Con sólo un año de residencia en Uruguay, las extranjeras gozarán del mismo derecho que las nacidas en el país para practicarse un aborto en cualquier centro de salud público o privado, según la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Esta legislación, que convirtió a Uruguay en un país pionero en la región en esta materia, legaliza el aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación. El articulado establece que cuando una mujer le indique al médico que quiere someterse a esta práctica, éste deberá remitirla a un equipo interdisciplinario conformado por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social. Luego de una consulta psicológica e informativa, la mujer tendrá la última palabra.
Por eso, la nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
En casos de violación, las uruguayas y las extranjeras residentes tendrán hasta 14 semanas para realizarse el procedimiento, y cuando se diagnostiquen malformaciones del feto o riesgos de vida para la madre, no habrá límites de tiempo. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, aseguró que la ley entrará en vigor a mediados de diciembre.
Por su parte, el presidente Mujica dijo, durante un acto público, que “es un tema que debe resolver el voto de la gente”. Con esto, dio el respaldo a una propuesta opositora para someter a plebsicito la ley, que ahora está en la etapa de reglamentación.
Según una encuesta difundida el pasado mes de septiembre, el 52% de los uruguayos está a favor de la despenalización del aborto, el 34% en contra y el 14% no tiene posición tomada o prefiere mantenerla en reserva.
El proyecto para despenalizar el aborto fue aprobado en noviembre de 2011 en el Senado, pero estuvo estancado por la falta de apoyo de los diputados. Apenas el pasado 25 de septiembre se lograron los votos necesarios en la Cámara de Representantes. Se estima que al año se realizan unos 30.000 abortos clandestinos en este país.