(Bogotá/ Colombia, 13 de noviembre – AP).— Habrá una silla vacía en la mesa de negociaciones en la que el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc se sentarán desde el lunes en Cuba para tratar de poner fin a un conflicto que ha desangrado al país sudamericano durante medio siglo.
Esa silla está reservada para un economista de 62 años, amigo de adolescencia de quien sería un futuro presidente e hijo de un senador que hoy está preso en una cárcel de máxima seguridad en las Montañas Rocallosas, donde Estados Unidos mantiene encarcelados a sus terroristas convictos más notorios.
La travesía de Ricardo Palmera desde los más altos círculos sociales de Colombia a los selváticos campos de batalla y, por último, a una prisión en Estados Unidos refleja la complejidad tanto del conflicto colombiano, como del papel clave de Estados Unidos en el proceso.
Palmera afirma que su compromiso para cambiar una sociedad con enormes inequidades y desigualdades en un momento en que escuadrones de paramilitares de extrema derecha estaban asesinado activistas, y que no se iría del país como “un perro”, lo llevó a unirse a una fuerza rebelde que ha secuestrado, extorsionado, ha reclutado niños y los ha convertido en combatientes y ha tráfico de cocaína para financiar sus actividades. Es un grupo considerado terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas por todos como las Farc, lo designó como su quinto negociador pese a que está consciente de que su participación es altamente improbable. Lo llaman por su nombre como combatiente “Simón Trinidad” y valoran su capacidad intelectual.
Palmera ahora pasa sus días prácticamente en un estado de aislamiento junto con otros 440 reclusos en una cárcel federal ultra-segura llamada “Supermax” en Florence, Colorado. Allí también están el “Unabomber” Ted Kaczynski, el llamado “terrorista del zapato” Richard Reid y miembros de Al-Qaida.
Palmera cumpliría su sentencia en 2056, a la edad de 106 años
Su más reciente e inusual aparición fue en un vídeo de YouTube, de noviembre de 2010, que lo muestra en una sala de conferencias del penal luciendo un overol amarillo mientras hablaba a través de una conexión de vídeo con un juez colombiano.
Se ve calvo y fornido. Unas cadenas mantienen sus muñecas atadas así como sus tobillos. Dice que unas baterías, atadas a una de sus piernas, permiten a los guardias de la prisión propinarle una descarga eléctrica desde la distancia.
“Tengo más que cinco años en total y completo aislamiento sin poder ni intercambiar conversaciones con nadie porque no hablo el idioma. Ni me han permitido ni estudiar el idioma”, dice. “Entonces la tortura psicológica que no deja huellas visibles es peor que la tortura física“.
A Palmera le permiten el contacto directo únicamente con su abogado, un defensor público, y su familia inmediata. Tiene 45 minutos de llamadas al mes, que usa para hablar con su hermano Jaime, con su madre de 92 años de edad y su hijo de 38, Manuel, que no había visto a su padre durante dos décadas antes de que se encontraran en una corte de Washington hace seis años.
Otra hija, Alix María, murió en 2010 junto con su madre, una guerrillera, cuando aviones del gobierno atacaron un campamento de las Farc. La adolescente estaba de visita durante unas vacaciones escolares.
Palmera fue capturado en 2004 en Quito mientras intentaba negociar la libertad de rebeldes presos a cambio de tres contratistas estadounidenses que las Farc habían tomado como cautivos. Los estadounidenses fueron rescatados cuatro años más tarde, junto con la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Palmera fue extraditado a Estados Unidos y un jurado en Washington lo declaró culpable de conspiración. Fue sentenciado a 60 años de prisión, aunque los fiscales no presentaron ninguna prueba de que estuviera involucrado directamente en la captura de los hombres o su privación de la libertad. Las Farc lo consideran un prisionero de guerra.
Muchos colombianos creen que el proceso penal contra Palmera fue, ante todo, un gesto de Estados Unidos de apoyo político al entonces presidente Álvaro Uribe, que ha debilitado enormemente a los rebeldes con más de 7.000 millones de dólares en ayuda desde 2000 y una estrecha coordinación militar.
“El gobierno de los Estados Unidos haría un gran aporte a la reconciliación de la familia colombiana facilitando la participación de Simón (Trinidad) de cuerpo presente en esta mesa”, dijo el principal negociador de las Farc, Iván Márquez, en la inauguración de las conversaciones el 18 de octubre en Noruega.
El gobierno de Colombia aún no ha hecho ninguna solicitud, por lo que se trata de “una pregunta hipotética”, dijo William Brownfield, el asistente de la secretaria de Estado norteamericana para el cumplimiento de la ley y la lucha contra el narcotráfico, quien fue embajador en Bogotá entre 2007 y 2010.