En juego Soberanía, Pesca y Petróleo en litigio Colombia-Nicaragua

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Bogotá, 18 nov – El histórico litigio por los límites entre Nicaragua y Colombia, que mañana dirimirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, no solo pone en juego la soberanía sobre media docena de cayos y cientos de millas de mar, sino también un importante caladero y un yacimiento de crudo sin explorar.

Y es que esas aguas del mar Caribe son una despensa de langostas, caracol y pescado para las comunidades de las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; al tiempo que albergan más de 3.000 millones de barriles de petróleo, según estudios oficiales.

Los alegatos de ambos países ante el tribunal reivindican la soberanía sobre los siete cayos en discusión, y mientras Colombia pide un límite que mantenga bajo su dominio el archipiélago, Nicaragua solicita enclavar las citadas islas con una reducida proyección marítima para quedarse con el resto de las aguas.

El politólogo e internacionalista Andrés Molano, de la Universidad del Rosario de Bogotá, dijo a Efe que Colombia es quien más tiene que perder si el fallo no le es favorable, pues durante dos siglos ha ejercido la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de sus cayos adyacentes.

Sin embargo, apuntó que los grandes perjudicados serían los isleños y no tanto el Estado, pues son quienes a diario se desplazan a los cayos de Quitasueño y Serrana para pescar y garantizar su supervivencia.

La pesca tradicional es, junto con el turismo, la actividad económica más importante para los habitantes de este remoto archipiélago, ubicado a 190 kilómetros de Nicaragua y a 775 de la Colombia continental.

«Nicaragua es el que no tiene nada que perder, y máxime si tenemos en cuenta que es uno de los Estados más pobres de las Américas, al que le vendría muy bien el hecho de poder acceder a recursos pesqueros y de petróleo», agregó Molano.

El país centroamericano ya manifestó en 2002 su interés en explotar la riqueza en hidrocarburos de esta zona, cuando convocó a una licitación internacional para otorgar concesiones petroleras en aguas caribeñas.

Este desafío, que tuvo lugar un año después de que Nicaragua demandara a Colombia ante la CIJ y reclamara todas las islas, motivó una enérgica protesta del país andino al detectar una violación de su jurisdicción.

Mientras tanto, Colombia no propició la exploración y explotación de este yacimiento hasta 2010, cuando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sacó a subasta dos bloques ubicados en San Andrés, que fueron adjudicados a la hoy disuelta hispano-argentina Repsol-YPF y a la estatal Ecopetrol.

Pero el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó en octubre de 2011 la suspensión de estas concesiones y prohibió la extracción de gas y petróleo en el archipiélago porque acoge un «importante» patrimonio ecológico, social y cultural que debe preservarse con cuidado.

Este archipiélago, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 2000, cuenta con uno de los arrecifes más extensos de América que se ve cada vez más amenazado por el efecto del turismo masivo, la construcción indiscriminada en las costas de las islas y la superpoblación.

El «mar de los siete colores», como reza el acertado reclamo turístico del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es también un objeto codiciado por su ubicación estratégica.

Y así lo demuestran los constantes decomisos de cocaína que hace la Armada (marina) colombiana en las inmediaciones de las islas a lanchas de grupos narcotraficantes que han escogido esta ruta para sacar la droga de Colombia y llevarla a países centroamericanos en su viaje hasta Estados Unidos.

Por si pudiera contribuir a la decisión final de la Corte, el equipo colombiano ha defendido su «experiencia» y «resultados» en la lucha contra este flagelo en el archipiélago, según reconoció en una entrevista con El Espectador la embajadora de Colombia ante la CIJ, Sonia Pereira. EFE

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