La ley del Montes | Los grandes retos de Petro

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Gustavo Petro logró realizar el sueño que parecía inalcanzable de la izquierda democrática nacional: ganar la Presidencia de la República.

Colombia ha sido quizás el único país del mundo donde la izquierda no había logrado gobernar. Y gobernar no significa ganar alcaldías o gobernaciones, como ocurrió con el propio Petro en Bogotá, o con Antonio Navarro en Nariño. Gobernar en este caso es estar al frente de la jefatura del Estado y encarnar la unidad nacional.

Pero al ganar la Presidencia –con la fórmula vicepresidencial de Francia Márquez– Gustavo Petro está ante el predicamento no solo de gobernar, sino también de cumplir con todas las expectativas que creó en sus 11.000.000 de votantes.

Gustavo Petro tuvo un enorme éxito político al identificarse con quienes por décadas se han sentido y han estado excluidos de las bondades de la relativa modernidad del país, así como de las comodidades que disfrutan otras capas de la población. Pero al hacerlo despertó tal cantidad de ilusiones y de esperanzas que no puede darse el lujo de fracasar.

Y lo cierto es que hay muchas personas apostándole a ese fracaso. Para empezar están los 10.500.000 sufragantes de Rodolfo Hernández, quienes más que votar por el ex alcalde de Bucaramanga lo hicieron en contra de Petro. La inmensa mayoría de esos votantes hoy piensan de la misma manera, independientemente de que Hernández ahora se haya declarado “no opositor” a Petro. Más que “rodolfistas”, esos votantes eran todos “antipetristas”, asustados por las ofertas populistas del candidato del Pacto Histórico. Muchos de ellos, inclusive, no le perdonan a Petro su pasado guerrillero.

En todo caso, la llegada de Petro a la Presidencia es sin duda un hecho histórico. El presidente electo pasó de ejercer la oposición armada a ocupar el Solio de Bolívar. Pero para dejar huella, Petro también necesita ser mucho más que el primer candidato de izquierda democrática que llegó a la Casa de Nariño: Petro tiene el deber de no ser inferior al momento histórico que está viviendo, como decían los viejos marxistas.

¿Cuáles son entonces los principales retos que deberá afrontar el nuevo presidente de Colombia?

Seguridad Nacional: ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas?

En la relación con las Fuerzas Armadas tiene el presidente Petro uno de sus más grandes retos, sino el mayor. Lo primero que tendrá que hacer es construir confianza, pues la doctrina militar colombiana está montada sobre la lógica del enemigo interno, dentro del cual el demonio hecho persona es el guerrillero. Y Petro lo fue.

Esa circunstancia por sí sola hace que un sector de las Fuerzas Armadas lo sigan viendo como su enemigo natural. A ellos les cuesta demasiado imaginárselo como su comandante supremo y como tal tienen la obligación de acatarlo, respetarlo y respaldarlo. Ese es su deber constitucional y democrático.

Quienes no se sientan capaces de asumirlo deben dar un paso al costado, como en su momento lo hicieron los generales Álvaro Valencia Tovar, en tiempos de Alfonso López, y Harold Bedoya, en tiempos de Ernesto Samper. Pero en ese plan de construir confianza es a Petro a quien le corresponde dar el primer paso.

Ello para evitar que el profesionalismo de los militares activos no se dejen contagiar por el activismo de los retirados. Tampoco es bueno dejar prosperar el militarismo de varios civiles que son más militaristas que los propios uniformados.

Defensa: ¿cuál debe ser el papel de la Policía y del Ejército Nacional?

El anuncio del general (r) de la Policía William Salamanca para que sea el jefe de la Comisión de Empalme del sector de Seguridad y Defensa cayó muy bien. Solo un grupúsculo de corruptos mostró su insatisfacción, más en privado que en público.

El general Salamanca terminó su brillante carrera como Inspector de la Policía Nacional enfrentado a su director por la investigación de unos graves hechos de corrupción. Hay quienes consideran que Salamanca sería un excelente director de la Policía, pese a estar retirado. Su caso sería similar al del general Teodoro Campo, quien –luego de su retiro también por enfrentamientos con su director– fue reintegrado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

El general Salamanca tiene claro que la Institución debe virar hacia las tareas exclusivas de la seguridad ciudadana. La Policía debe ser una fuerza civil armada, como la define la Constitución Nacional, que debe velar por la convivencia ciudadana. Todo ello es posible sin tener que eliminar al Esmad y sin tener que sacarla del Ministerio de Defensa. El Ejército Nacional, por su parte, en su Plan 20-30 tiene incluida el agua como valor estratégico nacional, una visión que coincide con las propuestas medioambientales del nuevo gobierno. Las grandes empresas del sector deben ser rentables: Indumil, Cotecmar, Satena y el Ciac, entre otras, son empresas poderosas –monopólicas casi todas– cuya rentabilidad debería ser muy alta y, por consiguiente, aportar al presupuesto del sector. El bienestar social del patrullero, soldado o suboficial debe ser prioridad.

No hay derecho al sueldo miserable que gana un soldado profesional en un país tan convulsionado como Colombia. No hay derecho a que una cita médica en la Policía Nacional demore hasta 6 meses. De manera que a partir de los puntos de encuentro –que son mayores que las divergencias– tanto el nuevo presidente como las Fuerzas Armadas deberán construir sólidos puentes de confianza.

Justicia: mucho cuidado con un holocausto institucional

En el sector Justicia el presidente electo Gustavo Petro comenzó con el pie izquierdo. El anuncio del abogado litigante Iván Velásquez como cabeza visible de la comisión de empalme del nuevo gobierno, cayó muy mal en las altas cortes y en la Fiscalía General. La filtración de su nombre como posible ministro de Justicia fue interpretada por un buen número de magistrados como “un acto hostil” por parte del nuevo gobierno.

Pero donde peor cayó el anuncio fue en la Corte Suprema de Justicia, pues tanto Velásquez, como Camilo Enciso y León Valencia, tienen demandada a esa alta Corte por la supuesta errónea elección de 7 magistrados el 28 de febrero del 2020 (tres de la Sala de Casación Penal, tres de la Laboral y uno de la Civil).

Los rumores de que ex consejeros de Estado, que aspirarían a la Registraduría Nacional, estarían haciendo lobby desde el sur del país, junto con lobistas profesionales asociados al actual Contralor General, para anular dicha elección, no tranquilizan ni a la Corte, ni tampoco al país. La razón para esa preocupación es muy simple: sería ni más ni menos que la venezolanización de la Justicia colombiana, pues se trataría de la toma hostil de la Corte Suprema por vía de una supuesta conmoción interior para que el gobierno entrante nombre a dedo a siete magistrados de la Corte Suprema. ¡Todo un holocausto institucional! El presidente electo debe andar, pues, con pies de plomo en el frente de la Justicia. Comprometer la independencia y autonomía de la Justicia debe ser una línea roja que el nuevo gobierno no puede traspasar.

Entregado el Congreso a las mieles de la burocracia, ofrecida a manos llenas por Roy Barreras, es la Rama Judicial –como históricamente ha sucedido– la que debe asumir la real defensa de la democracia, junto con las Fuerzas Armadas. El presidente Petro tiene, además, una deuda moral histórica con la Rama Judicial, pues fue su organización guerrillera la que causó el peor holocausto jamás sufrido por esa institución. Mal haría en patrocinar ahora otro holocausto, esta vez institucional contra la Corte Suprema de Justicia.

Economía: nombramiento de José Ocampo cayó muy bien

Donde más temores despertó el presidente electo es en la economía. Y ese estado de nervios aún se mantiene. Punto. La razón también es muy sencilla: Petro ofreció desde acabar con los fondos privados de pensiones hasta eliminar la independencia del Banco de la República, pasando por “democratizar” empresas del sector productivo y suspender la exploración de petróleo. Con semejantes anuncios nadie puede dormir tranquilo. A ello se sumó la cifra de la reforma tributaria proyectada por el nuevo gobierno, que aspira recaudar 75 billones de pesos.

Si por la de Carrasquilla, que tenía una meta de 25 billones, los protestantes casi acaban con medio país, ¿qué podría pasar con una inmensamente superior? Pero hay que decir que la escogencia de José Antonio Ocampo en el Ministerio de Hacienda fue un gran acierto de Petro.

Hablé con personas que conocieron la letra menuda de las condiciones para la aceptación de Ocampo y dichas condiciones son un parte de tranquilidad para el país: 1. Respeto absoluto por la independencia y autonomía del Banco de la República. 2. Expropiaciones solo las que contempla la Constitución Nacional. 3. La plata de los Fondos de Pensiones es intocable. 4. Ecopetrol debe seguir produciendo petróleo.

La economía internacional no ha favorecido el ocaso del gobierno Duque ni los albores del gobierno Petro. Dólar a 4.200, alza en los precios de los combustibles, índices de inflación altos y elevadas tasas de interés, son perspectivas nada halagüeñas. Por fortuna, las demandas de petróleo, carbón y gas están al alza y el índice de desempleo a la baja. Esperemos que esa “señora histérica”, que es la economía, no desate toda su furia en manos de Petro.

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