con los demócratas se puede hablar del asunto, con los republicanos no existe la menor posibilidad. Es decir: sin Estados Unidos la no extradición de narcos puros de Petro no tiene futuro. No pasaría de ser una botadera de corriente. Punto.

Gobierno debe decir cuanto antes cuál será su política de sometimiento

El Código de Procedimiento Penal entrega instrumentos legales al Presidente Petro para que no extradite a los narcos si no quiere hacerlo. Esta es una lectura jurídica de la situación. Para empezar, el concepto de la Corte Suprema de Justicia -si es favorable- no obliga al Presidente a extraditar. Todo lo contrario: lo deja en libertad de ejercer su discrecionalidad. Pero, además, hay una norma legal que le permite diferir la entrega de los extraditables con procesos en Colombia (Art 504).

De manera que si el capo ha negociado, entregado bienes, confesado rutas y devuelto dinero, el gobierno puede, en principio, diferir su entrega. O pueden condenarlo a penas largas, pero en libertad, con la seguridad de no ser extraditados si cumplen todos los compromisos adquiridos. En todo caso el gobierno necesitará de reformas legales para llevar a cabo la negociación de esta clase de delitos, en lo que tiene que ver con la entrega de bienes y definir el porcentaje de lo que se pueden quedar, puesto que dejarlos en absoluta precariedad económica podría servirles de pretexto para volver a delinquir.

De cualquier manera el Gobierno debe decidir con prontitud su política de sometimiento. En ese sentido sería bueno que tuviera en cuenta los de César Gaviria, que permitieron la entrega de Pablo Escobar.

También facilitó el sometimiento de los hermanos Ochoa Vásquez y de otros capos de menor renombre. El proceso fracasó en el caso de Escobar, que terminó fugándose de la cárcel La Catedral, aunque hay quienes sostienen que ese fue el principio del fin del capo.

Sin presencia del Estado es imposible la “paz total” de Petro

Pero más allá de reformas a los códigos y de nuevos incisos y nuevos parágrafos, lo que de verdad necesita la “paz total” de Petro es llevar el Estado a donde nunca ha ido. Mientras siga ausente, ninguna paz servirá: acaba de pasar con las Farc, cuyos territorios abandonados fueron ocupados por el ELN y otras bandas criminales. Justicia y Paz -que sirvió para desmovilizar paramilitares- todavía sigue sin condenar a autores de masacres y demás delitos.

Mientras el Estado no solo no llegue, sino que huya para no asumir responsabilidades, entonces toda paz fracasará, incluyendo la “total” de Petro. En lugar, por ejemplo, de obligar al ELN a no seguir reclutando menores, como condición mínima para sentarse a negociar, lo que el Ministerio de Defensa, en cabeza del ministro Iván Velásquez, les ofrece es la suspensión de los bombardeos en caso de tener información de la presencia de menores en sus campamentos.

¿Cuál será el resultado? No hay que ser adivino para saberlo: se incrementará el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales que los utilizarán como “escudos humanos” para impedir cualquier tipo de ataque aéreo. ¿No es mucho mejor comprometer al ELN a no reclutar menores, si quiere negociar con el gobierno? La “paz total” no puede convertirse en “impunidad total”.

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