Corte Constitucional revisará traslado de régimen pensional

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La Corte Constitucional citó para el próximo jueves 28 de octubre una audiencia pública en la que revisará los traslados de quienes deciden cambiarse de régimen pensional.

La revisión de esos traslados se da en el marco del estudio de 15 tutelas que llegaron a la Corte,  interpuestas por ciudadanos que afirman que no les informaron adecuadamente los pros y los contras para tomar la decisión de trasladarse del régimen pensional.

Las tutelas son contra fallos judiciales que anularon los traslados de régimen pensional, específicamente del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

La audiencia pública se dividirá por ejes temáticos:

La Corte revisará el «diseño económico-legal de la destinación de los aportes al Sistema General de Pensiones y de la política pública de traslados entre los regímenes solidarios que lo integran».

También revisarán la petición de traslado de régimen pensional, su impacto económico y «su incidencia en el derecho a la seguridad social en pensiones» y las herramientas informativas que permiten a las personas resolver sus inquietudes sobre los traslados del sistema pensional.

Así mismo la Corte revisará «¿qué medidas tomó en la década del 90 la entonces Superintendencia Bancaria para garantizar el derecho a la información de los consumidores financieros de las Administradoras de fondos de Pensiones (AFP) al momento de su afiliación o traslado? y ¿qué medidas se han adoptado desde entonces hasta la actualidad?»

También verificará «¿qué acciones en concreto despliegan las administradoras de pensiones y qué tipo de información suministran a la persona interesada, para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional?». 

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado podrán participar en el debate «acerca de las tensiones jurídico-constitucionales que enmarcan la discusión sobre la anulación de los traslados de Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, por la presunta afectación del derecho a la información”.

 

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