BOGOTA, 26 de Noviembre _RAM_ La polémica adquisición de 45 camionetas de lujo para los concejales de Bogotá, que fue denunciada, acaba de ser suspendida por orden de la Administración Distrital.
La información fue confirmada hoy por el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien señaló que, por ahora, los cabildantes seguirán usando los mismos carros que tienen asignados, y que fueron contratados mediante un arrendamiento, a finales del 2008.
En diálogo con este diario, Bonilla explicó que dicho alquiler, que se hizo con la firma Equirent, se prolongará hasta febrero del próximo año.
«Durante estos meses vamos a evaluar todas las observaciones que han surgido frente al proceso de la compra de los vehículos», anunció el funcionario.
De hecho, según trascendió, la Policía estaría pensando en realizar un estudio detallado de seguridad para determinar las especificaciones de las camionetas, ya que el plan actual contemplaba unas con características que, a juicio de expertos y de algunos concejales, «sobrepasaban lo necesario».
La compra de los vehículos la iba a a realizar la Secretaría de Hacienda Distrital, mediante la figura de una subasta electrónica a la inversa (gana el que ofrezca los vehículos al precio más bajo), y se habían pensando destinar 5.650 millones de pesos.
No obstante, luego de la denuncia se desató una ola de indignación entre los ciudadanos, que se expresó a través de las redes sociales y los comentarios en los foros virtuales.
Incluso, la Red de Veedurías Ciudadanas advirtió que, si el Distrito realizaba esa compra, la demandaría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues la consideró «ilegal», ya que sólo tres concejales (de 45) necesitan carro y un esquema de seguridad, de acuerdo con un estudio revelado por la Unidad de Protección, del Ministerio del Interior.
Por esa razón, la Red ha señalado que la Alcaldía de Bogotá no está en la obligación de suministrarles carros a los concejales de Bogotá, salvo en los casos en que se demuestre que enfrentan riesgos de seguridad.
De lo contrario, según la Red y abogados consultados por este diario, el Distrito y los concejales podrían llegar a incurrir, eventualmente, en prevaricato por acción, celebración indebida de contratos y peculado por uso. «Estamos dispuestos a denunciar todo esto», había advertido el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, quien consideró que, en los últimos años, con el alquiler y la compra de carros oficiales, «se ha impuesto la costumbre antes que el derecho».
En la actualidad, las camionetas de los concejales de Bogotá no cuentan con blindaje. Cada concejal, en promedio, cuenta con dicho vehículo, un subsidio mensual de gasolina de casi un millón de pesos al mes y un esquema compuesto por dos policías. Un cabildante en la capital del país puede llegar a ganar, en honorarios, hasta 21 de millones de pesos, por lo que algunos plantearon que ellos mismos se financiaran la adquisición de dichas camionetas.
Cuando se reveló el estudio de seguridad, que solo advirtió de riesgos para tres cabildantes, la mayoría de los concejales señaló, durante una plenaria en el Concejo, que las camionetas eran una «herramienta de trabajo», necesarias para sus desplazamientos por los barrios, pese a que el Estatuto Orgánico de Bogotá no fija, como funciones de los concejales, las visitas a barrios, tal como lo señaló el proyecto ‘Cóncejo, cómo vamos’.
De los 45 concejales, cuatro ya decidieron que no van a recibir dichos vehículos. Se trata de los cabildantes Juan Carlos Flórez (Alianza Social Independiente), Angélica Lozano (Progresistas), Olga Victoria Rubio (Mira) y Jairo Cardozo (Mira).
El presidente del Concejo de Bogotá, Darío Fernando Cepeda, ha pedido que el debate que se está dando en la ciudad se extienda igualmente a la Alcaldía y a todo el país, ante la falta de criterios técnicos en la asignación de los vehículos oficiales.
De hecho, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en medio de todo el escándalo, anunció un recorte de 1.000 carros oficiales en la Administración Distrital e hizo un llamado a la austeridad y a la autorregulación.
La bancada de su partido en el Concejo (Progresistas) dejó en libertad a sus integrantes para recibir o no el carro oficial y todos, excepto la concejal Angélica Lozano, estaban dispuestos a recibir las camionetas, cada una de las cuales se pensaba comprar por 125 millones de pesos aproximadamente.
Al Distrito también se le ha criticado la decisión de comprar los carros, pues algunos expertos, como Andrés Villamizar, director de la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, han advertido que este esquema le puede salir más costoso a las finanzas de la ciudad.
En el Congreso, por ejemplo, se optó por el alquiler. Sin embargo, a raíz de la suspensión de la compra, el debate sobre los carros de lujo para los concejales de Bogotá apenas comienza.