Erradicación, una herramienta de política que no se ajustó al nuevo escenario

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Por: Miguel Tunjano Villarraga, analista de políticas públicas

En el marco de la política de drogas se distinguen dos modalidades de erradicación de cultivos ilícitos: una denominada forzosa, que está a cargo de la fuerza pública con Grupos Móviles de Erradicación (GME), los cuales están conformados por civiles contratados o por personal uniformado. La segunda modalidad es la voluntaria realizada directamente por los cultivadores.  

Para ahondar un poco en el asunto debemos empezar por entender qué es la erradicación, esta actividad corresponde inicialmente a la destrucción de plantas de las cuales se pueda producir droga que genere dependencia y su posterior sustitución a través de la implementación de proyectos económicos sostenibles en el tiempo, que puedan garantizar la eliminación definitiva de esta problemática.  

En 1998 se da inicio al denominado “Plan Colombia” que junto con el Plan Nacional de Lucha Contra Las Drogas -financiado por Estados Unidos- se presentó una serie de eventos internos y externos que han generado un reacomodo de las condiciones que han incidido en las curvas de descenso y ascenso del área cultivada con coca, como se ilustra en el siguiente gráfico:

Pero vamos más allá, el primer escenario dado entre 1998 y 2004 proyectaba una tendencia a bajar la cantidad de cultivos de coca, el cual fue frenado debido a que la aspersión aérea desplazó los cultivos hacia territorios -que por razones legales y ambientales- no podían ser objeto de destrucción bajo este método; estos territorios corresponden a los resguardos indígenas, que mediante la Sentencia SU383 de 2003 la Corte Constitucional ordenó realizar el proceso de “Consulta Previa” con las comunidades indígenas para lograr el consentimiento para la destrucción de las plantaciones de uso ilícito y los parques nacionales naturales.

Desde esta fecha inició un incremento de los cultivos en estos territorios y que hasta ahora el gobierno no ha logrado consolidar el proceso de consulta previa de manera eficaz y eficiente, ni establecer estrategias para la erradicación al interior de los parques nacionales naturales.

El segundo escenario inicia en 2005 con la implementación de la erradicación manual a través de la creación de los Grupos Móviles de Erradicación, inicialmente fueron integrados con desmovilizados y posteriormente reemplazados por jornaleros de diferentes áreas del país, bajo esta modalidad una dependencia de la Presidencia planeaba y ejecutaba las operaciones, por su parte, la Policía Nacional aseguraba las áreas, mientras que las Nacionales Unidas verifica las áreas destruidas; éste fue un modelo articulado y eficaz que logró en el 2006 revertir la tendencia del crecimiento de cultivos de coca.

El tercer escenario que se traslapa con el segundo y que correspondió a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, teniendo como efecto la aparición del denominado “Clan del Golfo”, como otras agrupaciones paramilitares armadas en el que muchos «jefes paramilitares» y mandos medios desertaron, crearon y dirigieron sus propios grupos. 

Al existir más estructuras criminales se presenta un reacomodamiento del control territorial generando un incremento del área cultivada, sin embargo, se evidencia un descenso respecto a los años posteriores, hasta el 2013, periodo en el que se consolidó un liderazgo en la planeación, coordinación, ejecución y articulación por la oficina del Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI), se logra la integralidad entre los programas Familias Guardabosques, Proyectos Productivos, Grupos Móviles de Erradicación y Aspersión Aérea, modelo que dejó lecciones aprendidas de éxito y que posteriormente fueron desarticuladas.

En el cuarto escenario analizamos la inclusión del Glifosato, en el Grupo 2A de clasificación de carcinogenicidad, implicación por la cual el Consejo Nacional de Estupefacientes, junto con la Autoridad Nacional de Licencias Nacionales, suspendieron el uso de este químico en la aspersión aérea. Si bien este método de destrucción de cultivos ilícitos aportaba un margen al control bajo, condujo al incremento del área cultivada para el año 2016. 

Aunque el gobierno disponía de otras alternativas para mantener la aspersión aérea, como el cambio del glifosato por otro herbicida ambientalmente amigable o el uso de inhibidores para bloquear la producción del alcaloide cocaína en la planta; por razones políticas no se optó por estas tecnologías y se persiste en la reactivación con glifosato, para lo cual lleva más de tres años improvisando para obtener  la modificación del Plan de Manejo Ambiental, condición que la Corte Constitucional nunca exigió, faltando aún el cumplimiento total de los requisitos establecidos en la Sentencia 236 de 2017 , que ordena “El Consejo Nacional de Estupefacientes solo podrá modificar la decisión de no reanudar el PECIG, cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio con …  características mínimas”

El quinto escenario, el más complejo, corresponde a la firma del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el gobierno y las FARC y su posterior proceso de desmovilización de una parte de sus integrantes. 

Durante este escenario se presentan dos hechos relevantes: el primero, la repetición de lo sucedió en el año 2006 con la desmovilización de la Autodefensas Unidas de Colombia, algunas estructuras no se desmovilizaron, otras existentes se fortalecieron y se generaron nuevos grupos criminales; situación que implicó más actores buscando finanzas derivadas del narcotráfico. 

El segundo, el incentivo que dieron para que únicamente los cultivadores que poseían cultivos ilícitos serían beneficiados por el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos- PNIS; estos dos hechos dispararon el crecimiento del área cultivada con coca.

Como consecuencia de esto, se aumentó la compra de cocaína por parte de las organizaciones extranjeras, ante este nuevo escenario la erradicación continúa con su estrategia de años anteriores, a lo que se le sumó la protesta social, siendo la fuerza pública la que tiene que confrontar los líderes sociales, situación que era mejor manejada por los delegados del Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI).

El sexto escenario, en el cual se implementa el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), se mantiene la destrucción forzosa bajo las dos modalidades (con GME y personal de la fuerza pública). La implementación de los programas sociales, está caracterizado por el asesinato de lideres sociales que impulsan el PNIS en los territorios y el aumento de las protestas sociales en contra de la destrucción forzosa; a pesar que se presenta un ligero descenso del área cultivada, se evidencia un incremento en la producción de cocaína por hectárea, adicionalmente, se consolidan los enclaves de coca, definidos como zonas donde una alta densidad de siembra, en términos de hectáreas de coca por kilómetro cuadrado, ha persistido en al menos cuatro de los últimos cinco años.

Este actual escenario se caracteriza por una desarticulación entre la destrucción voluntaria y la forzosa, la primera liderada por la Alta Consejería para la Estabilización y la segunda por el Ministerio de Defensa, desconociendo las lecciones de éxito aprendidas del éxito en años con la menor área cultivada, en la cual una sola agencia coordinada, articulada y ejecutaba la destrucción y erradicación de los cultivos de coca. 

Se resalta que actualmente la Policía Nacional, que cuenta con las Compañías Antinarcóticos de Seguridad de la Erradicación (CASEG), le han transferido la responsabilidad de contratar el personal para los Grupos Móviles de Erradicación (GME), coordinar la logística, la alimentación y el transporte, así como responder ante la protesta social, razones que han llevado hacer más ineficiente la destrucción de los cultivos de coca. Adicionalmente, debe destinar personal uniformado para detectar los cultivos y reportar las cifras de destrucción, cabe resaltar que este proceso podría realizarlo las Naciones Unidas.

Finalmente, ante este nuevo escenario se recomienda: (i) replicar las lecciones aprendidas de éxito del Programa Contra Cultivos Ilícitos; (ii) centralizar la planeación, ejecución, monitoreo y articulación de la destrucción voluntaria y forzosa en una autoridad administrativa de nivel presidencial; (iii) evaluar alternativas al glifosato; (iv) promover que la fuerza pública responda únicamente por la seguridad; (v) fortalecer el control de sustancias químicas en áreas donde es compleja la destrucción; y (vi) desplegar acciones para bloquear el flujo de dinero en efectivo en los territorios afectados por cultivos de coca, para la compra de la hoja, pasta y base de coca; así como, el pago de impuestos a los grupos armados organizados.

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