Policías implicados en muerte de Javier Ordóñez son inhabilitados por 20 años

La Procuraduría destituyó e inhabilitó este martes por 20 años a los patrulleros de la Policía, Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, por el episodio de brutalidad policial que concluyó con el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez, en hechos perpetrados el pasado 9 de septiembre en la capital del país.

El fallo de primera instancia, que fue apelado por los policías, impone la sanción máxima que contempla el ente de control disciplinario para los funcionarios públicos.

Los patrulleros fueron hallados responsables de dos faltas gravísimas por haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio.

Durante la lectura de la sentencia, el Ministerio Público advirtió que los uniformados se inventaron una «pelea» de la víctima para justificar la golpiza que recibió en el CAI de Villaluz.

La procuradora delegada para la Fuerza Pública y Policía Judicial, Aura Fajardo, aseguró que la Procuraduría constató que no hubo ninguna riña en la que hubiera participado Ordóñez entre la noche del 8 de septiembre y la madrugada del 9 de septiembre.

No obstante, señaló la procuradora, se hizo un informe policial falso en el que se hablaba de una supuesta agresión de Ordóñez a una mujer, lo que habría desatado la supuesta pelea.

Agregó la funcionaria que las cámaras de seguridad del sector donde fue detenida la víctima, situado en el barrio Villaluz, en la localidad de Engativá, nunca registran la aparente riña.

«Este informe rendido por Harby Damián Rodríguez Díaz tiene un contenido falso. En las grabaciones se ve que cuando llegaron donde estaban los civiles no había la tal riña múltiple. Los patrulleros no tuvieron que intentar separar a nadie, a Javier Ordóñez no lo estaba hiriendo nadie», leyó Fajardo.

En cambio, añade, los videos del lugar sí dan cuenta del sometimiento con fuerza excesiva de que es víctima Ordóñez en la vía pública, con el uso exagerado además de las descargas de pistolas ‘taser’ en contra del fallecido.

El órgano de control estableció que el procedimiento policial en el que Ordóñez Bermúdez recibió múltiples descargas eléctricas no ocurrió en la forma como lo relataron los uniformados, pues los videos de las cámaras de seguridad del lugar demuestran que la intervención de los disciplinados no obedeció a un intento por disolver la aparente riña, sino que por el contrario hubo un enfrentamiento físico donde el patrullero Lloreda Cubillos utilizó el ‘taser’ en repetidas oportunidades contra la humanidad de Ordóñez.

Y afirma que la golpiza le fue propinada a la víctima en el CAI: «Sin consideración y con brutalidad Javier Ordoñez recibió golpes contundentes propinados por Juan Camilo Lloreda Cubillos, mientras el patrullero Harby Rodríguez no solo no hizo nada, sino que se inclinaba para sujetarlo».

Por ello resuelve que «se puede afirmar, sin lugar a ninguna duda, que el señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez fue objeto de violencia física pese al estado de indefensión en que se encontraba mientras permanecía en el CAI Villaluz» y agrega que «nunca recibió auxilio o atención a pesar de sus lamentos y desesperación por las dolencias que lo afectaban, situación que grabó con su celular el patrullero Lloreda Cubillos a las 0 horas y 38 minutos, es decir, muy poco antes de que empezara a morirse».

«Todo ello -leyó la procuradora- en momentos en que se encontraba en el piso, esposado, completamente reducido», siendo víctima de una «cruel y cobarde golpiza».

Determina el ente de control que «con los fuertes golpes que le empezaron a dar desde la llegada al CAI le produjeron el estallido del riñón derecho, lo que le ocasionó una pérdida de 3.500 centímetros cúbicos de sangre y lo que derivó en su muerte».

Para la Procuraduría, la conducta desplegada por los patrulleros «constituye un acto contra el derecho fundamental a la vida de un ciudadano del territorio colombiano que estaba bajo su cuidado, quien debió haber recibido protección de los policiales, pero contrario a ello, lo que se ha conocido fue que realizaron todas las acciones ilegales para causarle la muerte sin tener la más mínima consideración; como se observa en los videos le dieron un trato indigno de un ser humano y completamente fuera del contexto y la función institucional de la Policía Nacional».

Finalmente, destaca la entidad que «la intención de causar la muerte al ciudadano Ordóñez Bermúdez se infiere de la formación que reciben los policías y su experiencia, que les enseña dónde golpear según el propósito que se busque; si simplemente se hubiera querido lesionar las patadas y puños no hubieran tenido la misma contundencia y hubieran sido dirigidas a las piernas o brazos para luego simplemente aducir que se había fracturado al caerse de la camioneta panel que lo condujo hasta el CAI Villaluz; pero el hecho de golpear en la espalda y a la altura de la región lumbar, con tanta fuerza, de manera tan repetida que traduce sevicia y a alguien que no podía moverse ni esquivar los golpes para aminorar el impacto, indudablemente demuestra que la intención era acabar con la vida de Javier Humberto Ordóñez Bermúdez».

Por último, la delegada ordenó el traslado de copias para que se determine si hay lugar a investigar disciplinariamente la presunta restricción de la libertad de Wilder Andrés Salazar Guevara, quien acompañaba a Ordóñez y quien fue trasladado también en la madrugada del 9 de septiembre al CAI del barrio Villaluz.

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