Vil asesinato

Por Augusto León Restrepo 

Manizales, 19 de septiembre_ RAM_ Hoy se llevan a cabo las exequias y la inhumación de los restos mortales del ciudadano que llevó en vida el nombre de Javier Ordóñez, sometido a la impotencia mediante actitudes violentas por parte de dos individuos pertenecientes a la Policía Nacional de Colombia y quien murió horas después no solo por el «procedimiento electromecánico» que lo inmovilizó, sino también, de acuerdo con el dictamen de medicina legal, por nueve fracturas en el cráneo, en las costillas, y su hígado, reventado. Toda la violencia inicial contra la integridad de Ordóñez fue filmada en un teléfono por uno de sus amigos, lo que despertó el rechazo generalizado ante las atroces imágenes presenciadas. A partir de ese momento, en manifestaciones públicas, se han presentado unas diez muertes más, cuyas autorías están en proceso de investigación, pero que todo parece indicar que van a recaer en cabeza de uniformados policiales.

La muerte de Ordóñez, es un vil asesinato. O al menos así lo calificamos los abogados de la pucha vieja. Y hasta algunos y algunas representantes del gobierno o del régimen, como quieran llamarlo, impotentes de acudir a eufemismos, ante la contundencia de las pruebas hechas públicas. Es deplorable, eso sí, que no hayan faltado quienes califican el hecho, desproporcionado e inhumano, como casi que buscado por la víctima y hasta se hayan atrevido a investigar antecedentes personales de comportamientos de Ordóñez, para justificar esta especie de pena de muerte, decretada por sí y ante sí por quienes representan una institución. Con esta clase de conductas equiparan, quienes así piensan y piden mano dura, sin contemplación, para mantener lo que consideran a su manera el orden y la disciplina social, con los bandidos y anarquistas, a quienes con toda razón reclaman y señalan por sus conductas delincuenciales. Los invitan a repetir su conducta con la ciudadanía inerme y los ponen en el mismo plano.

Un simple opinador, como es este columnista, no se atreve a sugerir siquiera una sola fórmula para que la Policía Nacional recupere su confianza después de los penosos procederes de algunos de sus integrantes, que, reiterados en el tiempo, deben ser castigados con severidad y prontitud.

Mi admiración por la Policía, viene desde la infancia. Uno de los cuatro o cinco agentes que prestaba servicio en mi pueblo, el Policía Escolar, me llevaba, nos llevaba de las orejas hasta la escuela cuando hacíamos novillos para irnos a «hurtar frutos en la heredad ajena y a la caza de mirlos y gorriones». El Agente Lesmes, Policía del parque infantil de Manizales, nos cuidaba con la atención de un padre de familia. Por razones de oficio, en mi vida profesional, tuve relaciones personales con policías de distinto rango. Hasta como defensor en consejos de guerra me desempeñé. Y conocí de cerca sus sacrificios, pero también sus debilidades. De sus aciertos y sus desafueros. Pero estos últimos no de tan grueso calibre como los actuales. Por ello mismo es por lo que me duele el desmadre institucional.

Quisiéramos que se cumplieran con rigurosidad los roles que todos añoramos. Que volvamos a los agentes amigos. A los estrictos acatamientos de las normas constitucionales y legales que rigen las relaciones entre las autoridades y las fuerzas policivas. Al trabajo mancomunado entre alcaldes y comandantes. A la mentalidad civilista y respetuosa que debe infundir su actuar. A la utilización, hasta del bolillo, con la racionalidad debida. No hay nada que indisponga más que un abuso policial.

Y, por último, sí. Que protesta tan vandálica, energúmena, inútil, vergonzosa y descomunal, contra objetos y personas, bajo el paraguas de una motivación sancionatoria por el proceder policial. La protesta pacífica, como derecho ciudadano, debe conducirse por los medios civilizados. Incendios a las instalaciones, ataques aleves y cobardes contra agentes del orden, como la uniformada agredida a puntapiés y puñal, para poner un solo ejemplo, no pueden quedar impunes. Hay que dejar de hacer señalizaciones genéricas sobre los autores de los desafueros. Se deben individualizar. Y desenmascarar, a quienes hay detrás. Gaseosas e indeterminadas responsabilidades, son señal de desgobierno y de impotencia. Al menos, esa es la sensación.

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