La ley del Montes | Y la reforma a la Justicia, ¿para cuándo?

POR. OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

Aunque el país está concentrado en la reforma tributaria que presentará el Gobierno ante el Congreso para su aprobación, es importante que también empiece a fijar sus ojos en otra reforma que Colombia requiere con urgencia: la reforma estructural de la Justicia, tantas veces anunciada, tantas veces aplazada y tantas veces fracasada.

Varios hechos ocurridos esta semana hacen pensar que la reforma a la Justicia es tan prioritaria como la tributaria.

Uno de ellos se relaciona con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, a BLU Radio, en las que insistió en la necesidad de reformar la Justicia en Colombia.

Al respecto sostuvo que parece haber consenso sobre la necesidad de hacerla, aunque también expresó que no resulta fácil todo lo relacionado con lo que se podría llamar la filigrana de la reforma, así como la focalización de los mayores esfuerzos y recursos.

El presidente de la Corte Suprema admitió –sin embargo– que sí hay problemas en la administración de Justicia en el país.

Otro asunto que también llamó la atención sobre la administración de Justicia ocurrió durante la Asamblea del BID en Barranquilla, donde se anunció la aprobación de un crédito por 500 millones de dólares para la transformación digital de la Justicia, que incluye el llamado “expediente digital”, uno de los sueños aplazados de los jueces del país.

Los recursos serán ejecutados por el Consejo Superior de la Judicatura, precisamente uno de los altos tribunales más criticados y cuestionados. El primer giro será por 100 millones de dólares.

Uno de los asuntos en los que tampoco parece haber consenso en las altas cortes es el que tiene que ver con las funciones electorales atribuidas a los magistrados.

Aunque hay quienes consideran que esas funciones no contribuyen a la congestión de la Administración de Justicia, ni imposibilitan el acceso a la misma, lo cierto es que ahí radica un gran foco de corrupción que terminó afectando el prestigio de la Rama Judicial.

El presidente de la Corte Suprema llamó la atención –con razón– sobre el hecho de que a todos los jueces del país se les han agregado y se les siguen agregando una gran cantidad de competencias, sin que aumente el número de jueces o de juzgados.

A duras penas se hacen planes de descongestión puntual que para lo único que sirven a largo plazo es para trasladar la congestión de los juzgados a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o de estos a la Corte Suprema de Justicia.

Para lograr la descongestión real de la Rama –más que discursos y buenas intenciones por parte de los gobiernos de turno– se requiere de una buena cantidad de recursos, que es lo que nunca hay, sencillamente porque la Justicia recibe siempre tratamiento de cenicienta.

¿Para cuándo la reforma estructural de la Justicia?

El desconocimiento de los fallos como política oficial

El problema más grande que tiene la sociedad colombiana en materia de Justicia no está en los juzgados, tribunales y cortes. Es la desconfianza que acompaña el comportamiento y las decisiones de algunas de las personas encargadas de administrar justicia.

Los colombianos consideran injusta toda decisión judicial que no les favorezca. Punto.

En Colombia la parte perdedora no solo no acepta la decisión judicial, sino que considera que uno de sus derechos es descalificar al juez y emprender una campaña de difamación en su contra.

En Colombia los procesos son eternos: existen los fallos de las instancias, la casación, la tutela contra el fallo y todas las denuncias penales y disciplinarias que interponen contra los jueces. En Colombia el desconocimiento de los fallos se volvió política oficial.

El gobierno de Juan Manuel Santos no solo se retiró de la Corte de La Haya, sino que dispuso que el fallo no se cumplía. Y fue más allá: elaboró la sofisticada hipótesis de que una de las jueces tenía intereses en China, que a su vez estaba interesada en la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua.

Ningún fallo adverso se acata en Colombia, aunque de labios para afuera todos dicen acatarlo. Ocurre con altos funcionarios de izquierda, derecha o centro. No es un asunto de ideología, sino de mentalidad y desprecio por la Justicia.

El caso de Jineth Bedoya

El caso de la periodista Jineth Bedoya es emblemático en lo que tiene que ver con violación de los derechos humanos en Colombia. Jineth Bedoya simboliza la lucha por la defensa de los derechos humanos en el país.

Su valor es admirable, así como su compromiso por darle visibilidad y voz a quienes –como ella– han sido víctimas de todo tipo de vejámenes por parte de las organizaciones criminales.

Hace poco el gobierno colombiano brindó un triste, vergonzoso y lamentable espectáculo al retirarse de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se debatía la evidente responsabilidad del Estado colombiano en la tortura, violación y tentativa de asesinato de Jineth Bedoya Lima. Al parecer al Estado colombiano ningún juez le sirve.

Como cualquier parroquiano va por la vida descalificando jueces, desconociendo fallos y renunciando a tribunales internacionales, simple y llanamente porque no está de acuerdo con sus fallos.

Tampoco tiene presentación que una de las partes –por muy poderosa que sea– emprenda campañas de insultos en medios y redes sociales en contra de sus jueces naturales, puesto que en algún momento esos epítetos y descalificaciones tendrán respuesta, por quienes han sido agredidos y ofendidos

Un acuerdo sobre lo fundamental en materia de Justicia

El Acuerdo sobre lo Fundamental promovido por Álvaro Gómez incluía –por supuesto– una reforma estructural a la Administración de Justicia en el país. Y uno de los puntos prioritarios en dicho acuerdo debería ser el cumplimiento de la siguiente premisa: no llevar los asuntos políticos a los estrados judiciales.

Los malos perdedores creen que pueden lograr en los tribunales lo que no pudieron alcanzar en las urnas.

El cumplimiento de esta premisa implica mantener un comportamiento ético y respetuoso de la Administración de Justicia para no instrumentalizarla política o económicamente.

Es más que evidente que un parlamentario que primero niega todo, después intenta evadir a su juez natural y por último acepta cargos, no tenía propósito distinto al de manipular la Justicia. La politización de la Justicia y la judicialización de la política son figuras perversas para nuestro frágil sistema democrático.

Fomentarlas desde aquellas orillas que pretenden pescar en río revuelto solo sirve para ahondar la crisis existente en la Administración de Justicia.

Es esa la lectura que requiere la situación actual por parte de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño, varios de los cuales parecen más interesados en avivar la hoguera que en apagarla.

Esos pirómanos que disfrutan viendo holocaustos también serán perdedores si la Justicia no recupera su majestad.

Acabar con funciones electorales de las altas cortes

La reforma a la Justicia se requiere con urgencia porque toda decisión judicial compromete la vida, el patrimonio o la libertad de las personas.

No es un asunto menor. Su aplazamiento termina por afectar los cimientos del Estado colombiano.

En el país se han hecho y se siguen haciendo todo tipo de reformas, menos la más importante y urgente. Es necesario que los tres poderes tomen plena conciencia de la necesidad de reformar la Justicia.

Pero para llevarla a cabo es necesario que todas las partes asuman posturas patrióticas y se desprendan de gabelas que por muy bien intencionadas que sean terminan siendo focos de corrupción, como ocurrió con las funciones electorales otorgadas a las altas cortes.

Nada más deprimente y vergonzoso que ver magistrados recibiendo y repartiendo hojas de vida de recomendados de congresistas. Las funciones electorales resultaron perversas porque terminaron fomentando el clientelismo y la corrupción en la Rama Judicial.

Ahí radica buena parte del desprestigio de la Rama y que hoy se expresa en diferentes encuestas de opinión.

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