El próximo martes, Colombia conocerá el nombre del nuevo Procurador General de la Nación, elegido en un proceso que no ha estado exento de críticas de unos sectores y de manifestaciones de satisfacción por parte de otros. En todo caso, analistas que provienen de ambas orillas coinciden en que la reelección de ese tipo de funcionarios debería desaparecer del ordenamiento jurídico colombiano.
Otro de los aspectos provocó la confrontación de puntos de vista es que los tres candidatos no hayan tenido el mismo tiempo para exponer sus ideas y propuestas frente a sus electores (los miembros del Senado de la República), lo que, para algunos, ha dado una clara ventaja a las aspiraciones reeleccionistas del actual Procurador, Alejandro Ordóñez.
Por esa razón, hay quienes, incluso, advierten vicios de procedimiento que más adelante pueden constituir elementos importantes en una eventual demanda contra la elección. Otros, en cambio, aseguran que la diferencia de momentos en que se conocieron los integrantes de la terna es un factor accidental que no compromete la legitimidad del proceso.
Lo cierto es que mientras que a Ordóñez lo propuso la Corte Suprema de Justicia el 30 de agosto pasado, cuando ya llevaba incluso varios días en campaña, y a Orlando Gallo Suárez lo postuló el Consejo de Estado el 25 de septiembre, casi un mes después, a la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López la propuso el Presidente de la República el 30 de octubre, dos meses después de Ordóñez.