Descubren carrusel de tutelas que desangraría a Ecopetrol

Un carrusel de tutelas contra Ecopetrol que podría llevar a un desangre de la entidad, superior a los 700 mil millones de pesos, quedó al descubierto con la suspensión por tres meses en el cargo de 2 magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar.

La Unidad Investigativa de RCN La Radio reveló que fue el propio Ecopetrol el que alertó al Consejo Superior de la Judicatura sobre lo que venía ocurriendo con cuatro magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar que estaban fallando tutelas a trabajadores de Ecopetrol, violando la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.

Con ponencia del magistrado Jorge Armando Otálora, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó la suspensión de Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, actual magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, y de Álvaro Enrique Rodríguez Bolaños, trasladado al Tribunal Administrativo del Cesar.

Así mismo, vinculó a la investigación a Javier Ortiz del Valle, quien hizo parte del Tribunal Administrativo de Bolívar y fue trasladado a Tunja, y a Elsy María Rodríguez Usta, quien ya no pertenece a la administración de justicia.

Los dos magistrados suspendidos, al igual que la ex magistrada Rodríguez Usta, en reiterados fallos de tutela aprobaron ajustes salariales ilegales a casi mil trabajadores de Ecopetrol, que suman un total de 24 mil millones de pesos, de los cuales la empresa ya canceló 8 mil millones.

Según el expediente, los magistrados investigados además habrían violado la competencia territorial. En el Tribunal Administrativo de Bolívar fueron falladas tutelas de trabajadores de Ecopetrol en todo el país.

Según la denuncia, los dos magistrados suspendidos, Norah Lourdes Jiménez y Álvaro Enrique Rodríguez Bolaños, también habrían abierto una puerta para que los trabajadores de Ecopetrol reclamen por vía de tutela el reintegro de los dineros descontados como “estímulo al ahorro”, lo que le costaría a las arcas de Ecopetrol una cifra superior a los 680 mil millones de pesos.

Aunque ese descuento fue aprobado en una convención de comienzos del año 2000, algunos trabajadores lo consideraron ilegal y después de hacer uso de esos dineros para el pago de créditos de vivienda y estudios superiores, hoy están reclamando la devolución actualizada de esos recursos.

Por estos hechos, la Fiscalía General investiga si los cuatro magistrados implicados habrían incurrido en prevaricato y si hubo algún tipo de enriquecimiento ilícito.

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