Embargo y levantamiento de velo corporativo en contrato de Centros Poblados

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Bogotá, 13 de septiembre _ RAM_ El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Cancillería y Migración Colombia, entre otros organismos tomar medidas cautelares urgentes para ubicar los 70 mil millones de pesos del anticipo del contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados.

El alto tribunal ordenó que se levante el velo corporativo para determinar la identidad de los socios de las personas tanto naturales, como jurídicas y hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, que están relacionado o integran la Unión Temporal Centros Poblados con el propósito de «poder recurrir a los bienes que integran sus patrimonios, con el fin de evitar un posible daño al patrimonio del Estado»

El tribunal también resuelve que con el fin de rastrear los recursos que puedan estar en el exterior pidió a Migración Colombia y a la Cancillería que entreguen información sobre los movimientos migratorios de los representantes de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.

En este mismo sentido el  Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General, en un plazo de tres días deberán «realizar la búsqueda de personas naturales o jurídicas en el exterior vinculadas con los supuestos hechos dañosos e irregularidades referidos «.

«Con el fin de que se realicen las actuaciones pertinentes según sus competencias y soliciten a través del organismo competente del país extranjero, la imposición de medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, dineros y rentas y/o orden de imposibilidad de disposición de dichos bienes hasta tanto finalice el trámite de la presente acción»,  dice el documento.

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Dentro del fallo se contempla el embargo de las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, y de más que tengan los socios y miembros relacionados con el contrato de Ministerio con Centros Poblados. Esto incluye los socios miembros que integran la Fundación de Telecomuniaciones, Icm Ingenisros, Intec de la Costa  y Omega Bulding.

Para esto, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) deberá iniciar el «rastreo de las cuentas que recibieron los recursos por parte de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, a través de la fiducia constituida en BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria, bien sea de los socios de las personas jurídicas que la integran, o de los familiares de los socios hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad».

Según el Tribunal el monto del embargo, será por el valor del anticipo pagado a la Unión Temporal, esto es: $70.243.279.599. Por eso

Cabe reiterar que el Tribunal inició trámite por petición de la Procuraduría General, que a través de una acción popular pidió que se devuelvan el total del anticipo.

En la acción popular, el órgano de control solicitó declarar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet, y a su prestación eficiente, continua y permanente con ocasión de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.

Por su parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública y Colombia Compra Eficiente deberán entregar un informe sobre todos los contratos que tengan suscritos dichas empresas con las entidades públicas.

Esta decisión se tomó al resolver una acción popular radicada por la Procuraduría General para que se recuperara el millonario anticipo del contrato.

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