Santa Rosa de Osos: volvió el terror de las masacres (Análisis por Ley del Montes)

Por Oscar Montes

Como si se tratara de una película de terror que los colombianos habíamos creído superada, el pasado jueves los noticieros de televisión pasaron una y otra vez las imágenes de los diez campesinos asesinados en la finca La Española, en Santa Rosa de Osos, Antioquia, por la banda criminal Los Rastrojos, según informó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien a nombre del Gobierno ofreció una recompensa de 150 millones de pesos por los responsables de la matanza. Al parecer los móviles de la masacre tienen que ver con el no pago de una extorsión por parte del propietario de la finca, quien se habría negado a seguir cancelando la ‘vacuna’ a los criminales. Sobrevivientes de la masacre informaron que desde hace algún tiempo en la zona opera un frente de Los Rastrojos, que se encarga de intimidar y extorsionar a los agricultores de Santa Rosa de Osos, quienes han denunciado los hechos ante las autoridades.

Pese a las acciones de la Policía, entre ellas la captura de algunos de los jefes de la banda criminal, los campesinos siguen padeciendo la arremetida de Los Rastrojos, como quedó evidenciado con la matanza de Santa Rosa. De hecho, según las autoridades, la masacre habría sido una retaliación por la captura de alias Jorge 18, el jefe del grupo. Esta acción terrorista contra humildes campesinos es tan solo la punta del iceberg del comportamiento de las bandas criminales en todo el país, pues así como Los Rastrojos, también actúan Los Urabeños, Los Paisas y otros grupos, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido evitar sus ataques demenciales.

 

Así como el gobierno de Álvaro Uribe no tomó las medidas necesarias para evitar que los grupos de autodefensas degeneraran en bandas criminales, como las que hoy actúan impunemente en todo el país, el gobierno de Juan Manuel Santos también es responsable al no adoptar medidas encaminadas a neutralizar sus acciones. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostiene que la Fuerza Pública actúa de forma implacable contra dichas organizaciones. Pero no se nota. No solo en Antioquia ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’ y ‘Los Paisas’ hacen de las suyas. En la Región Caribe no hay población donde no se escuchen versiones sobre amenazas y extorsiones por parte de las bacrim. De hecho, en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Valledupar y Maicao, dichas organizaciones han atentado contra dueños de establecimientos comerciales quienes se han negado a pagar ‘vacunas’. Las autoridades saben de esa situación pero, hasta el momento, poco o nada han hecho para impedir que sigan sucediendo tanto las amenazas como los atentados. Por ello la percepción que existe en la población es de total inseguridad.

¿Habrá bacrim de extrema izquierda?

El negociador de las Farc, alias Iván Márquez, ha dicho en repetidas ocasiones que ese grupo guerrillero no tiene contemplado la entrega de sus armas. Argumenta que son ellas las que les garantizan su seguridad. Se trata, obviamente, de una exigencia que no se puede aceptar por parte del Gobierno, pues el monopolio de las armas recae única y exclusivamente en el Estado colombiano, que es quien tiene la obligación de garantizarles la vida y la integridad a todos los guerrilleros de las Farc que se desmovilicen. Son dos cosas completamente distintas y los negociadores del Gobierno colombiano no pueden caer en esa discusión que -de traducirse en realidad- podría terminar en nuevas bacrim, esta vez de extrema izquierda, sin que las autoridades puedan controlarlas. Es decir, en lugar de tener que hacer frente a las bacrim de extrema derecha, como ocurre hoy en día, el país deberá soportar la arremetida de las bacrim de extrema derecha y de extrema izquierda, algo que sería inmanejable por parte de las autoridades.

Urge un inventario y control de armas

Es necesario que las autoridades intensifiquen las operaciones para tener un mayor control sobre las armas que circulan en el país, no solo de aquellas que están en poder de los grupos desmovilizados y que nunca las entregaron, sino de aquellas que ingresan todos los días y que están en poder de las organizaciones criminales. Desde hace muchos años, las autoridades saben que el 90 por ciento del armamento que se vende ilegalmente en el país llega por el Golfo de Urabá, la frontera con Panamá y por La Guajira. No obstante, aún no han adoptado medidas contundentes que pongan fin al tráfico de armas, hasta el punto de que hoy por hoy no existe un inventario de armas y tampoco un estricto control sobre la compra y uso de las mismas. Las bandas criminales que actúan en el país –como ‘Los Rastrojos’, que fue la que realizó la masacre en la finca ‘La Española’ en Santa Rosa de Osos– tienen en su poder un número indeterminado de armas que emplea contra humildes campesinos o pequeños y medianos empresarios. La masacre de Santa Rosa de Osos debería servir para que se inicie una ofensiva para neutralizar el ingreso al país de armamento ilegal que está siendo utilizado para realizar acciones terroristas. De igual manera, es necesario conocer el inventario de las armas entregadas por los grupos desmovilizados, especialmente los de extrema derecha.

En La Habana no se pueden cometer los mismos errores de San José de Ralito

Las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, cuya tercera fase se inicia esta semana en La Habana, Cuba, deben servir para que las partes no cometan los errores de anteriores procesos de desmovilización, como sucedió, por ejemplo, con los grupos de autodefensas, cuyo cruel accionar hoy padecemos todos los colombianos. ‘Los Rastrojos’ que asesinaron a los diez campesinos de Santa Rosa de Osos no son más que bandas criminales desmovilizadas a las cuales el Estado jamás les pidió cuentas por sus actos y a las que el gobierno de la época tampoco les exigió la entrega de todo su armamento, como exigieron distintas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y distintos voceros de la sociedad civil. No se trataba de arrumar fusiles ni de apilar escopetas, como pensaba el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, sino de que las autodefensas adquirieran el compromiso real de iniciar un proceso de resocialización con plenas garantías para que la base de los combatientes encontraran los medios para reintegrarse a la sociedad luego de hacer entrega de su armamento. Es increíble que no exista ni siquiera un inventario del número de armas recibidas, ni de su procedencia. Esa misma historia macabra se puede repetir en el caso de las Farc, pues es bastante probable que no toda la organización guerrillera se vea representada en la mesa de diálogos de La Habana. ¿A quiénes representan los negociadores de La Habana? ¿Qué pasará con aquellos frentes guerrilleros que queden por fuera de la negociación? ¿Tiene el Gobierno los medios para enfrentarlos y evitar que, como ocurre con las bandas criminales nacidas de las autodefensas, actúen impunemente en todo el territorio nacional?

Por Óscar Montes
@leydelmontes

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