Relator de la ONU asegura que responsables de actos violentos durante el paro deben responder ante la CIDH

Miembros de organizaciones de derechos humanos internacionales se siguen pronunciando acerca de los casos de violencia que se han reportado en Colombia durante el paro nacional. En la tarde de este 3 de mayo, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre Libertad Sindical y Reunión Pacífica, Clement Voule, escribió en su cuenta de Twitter que está alarmado por la situación. El representante no solo expuso los casos de abuso policial contra civiles, sino también los heridos que hay dentro de la misma fuerza pública.

“Estoy alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por fuerzas de seguridad contra manifestantes en Colombia (Bogotá, Cali y Popayán). Hay 9 muertos desde el 28/04.Dichas fuerzas deben abstenerse del uso excesivo de la fuerza y los responsables rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También estoy alarmado por el número de policías heridos y pido a los responsables que se abstengan de cualquier tipo de violencia”, escribió Voule.

Esta declaración vino un día después de que la ONU, a título general, también se refiriera a la situación. A nombre de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la organización rechazó la violencia en medio de las marchas y dijo que la salida en este caso es que todos los sectores del país se sienten a dialogar para llegar a un consenso.

“Pedimos investigación, juzgamiento y sanción de todos los asesinatos cometidos en el marco de las manifestaciones en el país. (…) La posibilidad de reunirse y actuar de forma colectiva es fundamental para el desarrollo democrático, económico, social y personal, la expresión de las ideas y la promoción de una ciudadanía comprometida”, dijo la ONU.

El organismo destacó que, según reportes proporcionados por la representante de la oficina en el país, Juliette de Rivero, la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas. También se recordó que, en caso de altercados, se deben seguir las normas internacionales que los Estados están obligados a respetar para proteger los derechos humanos. Ese marco normativo, según la ONU, “rige el empleo de fuerza e incluye principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se manifestó e instó al Estado colombiano a profundizar en las investigaciones sobre estos posibles casos de abuso policial.

“La CIDH expresa preocupación por la información pública, según la cual, el 30 de abril se habría registrado varias personas fallecidas, heridas, detenciones arbitrarias y denuncias de violencia sexual en el marco de las protestas”, señaló el órgano, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Así mismo, exhortaron al Estado de Colombia a investigar pronta y diligentemente, esclareciendo el alcance de la denunciada participación de agentes de seguridad; y en los casos sobre violencia sexual, con la debida diligencia reforzada.

Por otro lado, el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, también se refirió a estas mismas denuncias.

“Colombia: hemos recibido graves denuncias de abusos policiales por parte de agentes de la Policía Nacional contra manifestantes en Cali. La ciudadanía tiene todo el derecho a manifestarse y debe hacerlo de forma pacífica. La policía debe garantizar respeto a DDHH”, aseguró.

Según el último reporte de la organización no gubernamental (ONG) Temblores, entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 10:00 a. m. del 3 de mayo de 2021, se han registrado más de 1.181 casos de de violencia policial. Dentro de esta cifra hay varios casos de muertes perpetradas ya sea por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) o por la Policía Nacional.

El grupo asegura que la situación es aún más preocupante teniendo en cuenta que, además de los hechos mencionados, también se reporta que la fuerza pública ha atentado contra personas que se resguardan en casas. Incluso, en varios casos los uniformados han evitado que los civiles heridos reciban atención médica oportuna.

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