Nicaragua vendrá ahora por San Andrés y Providencia?

Análisis
Óscar Montes
La Ley del ‘Montes’
@leydelmontes

No habíamos terminado los colombianos de pasar el trago amargo del fallo de la Corte Internacional de La Haya, que nos quitó cerca de 100 mil kilómetros de mar territorial en el archipiélago de San Andrés, cuando tanto la canciller María Ángela Holguín como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre otros, prendieron las alarmas sobre la posibilidad que se abre de que Nicaragua reclame ahora ante ese mismo tribunal soberanía sobre el mismísimo San Andrés y Providencia.

En otros tiempos y en otras circunstancias algo así hubiera sonado totalmente descabellado, pero luego de conocer el veredicto de La Haya, que ignoró por igual el ejercicio permanente de soberanía de Colombia en el archipiélago y tratados históricos como el Esguerra-Bárcenas, es evidente que cualquier cosa puede pasar. De hecho, la gravedad del asunto fue la que logró el milagro de poner en la misma orilla al presidente Juan Manuel Santos y a su antecesor Álvaro Uribe, quien lo llamó una vez supo de la decisión tomada en La Haya.

De esta manera Uribe mantuvo la tradición de todos los mandatarios de dejar de lado las diferencias políticas y cerrar filas en torno al Presidente en ejercicio, cuando está de por medio la soberanía nacional. Así ha sido siempre y así ocurrió en esta oportunidad, pese que es por todos conocidas las pésimas relaciones que hay en la actualidad entre Santos y Uribe.

Al fallar en contra de los intereses de Colombia, el Tribunal Internacional de La Haya abrió una Caja de Pandora por la que podrían salir a relucir otros litigios en la región, como los que comprometen territorios de Panamá y Costa Rica, cuyos gobiernos anunciaron que mirarán el veredicto con lupa.

Un fallo contradictorio que debe ser revisado con urgencia

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos Calderón, tiene toda la razón al cuestionar los alcances del fallo proferido por el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, no solo por ser evidentemente contradictorio, sino porque produjo un efecto político desestabilizador en toda la región.

De tal manera que las consecuencias políticas del tsunami producido por el veredicto apenas comienzan a sentirse, hasta el punto de que la misma soberanía nacional sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconocida por ese mismo tribunal en 2007, también empezó a generar una especie de mar de leva entre altos funcionarios del Estado, como la canciller María Ángela Holguín, quien sostiene que es necesario que el país se retire del Pacto de Bogotá -que reconoce la autonomía jurídica de La Haya para resolver litigios fronterizos- pues pondría al país en condiciones de desigualdad de cara a futuras reclamaciones, sean estas de la misma Nicaragua como de otros países del área.

Pero, además, el fallo es contradictorio puesto que si bien es cierto que reconoce la soberanía colombiana sobre todo archipiélago, al ajustar la línea de delimitación separó los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo, con lo que rompió la unidad que el mismo fallo reconoce. Es obvio que al menos esa interpretación del alto tribunal merece que Colombia exija la revisión del mismo, tal y como la Canciller Holguín y su equipo de asesores, entre ellos Julio Londoño Paredes, han expresado, pues afecta directamente la soberanía nacional. De ahí la expresión empleada por Santos de que la Corte cometió “graves errores”.

Ojalá que el ‘espíritu caribe’ del alto gobierno sea perdurable

El fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ha despertado un fervor nacionalista que debe servir para que el Gobierno Nacional fije sus ojos en las costas atlántica y pacífica, cuya suerte ha sido ignorada por décadas. La administración excesivamente centralista ha hecho que Colombia se gobierne de espaldas a sus mares y ello se ha traducido en una especie de desprecio bogotano hacia todo aquello que provenga de las costas.

El campanazo del fallo de La Haya despertó “un espíritu caribe” en el alto gobierno que esperamos que perdure en el tiempo y no sea algo pasajero, producto del efecto demoledor del veredicto. Pese a esa indiferencia centralista, los habitantes de San Andrés mantienen intacto su amor por Colombia y su respeto por las instituciones, como quedó demostrado en la multitudinaria manifestación del pasado viernes en contra del fallo proferido por el alto tribunal internacional. Al archipiélago de San Andrés no hay que mirarlo solo en época de crisis.

¿Quién responde por los efectos de las exploraciones petroleras?

Durante el debate que se llevó a cabo la semana pasada en el Congreso de la República, luego de que se conociera el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, la senadora Alexandra Moreno Piraquive denunció que mucho antes de que el veredicto se hiciera público, Nicaragua había expedido licencias a multinacionales para que llevaran a cabo exploraciones petroleras en el área entregada por el alto tribunal al país centroamericano.

En plata blanca lo anterior significa que los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque y cayos Este y Sudeste, cuya soberanía fue reconocida por La Haya, sufrirán los efectos de la exploración petrolera y por consiguiente todo el entorno medio ambiental se verá gravemente afectado. ¿Quién garantiza que Nicaragua o las multinacionales que obtengan las licencias para la exploración petrolera respetarán el hábitat marino? ¿Tiene el alto tribunal cómo garantizar que ello ocurra? Lo que está en juego es ni más ni menos que una enorme franja rica en diversidad animal y de suma importancia para el aprovechamiento de la pesca, que le brinda el sustento a todos los habitantes del archipiélago. De tal manera que el polémico fallo compromete la suerte de miles de personas que residen en la zona y que pagarían las consecuencias de la exploración petrolera.

Más de cuatrocientas especies de peces están en peligro

Ante las impredecibles consecuencias que tendrá el fallo de La Haya para los habitantes del archipiélago es necesario que las Naciones Unidas garanticen que la Reserva de la Biósfera Seaflower se mantenga intacta, pues de la misma depende no solo la seguridad alimentaria de los habitantes del archipiélago, sino de los países que hacen parte de la Cuenca del Caribe, como denunciaron las Autoridades Ambientales del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano. No se trata de una preocupación menor, pues fue el mismo embajador de Nicaragua en Holanda quien afirmó, después del fallo, que a su país le interesaba el subsuelo del área reconocida por el Tribunal Internacional “donde puede haber petróleo y quién sabe que otro tipo de minerales y riquezas”. De manera que todas las especies marinas de Seaflower están en peligro. Se trata de más de 400 tipos de peces y de todo un ecosistema interconectado que hoy está seriamente amenazado.

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