Ley del Montes | ¡Qué susto…!

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POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

Mientras los sectores productivos del país hacen grandes esfuerzos para tratar de ver el vaso medio lleno, en lo que tiene que ver con el futuro de la economía, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, prefiere verlo medio vacío. Acaba de suceder con las extraordinarias cifras de crecimiento que mostró el país durante el segundo trimestre del año. Ninguna nación registró el crecimiento colombiano del 12,6 por ciento. Las tres grandes potencias estuvieron lejos de esa cifra: China (0,4 %), Alemania (1,5 %) y Estados Unidos (1,6 %). Se trata de un logro gigantesco y por ello habría que hacerle el reconocimiento al expresidente Iván Duque y al exministro José Manuel Restrepo.

En medio de un escenario internacional bastante agitado –con la invasión de Rusia a Ucrania aún sin solución y con una inflación en Estados Unidos disparada– que Colombia mantenga un positivo ritmo de crecimiento debe resaltarse. Todo ello, después de superar la más cruel y despiadada pandemia de las últimas décadas.

El ministro Ocampo, sin embargo, ha optado por desinflar los globos optimistas que empezaban a elevarse. En efecto, acaba de advertir en Cartagena –durante la convención de Asobancaria– que “el crecimiento económico se desacelerará este año”. Ocampo cree que fenómenos internacionales, como la inflación, terminarán pasándole cuentas de cobro al país.

El ministro tiene razón en su pronóstico, pues es obvio que en las actuales circunstancias la economía no podrá seguir registrando los indicadores de crecimiento de hoy. Pero también sería muy bueno que el Gobierno nacional comience a enviar señales amigables al sector productivo, que es el que sostiene el ritmo de crecimiento. Los anuncios altisonantes y rimbombantes de algunos funcionarios –recibidos con aclamación por la galería– terminan golpeando al aparato productivo nacional, pues desestimulan la inversión. Nadie invierte si no hay garantías y no se tienen reglas claras de juego.

Esta situación se presentó, por ejemplo, con el anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, de no autorizar más contratos de exploración minera, pues el Gobierno espera que el país tenga reservas de gas suficientes. Pero si no es así –dijo la ministra– entonces se le comprará gas a Venezuela. En plata blanca, ello significa comprometer la soberanía energética nacional. Ni mas ni menos. Así lo entendieron los gremios del sector y así se lo hicieron saber a la ministra Vélez.

En lo que tiene que ver con el sector productivo agropecuario el asunto no es menos complejo, ni menos confuso, ni menos grave. Las buenas intenciones de la ministra Cecilia López, en el sentido de buscar una mayor productividad mediante una mejor distribución de la tierra, para que más personas tengan acceso a la misma, podría golpear duramente un sector fundamental de la economía, como es la ganadería.

El sector ganadero ha pasado por las más duras pruebas, como la reciente pandemia, pero jamás ha dejado desabastecidos los mercados, ni nacionales ni internacionales. Pero, además, años atrás también soportó la más cruel y sangrienta arremetida de los grupos guerrilleros, que se ensañaron con quienes tenían como único pecado dedicarse a la ganadería. La lista de ganaderos secuestrados y asesinados en Colombia es interminable. Y la lista de familias ganaderas que quedaron en la ruina por cuenta del pago de extorsiones y secuestros también.

Ahora –una vez más– los ganaderos cargan con los graves señalamientos de ser los grandes deforestadores del país, los mayores acaparadores de la tierra y peligrosos enemigos de la paz.

Un país como Colombia no puede darse el lujo de quebrarle el espinazo a sectores productivos fundamentales para la buena salud de su economía, como el energético y el agropecuario. El país no puede repetir la tragedia que vive Venezuela, que en manos del chavismo abandonó el campo y descuidó el sector energético. Hoy paga las consecuencias de ese abandono, tanto es así que el propio Nicolás Maduro acaba de invitar a los inversionistas extranjeros a apostarle de nuevo a Venezuela, después que los sacaron corriendo. ¿Cómo debe manejar el Gobierno nacional sus relaciones con sectores fundamentales para la economía nacional?

Justicia ambiental sí, pero sin comprometer la soberanía energética

“Tenemos reservas de gas de siete a ocho años. Si necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer la conexión de transporte de gas con Venezuela. Si nuestras reservas no fueran suficientes para el autoabastecimiento, necesitamos soluciones, que podría ser conectarnos con otros países”. Estas explosivas y alarmantes declaraciones de la ministra Irene Vélez causaron un enorme impacto y dispararon las alarmas en el sector energético. Colombia no puede entregar en bandeja de plata su soberanía energética a Venezuela. Punto. La defensa del Medio Ambiente –oferta de campaña de Gustavo Petro– no puede comprometer nuestra soberanía energética. La promoción de la justicia ambiental –con la que todos estamos de acuerdo– no puede llevar al país a depender de terceros y menos de un país como Venezuela, que no es precisamente un modelo a seguir, ni en la defensa del Medio Ambiente, ni tampoco en el buen manejo de su política energética. Intensificar las energías alternativas –que es la gran apuesta del gobierno Petro en esta materia– puede realizarse mediante la práctica de una transición que no genere ni caos ni traumatismos. En ese terreno tan sensible para nuestra economía es bueno que el Gobierno pise con mucha precaución.

Transición energética, ¿para cuándo y de qué forma?

En Colombia 36 millones de personas se benefician del gas natural. Por esa razón, cualquier anuncio gubernamental que afecte su bienestar debe ser analizado con sumo cuidado. No se trata –por supuesto– de oponerse a una política puesta en marcha por el gobierno, que contó, además, con gran respaldo en las urnas. De lo que se trata es de ejecutarlas sin comprometer no solo la prestación eficiente del servicio, pero sobre todo de no afectar la soberanía energética del país.

En buena hora la ministra Vélez, luego de reunirse con la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, y de escuchar a distintos representantes del sector, anunció que el Gobierno seguirá con su política del uso responsable de nuestros recursos, incluyendo el gas, pero sin comprometer la soberanía energética. Pese al nuevo anuncio –que envió un parte de tranquilidad– en el sector aún hay voces que esperan decisiones más contundentes que sirvan para generar confianza en los inversionistas. Se puede acelerar la transición –una de las preocupaciones del presidente Petro–, pero sin comprometer la independencia energética del país.

¿Es suficiente la sola propiedad de la tierra? ¿Y los créditos y los estímulos?

La ministra de Agricultura, Cecilia López, inauguró su gestión con una frase impactante y contundente: “La tierra en Colombia está muy concentrada y la productividad de ellas es muy baja”. “En la región Caribe –dijo la Ministra– hay extensiones fértiles donde uno se encuentra con una cabeza de ganado cada hora: los propietarios pagan impuestos o la vuelven productiva o se distribuye”. Una frase similar a la de la ministra López había lanzado el senador Gustavo Bolívar, quien no conoce mucho del sector, luego de un recorrido proselitista por Córdoba. Era apenas obvio que una frase de tan grueso calibre despertara duras réplicas. Una de ellos corrió por cuenta de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien ripostó de esta manera: “¿Es improductiva una tierra en la que pasta, en promedio, menos de una vaca por hectárea? No necesariamente; puede ser muy productiva agrológicamente y –en ese caso– lo que está es subutilizada.

Pero en muchos casos se trata de tierras de baja fertilidad y realmente improductivas”. Lafaurie sostiene, además, a propósito de lo planteado por la ministra López, que “la sola propiedad de la tierra no saca a nadie de la pobreza”. El tema es –sin duda– de fondo, pero requiere de un debate profundo que vaya mucho más allá de los efectistas titulares de prensa. Tiene razón la ministra cuando plantea la necesidad de masificar la titulación de tierras y dárselas a quienes carecen de ella. Pero también es cierto, como plantea el presidente de Fedegán, que la sola propiedad de la tierra no es suficiente, pues se requiere de créditos, estímulos y herramientas que las vuelvan productivas. El solo título de propiedad no es suficiente y Colombia ya vivió esa experiencia a finales de los 60 y comienzos de los 70.

Pequeños ganaderos, más que latifundistas y terratenientes

El debate sobre la propiedad y producción de la tierra, planteado a partir de titulares de prensa, ha terminado por estigmatizar la figura del ganadero. Hoy ser ganadero en Colombia equivale a latifundista y terrateniente, que es algo así como ser explotador y acaparador de tierras. Nada más alejado de la realidad. El 80 por ciento de los ganaderos del país son pequeños ganaderos, según estudios realizados por Fedegán. Se trata de humildes campesinos con una pequeña parcela y con unas cuantas cabezas de ganado para su sustento. Cuando la ministra plantea que el pago de impuestos es el mejor mecanismo para volver productiva la tierra, ¿está pensando en esos pequeños ganaderos o en el terrateniente, feudalista y explotador, figura que está en la mente de muchos funcionarios del Gobierno? Cualquier medida que se adopte pensando en los “ganaderos terratenientes” terminará por afectar a más de 350.000 familias que viven del comercio de la carne de res y de sus derivados.

El sector productivo agropecuario va mucho más allá de la figura que muestran quienes hoy definen la política pública del campo colombiano para los próximos años. Decisiones gubernamentales que desestimulen la actividad ganadera podrían producir el efecto contrario al que pretende el gobierno, que es dinamizar la productividad rural en el país.

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