El debate de qué sucederá con la Vivienda de Interés Social (VIS) en Bogotá surgió a partir de la publicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propuesto por la administración de Claudia López. En uno de los apartados del documento que es debatido en el Concejo de Bogotá, se establece que en la ciudad este tipo de viviendas no podrán tener un área inferior a los 36 metros cuadrados, y que por lo menos deben contar con dos habitaciones.
Para la mandataria, lo que se busca es hacer más digna la vivienda en la ciudad, al fomentar que los bogotanos cuenten con un espacio suficiente. En contraste, para gremios como el de Camacol la propuesta resulta nociva, pues aseguran que desconoce el comportamiento que está registrando la conformación de los hogares en la capital (dicen que para el año 2050 más de la mitad serán unipersonales o de dos personas), además de reducir las posibilidades de que una familia pueda adquirir vivienda en zonas centrales (en donde el valor del metro cuadrado es más alto).
Recientemente se dio a conocer una carta del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dirigida a la alcaldesa Claudia López, en la que básicamente secunda los reparos de Camacol al decir que: “si bien entendemos la preocupación del Distrito y compartimos el gran anhelo de garantizar una vivienda digna para todos los ciudadanos, consideramos que restringir la ubicación o las características de la vivienda VIS, incluyendo su área, involucra el riesgo de agravar la segregación socio espacial, pues implicaría que los hogares de bajos ingresos -susceptibles de recibir un subsidio de vivienda- no podrían adquirir una unidad habitacional de bajo costo en determinadas zonas de la ciudad, a pesar de que esta cumpla con el valor VIS estipulado por la normatividad y responda a las preferencias y capacidad particular del hogar”.
Sobre esto, y en una rueda de prensa, la alcaldesa le recordó al ministro que el POT es de autonomía municipal, por lo que debería respetar las decisiones que tome la administración de Bogotá al respecto. No obstante, en la carta de Malagón se lee, en reiteradas ocasiones, que su observaciones son respetuosas y teniendo en cuenta la autonomía que tiene el Distrito.
En la contestación, López preguntó públicamente al ministro sobre cuántos metros cuadrados tiene el área de la casa en la que vive, y que si le gustaría habitar en una que disponga de una sola habitación. “Una familia de cuatro personas, que gana dos salarios mínimos ¿no tiene derecho a una vivienda de por lo menos 36 metros cuadrados?”, añadió.
Nadie riñe con la intencionalidad que tiene López, que es la de fomentar el acceso a una vivienda digna para los bogotanos, sin embargo, no deja de ser una realidad que el valor del metro cuadrado en la ciudad está por las nubes, y más en determinadas zonas.
Según la firma Properati, el valor promedio del metro cuadrado en apartamentos más alto en la ciudad lo tiene la localidad de Chapinero, con $7,8 millones. A esta la siguen Usaquén ($5,8 millones), y Santa Fe ($5,6 millones). Los precios más accesibles de la capital están en la localidad de Bosa (en el suroccidente), donde la media del metro cuadrado está en $2,7 millones, seguida de Antonio Nariño ($3,2 millones) y Rafael Uribe ($3,5 millones).