BOGOTA, 08 de Noviembre _RAM_ En el Senado de la República se conoció este jueves un contrato suscrito por la entidad para el “arriendo” de camionetas para los legisladores de la cámara alta.
Sorprende que el documento suscrito entre la presidencia de la corporación y la Unidad Nacional de Protección sea por más de $29 mil millones de pesos, cuando no se trata de la adquisición sino el simple arriendo por un espacio de 23 meses; esto porque cuando se habló de la compra de casi 150 vehículos estaban estipulados $70 mil millones.
Igualmente, causa asombro que mientras apenas son 100 senadores, se arrendarán 200 camionetas.
Las especificaciones del contrato advierten que serán camionetas 4X4 y con blindaje III A.
Aunque cada camioneta tendrá un costo de $146 millones por los dos años, la corporación no tendrá derecho a quedarse con éstas cuando concluya el contrato a los 23 meses.
Además, causa sorpresa el contrato toda vez que el presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, había prometido que no compraría vehículos pues esa no es la función del Congreso (Lea más de esta información).
La defensa de Barreras
El presidente del Congreso, Roy Bareras, negó que se estén presentando irregularidades en el contrato interadministrativo de alquiler de 200 camionetas para el esquema de seguridad de los congresistas.
Barreras aseguró que el Senado no va a realizar ningún contrato de alquiler: “No compramos ningunos carros, decidimos devolverle el dinero al Gobierno para que asuma la responsabilidad de los esquemas de seguridad de los parlamentarios”.
El renting es una figura por medio de la cual una empresa, en este caso el Senado, utiliza un vehículo y se encarga de aspectos como la gasolina y el aseo, pero la propiedad del vehículo, el pago de los impuestos y el mantenimiento mecánico del mismo, corresponde al dueño, en este caso la Unidad de Protección. Esta misma figura es la que estaría próxima a implementar la Cámara de Representantes.
Barreras señaló que había disponibles 50 mil millones de pesos para comprar los vehículos, sin embargo, aclaró que la mitad de ese dinero se devolvió al Ministerio del Interior a su dependencia Unidad Nacional de Protección y el resto al Ministerio de Hacienda para que lo distribuya como a bien tenga.
“Quien hará el renting será el Gobierno, ese es el trabajo de la Unidad Nacional de Protección, ellos contratarán a su proveedor, porque son los encargados de proteger a las altas dignidades del país y lo hacen con sus proveedores que no sabemos quiénes son”, reiteró el parlamentario.
El Presidente del Congreso aseveró que se le ahorraron al Estado más de 22 mil millones y “otro tanto que se gasta cada año en mantenimiento de carros viejos. El peor negocio para el Congreso es comprar carros porque uno o dos años después las cuentas de los talleres son mayores al costo de los vehículos, por eso decidimos no comprar carros, ahorrarle al Estado ese dinero y entregarle al Ministerio del Interior, a través de un convenio, la responsabilidad de los esquemas de seguridad de los congresistas”.
Según el parlamentario, todos los 100 senadores tendrían un carro nuevo de responsabilidad directa del Ministerio del Interior hasta el año 2014. “Cabe anotar que algunos vehículos ya han venido siendo entregados. Además si un carro de esos se daña o se estrella, inmediatamente la cartera lo tendrá que cambiar por otro”.
El contrato 535 del 2012, suscrito entre el presidente de la corporación y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, contempla suministrar “vehículos a título de arrendamiento para la protección personal de los honorables Senadores de la República, quienes en desarrollo de sus funciones y en razón de la calidad de su cargo tienen un mayor riesgo; para este efecto la UNP dispondrá de 200 vehículos, camionetas 4X4 con blindaje nivel IIIA”.
El tratado menciona que los vehículos comenzarán a entregarse a partir del 30 de septiembre, cuya primera entrega será de 32 y luego entre el 2013 y agosto del 2014 se entregarán los otros 168.
El valor contemplado por el contrato es de 29 mil 266 millones de pesos, sin embargo llama la atención el siguiente parágrafo: “En el evento en que por mala utilización de los bienes o malas prácticas se generen costos adicionales para el operador privado, proveedor de los bienes, estos costos serán imputados a los recursos trasladados por el Senado”.