Fuero Militar pasa a último debate en el Congreso

BOGOTA, 27 de Noviembre ­_RAM_ Con 12 votos a favor, y 3 en contra, fue aprobado en penúltimo debate, en la Comisión Primera de Senado, el proyecto de ley que busca reformar a la justicia penal militar. De momento, solo resta un debate en plenaria y la conciliación con la Cámara de Representantes, para integrarse al ordenamiento jurídico colombiano.

Las modificaciones tuvieron que ver con la prohibición de que queden entre los delitos que serán parte de la Justicia Penal Militar los relacionados con la desaparición forzada o conocida como falsos positivos, el desplazamiento forzoso, las violaciones sexuales y la tortura. A esa lista se suman los que venían aprobados de Cámara: lesa humanidad, genocidio y desaparición forzosa.

De acuerdo con el senador ponente Armando Benedetti, la inclusión de estos delitos, que serán conocidos por la justicia ordinaria, «excluye específica y taxativamente de la jurisdicción castrense aquellas graves violaciones a los Derechos Humanos que, por decisión del Congreso de la República, rompen ipso jure la relación con el servicio”.

“Aquí no se pretende reformar la Constitución para que el fuero sea interpretado como instrumento de impunidad. No se trata de encubrir criminales, simplemente por ser miembros de fuerza pública. Es una garantía institucional”, explicó el senador Juan Manuel Galán.

Y precisó que el Fuero Militar se justifica,” porque los militares arriesgan su vida personal en cumplimiento de sus funciones y requieren la protección especial de la sociedad”.

El senador liberal afirmó: “creo que este es el camino correcto, para que el país avance en justicia, y miembros de fuerza pública puedan tener juzgamiento adecuado”.

Por su parte, el senador Juan Carlos Vélez de la U, precisó que el proyecto es importante, para solucionar problemas complicados. “Hay once mil militares procesados, de los cuales, unos 3 mil son investigados por la fiscalía”.

También cuestionó a la Corte Constitucional, de la cual preguntó que si tiene funciones legislativas, que aclaren esa situación y manifestó su preocupación de incluir el desplazamiento forzado como delito, porque según el congresista, “las fuerzas militares no generan esa condición, y que protegen la población para evitar que incurran en esos riesgos innecesarios”.

Vélez explicó la necesidad de la creación del fondo para financiar el sistema de defensa técnica y especializada de fuerza pública.

“Policías y soldados enfrentan delincuencia, la guerrilla y las bacrim, y ahora necesitan un uniforme y también un abogado. Por qué no defender soldados y policías, cuando ellos participan en combate y ahí un muerto, por qué se dejan solos, y tienen que vender sus propiedades para defenderse. La defensa de un soldado es muchos más eficaz que los helicópteros y aviones que se van a comprar”, afirma.

Dos de los opositores al proyecto, los senadores Parmenio Cuéllar y Luis Carlos Avellaneda, cuestionaron que los militares de alto rango no sean investigados por este Tribunal, pero sí por la Corte Suprema de Justicia, “¿No son militares también?, expresaron.

Para estos congresistas, este Tribunal no garantiza la imparcialidad. Tampoco comparten que se conforme el Fondo de Defensa, y recomiendan que se crea en la Defensoría del Pueblo, una unidad encargada de defender a la fuerza pública.

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que la iniciativa permitirá ejercer la labor constitucional que tienen las fuerzas militares.

“Soldados y Policías derraman sangre en todo el territorio y lo hacen para enfrentar terroristas y narcos. Eso lo hacen sobre la certeza que cuando utilizan fuerza, lo hace de manera legítima, y están cobijados por un marco legal jurídico”, dijo.

Pinzón dijo que respeta la decisión de los ponentes de ampliar la lista de los delitos excluidos, “al hacer esto de una u otro manera se acogen preocupaciones de algunos activistas y conocedores de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, no me cabe duda que podemos avanzar con una reforma que el país necesita”.

Insistió en que el fuero militar para la fuerza pública “no son beneficios extraordinarios, ni distorsión de las facultades de los soldados y policías”.

De acuerdo a la presidenta de la Comisión I, Karime Mota, en una semana los ponentes deberán tener lista su ponencia final, con lo cual la votación se daría en la segunda semana de diciembre

 

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