BOGOTA, 22 de Noviembre _RAM_ La Constitución Política de 1991 estableció en su Artículo primero que somos una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, y para lograrlo no hay otra forma que el fortalecimiento de las instituciones públicas y un diálogo permanente, directo y franco, entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos locales y regionales.
Como gobernante regional que fui, al ser elegido Gobernador del Valle del Cauca, comprendí que debe existir plena armonía entre el Presidente de la República y los gobernantes locales y regionales; y entre los Ministros y los Secretarios o Directores de las gobernaciones, los distritos y las alcaldías, para el adecuado y oportuno desarrollo de las políticas públicas.
Debemos trabajar por fortalecer las instituciones públicas que conlleven a que el Estado Colombiano, a través de los Gobernantes nacional, regionales y locales garantice los fines sociales del Estado y materialice el Estado social de derecho, como lo exige la misma carta magna, en su Artículo 209.
Por eso tenemos que fortalecer la red pública de los hospitales; debemos continuar construyendo escuelas en todas las regiones; consolidar las instituciones que protegen la infancia; y reorientar el enfoque de las instituciones públicas y privadas para garantizar los derechos de la población pobre, de adultos mayores y en condición de discapacidad en nuestro país.
A los Gobernantes locales y regionales, y para el caso de Bogotá D.C., al Alcalde elegido popularmente le corresponde prestar los servicios públicos domiciliarios, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, y lograr el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, como lo señala el Artículo 311 de la misma Constitución Política, y seguidamente, el Artículo 315 le establece al alcaldedirigir la acción administrativa del municipio y asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios a su cargo. Por ejemplo, es el Alcalde de Bogotá el único responsable de garantizar el buen servicio público del aseo y el reciclaje para los bogotanos.
Como ciudadano y residente en Bogotá, puedo decir que observo muchos problemas de ineficiencia y calidad en la prestación del servicio público del aseo y el reciclaje: en el norte, el occidente, el sur y el oriente de la ciudad, desde el estrato uno hasta el estrato seis, y en especial en el centro de la ciudad .
Invito a los empresarios del sector privado que son contratistas de este servicio público, para que de manera personal, una de estas noches hagamos un recorrido por el centro de la ciudad y veamos cómo están las calles y los parques, para que verifiquemos el deplorable estado del servicio del aseo en nuestra ciudad.
El Artículo 365 de la Constitución Política señala que los servicios públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad social del Estado, y que es deber del mismo Estado, asegurar su prestación eficiente para todos los habitantes del territorio a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, a través de entidades públicas o privadas.
Los gobernantes debemos promover la participación del sector privado, en armonía y de manera complementaria con las instituciones públicas, bajo el principio establecido en la Constitución Política de colocar los intereses colectivos por encima de los intereses personales e individuales de carácter lucrativo, y de cumplirle a la población con tarifas justas y buen servicio.
La razón de ser de todo gobernante, en cualquier lugar del mundo, es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de su población, y la misma Constitución en su Artículo 366, los define también, como otras finalidades sociales del Estado. Así mismo, los habitantes de un municipio o un departamento a quienes primero le demandan programas que mejoren su calidad de vida es sus Gobernantes locales y regionales.
Ante el conflicto creciente que se observa entre las instituciones del Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital, es indispensable que acudamos de manera inmediata al principal pacto social y al mayor proceso de diálogo y concertación que ha tenido el país, como lo fue la Constitución Política de 1991, tal como lo han venido haciendo el Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón y el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
Por esta razón, es necesario que el Presidente y el Alcalde mantengan un diálogo permanente, directo y franco, puesto que los únicos que nos seguiremos beneficiando de sus acuerdos somos las personas que vivimos en la ciudad de Bogotá D.C.
ANGELINO GARZÓN.
Vicepresidente de la República