La ley del Montes | Álvaro Uribe ante la Justicia

POR OSCAR MONTES

@LEYDELMONTES

Álvaro Uribe Vélez es el político más influyente en la historia reciente del país. En sus dos gobiernos consecutivos (2002-2010) Colombia superó la incertidumbre económica y social, producida por la inseguridad generalizada y enraizada por décadas a lo largo y ancho del país. Su política de “Seguridad Democrática” logró desactivar los llamados grupos paramilitares, cuyos jefes terminaron extraditados a los Estados Unidos; y demolió la capacidad de combate de las Farc, hasta el punto de llevarlas a abandonar la lucha armada, propósito que se materializó durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos.

Hasta los más radicales opositores de Uribe, entre ellos el propio Santos, le reconocen su gestión no solo en la recuperación de la confianza de los inversionistas en el país, sino también en devolverle a Colombia la tranquilidad perdida. Los golpes contundentes y certeros propinados a las Farc volcaron de nuevo a los colombianos a las carreteras nacionales. Las tristemente célebres “pescas milagrosas” fueron –¡por fortuna!– cosas del pasado. En otras palabras, con Uribe en la Presidencia y gracias a su política de “Seguridad emocrática”, Colombia dejó de ser un Estado fallido, como en su momento lo llegaron a considerar influyentes periódicos y revistas de Estados Unidos y Europa. De la mano de Uribe el país dejó de asistir al triste, lamentable y humillante espectáculo de las tomas guerrilleras a poblaciones y bases militares, como Miraflores, Patascoy y Las Delicias, entre otras.

Por ser Álvaro Uribe el dirigente más influyente de Colombia es que la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de ordenar su captura el pasado 4 de agosto causó un verdadero “tsunami” nacional. No es para menos. Semejante decisión tuvo y tendrá efectos en el devenir nacional en los próximos años, sin duda alguna. Con Uribe preso, como ahora, o libre al probar su inocencia durante el juicio, la política nacional no será igual.

En términos políticos y electorales el “caso Uribe” puede significar el fin del uribismo o su consolidación como partido político con vocación histórica. En el primer escenario, quedaría probado que como ocurre con casi todos los partidos caudillistas, el ocaso del creador significa también el fenecer del partido creado por él. Pero también podría significar la reafirmación del uribismo, ya sea con el ex presidente libre y con más bríos, o mediante el surgimiento de nuevos liderazgos que permitan mantener vigente su legado.

Pero el difícil trance que vive Álvaro Uribe es también un enorme reto para el presidente Iván Duque, quien deberá culminar su mandato con su mentor dedicado exclusivamente a defenderse. Del comportamiento de Duque dependerá el juzgamiento del uribismo, que lo verá como “héroe” si se juega a fondo por la defensa de su jefe natural, o como “villano” si asume una postura tibia, distante o inclusive muy respetuosa de las decisiones de la Corte Suprema.

¿Qué le espera a Álvaro Uribe en manos de la Corte Suprema?

Álvaro Uribe, ¿en manos de la Fiscalía?

En términos puramente jurídicos, el proceso contra Álvaro Uribe está en la etapa de investigación. Es decir: no ha sido condenado, como quisieran sus enemigos; pero tampoco absuelto, como desearían sus amigos. La etapa de investigación sólo puede terminar de dos maneras. La primera es la preclusión de la instrucción, que no es otra cosa que una sentencia absolutoria que quedaría en firme para siempre. Y la segunda es la acusación en su contra, lo que significaría que su caso pasaría a la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema. A partir de ese momento Uribe tendría derecho a la doble instancia y en ese caso sería la Sala de Casación Penal la que oficie como segunda instancia. Pero hay otro escenario: la renuncia del expresidente Uribe a su curul de senador. Si ello ocurre, entonces la Sala de Instrucción perdería su competencia y la misma pasaría a la Fiscalía General y el juzgamiento lo haría un Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá o del lugar donde se haya cometido el delito. La Fiscalía –al igual que la Corte– sólo tiene dos opciones: precluirle o acusarlo. No tiene salida distinta. ¿Uribe en manos de la Fiscalía? La razón para que Uribe acuda a la Fiscalía es bastante simple: su caso no tiene nada que ver con su función de senador de la República. Además, tampoco cometió los delitos que le imputan –como ocurrió con Aida Merlano o los parapolíticos– para llegar al Congreso. En este hipotético caso –que Uribe renuncie a su curul para que lo investigue la Fiscalía– la presión que hoy tiene la Corte Suprema de amigos y enemigos de Uribe pasaría al fiscal general. Si ello llega a ocurrir, entonces medio país cuestionaría a un fiscal General que investiga al mentor de su amigo el presidente y otro medio país lo defendería por garantizarle los plenos derechos. En este caso, si el fiscal general precluye en la fase de instrucción no tendría ningún control judicial. Sería una especie de indulto, como el derecho que asiste a los presidentes de Estados Unidos. ¿Es este escenario posible? Amanecerá y veremos.

Magistrados aplican la ley que los congresistas hacen

La decisión unánime de la Sala de Instrucción de ordenar la detención de Álvaro Uribe, negándole la posibilidad de asumir su defensa en libertad, generó una gran controversia, pues fue interpretada por los uribistas como una prueba de la persecución o el “odio” del alto tribunal al expresidente. “¡Qué tal la desfachatez de los magistrados de la Corte Suprema de considerar a Uribe un peligro y por eso ordenar su captura!”. Esa expresión se la escuché a un empresario barranquillero, uribista de poncho y sombrero. Pero en aras de la sana discusión habría que decir que los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema al negarle beneficios procesales a Uribe lo que hacen es aplicar las mismas leyes que los congresistas elaboran, pensando que nunca les tocará el turno a uno de ellos. Para decirlo en plata blanca: los magistrados aplican la ley que los congresistas hacen. La enorme pena que le imputan a Uribe, o la del delito de peculado que le impusieron a Andrés Felipe Arias, nacieron en el Congreso de la República, por parte de grupos políticos mayoritarios que allí ejercen control. No está de más llamar a una reflexión para que los congresistas dejen de pensar a la hora de hacer las leyes en que las mismas les serán aplicadas a otros y no a todos los colombianos que estamos expuestos a su rigor por el solo hecho de hacer parte de una democracia donde existe la separación de poderes con jueces independientes.

Las dos lecturas del caso Uribe: política y jurídica

La difícil y penosa situación que vive el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, así como su futuro, tiene una lectura política y una jurídica. La interpretación política del caso depende de la orilla desde la cual se haga el análisis: la de amigos y la de los enemigos. Los primeros –con el presidente Iván Duque a la cabeza– no dudan de la “honorabilidad” de Uribe, mientras que los segundos no dudan de su culpabilidad en todos los hechos que le imputan. En sentido estrictamente legal los requisitos para dictar una medida de aseguramiento son muy precarios. Por ejemplo: solo se requiere dos indicios graves de probable responsabilidad del sindicado en un delito que tenga una pena mínima de 4 años de prisión. Los de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal que le imputaron al expresidente Uribe tienen penas de 6 años. Por ser delitos “contra la administración de Justicia” en la inmensa mayoría de los casos van acompañados de la detención del imputado, pues los jueces consideran que “podrían entorpecer la actividad probatoria”.

¿Y ahora qué sigue?

La definición de la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez deberá darse dentro de 120 días contados desde el pasado 4 de agosto. En este tiempo el expresidente deberá asumir su defensa en igualdad de condiciones ante la Ley. Ese es un principio fundamental de todo sistema democrático. Sus evidentes logros como estadista y como gobernante no pueden servir de pretexto para darle un tratamiento favorable, pero tampoco desfavorable. Sus garantías deben ser las mismas que tiene todo ciudadano colombiano. Uribe debe ser vencido en juicio y con plenas garantías procesales. Punto. El enorme reto de la Justicia y de los magistrados de la Corte Suprema ante este juicio histórico es el de tomar decisiones con absoluto apego a la Ley. No puede haber en sus decisiones el menor asomo de duda acerca de su comportamiento intachable. Actuar bajo cualquier tipo de presión o de pasión sólo contribuiría a aumentar los altísimos niveles de desconfianza que hoy sienten los colombianos por la Administración de Justicia. Pero desde el punto de vista político también se prestaría para aumentar la polarización que vive el país. De manera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos no solo la suerte de un hombre, sino la de un país. Así lo quiso la historia y ellos no pueden ser inferiores a ese trascendental reto. Que la Divina Providencia los ilumine y les dé sabiduría a la hora de fallar sobre la suerte del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez.

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