BOGOTA, 17 de Noviembre _RAM_ Un grupo de trabajadores de la Rama Judicial han adelantado plantones en demanda de una nivelación salarial, al tiempo que rechazaron un acuerdo firmado por sectores sindicales y el Gobierno.
Luz Esperanza Medina Guerrero, una fiscal seccional de Bogotá, señaló a Efe por teléfono que unos 300 trabajadores de la rama acudieron al complejo judicial de Paloquemao, al occidente de la capital, para reclamar los derechos que sucesivos Gobiernos han desconocido.
Indicó, además, que contrario a lo que se dice, el paro judicial continúa en el país porque el acuerdo firmado con el Gobierno por un sector del sindicato no fue «consultado a las bases» y no es equitativo.
Recordó que una ley de hace 20 años ordenó al Gobierno una nivelación salarial y esto no se ha cumplido.
«Se han hecho muchos paros en años pasados, pero ahora estamos más unidos y seguiremos insistiendo en que se cumpla la ley», añadió Medina.
Dijo, además, que el Fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, está mediando ante el Gobierno para que se reanuden los diálogos con los trabajadores de la rama judicial.
El pasado 10 de este mes, el presidente Juan Manuel Santos descartó la posibilidad de negociar otro acuerdo salarial con los sectores de la rama judicial que desconocieron el pacto alcanzado esta semana para poner fin a casi un mes de huelga.
El Gobierno y la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), alcanzaron un acuerdo para poner fin a la huelga, que se inició el 11 de octubre pasado y a la que se adhirieron más de 45.000 trabajadores del sector, en demanda de una nivelación de salarios ordenada por una ley de hace veinte años.
El Consejo Superior de la Judicatura, órgano administrador del Poder Judicial, calculó que la huelga impidió realizar al día unas 1.500 audiencias y diligencias.
El documento fue firmado al día siguiente por las delegaciones de las partes, encabezadas por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y el presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, e implicaba la inmediata normalización de las actividades.
Sin embargo, un sector de funcionarios y empleados liderado por el también dirigente Nelson Cantillo desconoció el pacto, por no estar de acuerdo con los plazos del proceso de actualización salarial, y se mantiene en cese de actividades.