La ley del Montes | Desafío al Estado

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POR. OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

Las organizaciones criminales no desafían un gobierno: desafían un Estado. Y por consiguiente es el Estado quien debe enfrentarlas sin titubeos y sin contemplación. La obligación del Estado es garantizar la integridad y la vida de los ciudadanos y de igual manera someter a los criminales que pretenden imponer su voluntad a sangre y fuego. No hay punto medio.

En el caso colombiano, todas las organizaciones criminales que han desafiado al Estado han fracasado en su intento. Ninguna ha vencido, ni vencerá, porque el Estado –cualquiera que sea, aún el más débil– siempre será más fuerte que los criminales, por poderosos que estos se consideren.

Pablo Escobar, el demencial jefe máximo del Cartel de Medellín, creyó en medio de su esquizofrenia que podía someter a Colombia a su voluntad y terminó sus días abatido en un tejado de una casa de Medellín, después de una persecución implacable.

Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela –enemigos de Escobar y tan peligrosos como él– también fueron sometidos por el Estado colombiano. De nada les sirvió tener en su nómina a buena parte de la clase política nacional y haber financiado la campaña presidencial de Ernesto Samper.

Las Farc –otra organización criminal, que pretendió someter al Estado colombiano para imponer su ideología por las armas– término negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego de décadas de guerra, que dejaron miles de muertos en todo el territorio nacional, entre ellos varios de sus comandantes, los jefes de las Farc entendieron que su lucha era estéril y que había llegado la hora de negociar el desmonte de su aparato de guerra.

El llamado Clan del Golfo es también una organización criminal y por consiguiente tendrá que ser sometida por el Estado colombiano. Tarde o temprano sus jefes deberán deponer sus armas y acogerse a la voluntad del Estado. La otra salida que les queda es enfrentar al Estado y esperar su muerte o su captura. Así le ocurrió a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, capturado por las Fuerzas Armadas y extraditado la semana pasada a los Estados Unidos, donde deberá responder por todos sus crímenes.

Por cuenta de la extradición de ‘Otoniel’, sus sucesores decretaron un paro armado en 8 departamentos y en cerca de 70 municipios, la mayoría de ellos en la Región Caribe. El paro armado ha dejado varías víctimas y miles de millones de pesos en pérdidas.

El Gobierno ha tomado medidas para enfrentar el reto declarado por la organización criminal el Clan del Golfo, entre otras la vigilancia aérea y terrestre en varios departamentos.
Pero a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, cuando los gobiernos de turno enfrentaron a los grupos criminales a nombre del Estado, desde César Gaviria hasta Juan Manuel Santos, pasando por Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, en esta oportunidad no ha habido “causa común” para hacerle frente al mayor desafío de una organización criminal a un Estado en la historia reciente. La verdad es que Iván Duque no ha tenido la solidaridad que tuvieron sus antecesores. Todo lo contrario: hay quienes desde la oposición parecen celebrar el daño causado por los criminales a toda la población, en especial la más vulnerable.

Para vencer a las organizaciones criminales se requiere de un Estado unido en todas sus instancias. Esa batalla no la puede librar solo el Gobierno Nacional. Los presidentes pasan y las instituciones quedan. Mientras los gobiernos son pasajeros, el Estado perdura.

De manera que el Clan del Golfo no está desafiando al gobierno de Duque, sino al Estado colombiano. Por tal razón es ese mismo Estado quien debe responder de forma unificada y contundente ese desafío.

Quienes hoy desde la oposición celebran el reto criminal impuesto por el Clan del Golfo deben saber que mañana estas mismas organizaciones criminales los podrían desafiar a ellos con los mismos propósitos: someter el Estado a su voluntad. Así que no esperen mañana la solidaridad que hoy le niegan al gobierno de turno. ¿Cómo enfrentar el desafío del paro armado impuesto por el Clan del Golfo?

‘Otoniel’ es un narcotraficante, no un delincuente político

El Clan del Golfo es una organización narcotraficante. Punto. No existe ninguna motivación política, ni ideológica, que sustente su origen y su permanencia.

Su interés no es derrocar al Estado para imponer un modelo político o económico, como sucedió con las desaparecidas Farc o con el ELN. El Clan del Golfo no es un grupo rebelde o subversivo.

Aunque su jefe máximo alias Otoniel comenzó su vida delincuencial en las filas del EPL en Córdoba y luego pasó por las Farc, lo cierto es que su actividad en el momento de su captura era y sigue siendo el narcotráfico.

‘Otoniel’ no es un delincuente político. Por consiguiente su tratamiento no puede ser político, como pretenden algunos de sus defensores de oficio, todos ellos opositores al gobierno de Iván Duque.

El extraditado jefe del Clan del Golfo debe recibir el tratamiento de un capo del narcotráfico, no de un insurgente. ¿Cuál es el afán de sus “defensores de oficio” de pretender que reciba tratamiento político? ¿Qué hay detrás de esa pretensión, que no es nueva, pues viene desde los tiempos del gobierno de Juan Manuel Santos?

En Estados Unidos, alias Otoniel podrá referirse, claro, a sus actividades como narcotraficante y deberá por consiguiente delatar a sus socios, así como entregar rutas y bienes; pero también deberá referirse a sus años de guerrillero.

Ojalá que cuando se ocupe de este asunto, su memoria le permita recordar los socios políticos de los grupos guerrilleros en los que combatió y que vestidos de Everfit supieron sacar provecho de sus acciones criminales.

Ojalá que esa “otra verdad” también la pueda contar alias Otoniel desde una celda de Estados Unidos.

La verdad extraditada: ¿cierto o falso?

Una de las frases que se han escuchado por cuenta de la extradición de alias Otoniel a los Estados Unidos es que sus víctimas no serán reparadas, ni habrá justicia, ni tampoco se sabrá la verdad sobre sus fechorías, ni las identidades de sus socios políticos. Nada más falso. Alias Otoniel podrá contar en Estados Unidos lo mismo que podría contar en Colombia. Ni una coma más, ni una coma menos.

Son numerosos los congresistas colombianos que han visitado a presos colombianos en cárceles de Estados Unidos para conocer su versión sobre distintos hechos. Los nombres más conocidos son los de Piedad Córdoba e Iván Cepeda, entre otros. Pero, además, los acuerdos de colaboración entre la Justicia estadounidense y la colombiana no solo permiten el intercambio de información, sino también interrogatorios y recolección de pruebas sin ningún tipo de restricción.

De manera que es un sofisma decir que al ser extraditado, las víctimas de ‘Otoniel’ se quedarán sin saber la verdad. Ese sofisma le funciona muy bien a los candidatos opositores al gobierno en estos tiempos electorales, en especial a Gustavo Petro, pero carece de sustento real. Lo que sí es cierto es que en una celda de Estados Unidos, ‘Otoniel’ no podrá mover los hilos para presionar testigos, comprar autoridades y manipular información. Tampoco podrá fugarse, como seguramente hubiese ocurrido de permanecer en Colombia. Los socios políticos de ‘Otoniel’ tampoco podrán dormir tranquilos, menos ahora que está en Estados Unidos.

Allá está protegido, mientras que acá su vida corría peligro. Desde allá puede rendir testimonio –con pruebas, eso sí– contra sus antiguos socios políticos, sabiendo que nada le pasará, mientras que acá nadie garantizaba su supervivencia. De manera que tampoco es cierto el cuento ese de los opositores del gobierno, según el cual ‘Otoniel’ guardará silencio en Estados Unidos.

¿Un paro armado sin Ley? ¿Dónde están las autoridades?

Tanto el Ejército como la Policía Nacional tienen la mejor oportunidad para despejar todas las dudas relacionadas con la supuesta existencia de listas de altos oficiales de ambas instituciones en la nómina del Clan del Golfo. Esa versión alimentada con perversidad por opositores al gobierno, debe ser desmentida –con hechos contundentes– por las autoridades militares y de policía. ¿Cómo? La mejor forma de hacerlo es restableciendo el orden público alterado por cuenta del paro armado y propinándoles golpes certeros a la cúpula de esa organización criminal.

Los sucesores de ‘Otoniel’ también deben caer, ya sea capturados o abatidos. No es hora de tibiezas por parte de nuestros hombres de la Fuerza Pública. El Clan del Golfo no puede pretender imponer su ley en el territorio nacional y en especial en la Región Caribe, donde –sin duda– tiene gran influencia.

Que sepan los integrantes de la Fuerza Pública que en su lucha contra las organizaciones criminales tendrán siempre el respaldo de la inmensa mayoría de los colombianos, que queremos vivir en paz y no sometidos a la voluntad de los violentos. Y que sepan también quienes por puro cálculo político y electoral hoy celebran las acciones de las organizaciones criminales –creyendo que le hacen daño al gobierno de Duque– que a la hora de combatir a los criminales no puede haber ningún tipo de división. No hay “criminales buenos”, sencillamente porque todos hacen daño a la sociedad.

No es hora de mezquindades ni de cálculo político

a actual campaña electoral, que se desarrolla con una pugnacidad sin precedente, es el escenario ideal para definir quiénes son los enemigos comunes del Estado. Y en este caso el enemigo común es una organización criminal conocida como el Clan del Golfo, cuyo jefe máximo –alias Otoniel– fue capturado y extraditado por el gobierno colombiano.

Esa decisión fue tomada por Iván Duque, pero bien pudo hacerlo otro presidente. El hecho de que unos integrantes de la Fuerza Pública hayan deshonrado su uniforme y hayan terminado al servicio de esa organización criminal, no significa que unas instituciones centenarias, de las que hacen parte cientos de miles de colombianos humildes y honrados, estén todas al servicio de los delincuentes. Quienes generalizan con ese discurso perverso solo buscan crear caos y acabar con la credibilidad de nuestra Fuerza Pública.

Ese camino solo conduce a la anarquía. ¿Es eso lo que pretenden? Cuando lo que está en riesgo es la supervivencia del Estado colombiano, es necesario desprenderse de mezquindades y cálculos políticos. El desafío del Clan del Golfo no es al gobierno de Iván Duque, al que le faltan pocos meses para terminar. Es a todos los colombianos de bien, quienes estamos en riesgo ante la arremetida de esta organización criminal, en especial en la Región Caribe. Pretender sacar réditos electorales al paro armado ordenado por el Clan del Golfo solo demuestra la falta de grandeza de quienes pretenden ponerse al frente de la jefatura del Estado.

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