La promesa de “derogar la justicia especial para la paz” hizo que el sector que había votado por el no al plebiscito trasladara su voto a una campaña que prometía no poner en marcha los Acuerdos de Paz. Así, el 7 de agosto de 2018, Iván Duque se posesionó como el nuevo presidente de Colombia.
En estos dos años de mandato, su promesa le causó reclamos, odios y amores. Por un lado, la corriente más radical del uribismo le ha exigido cumplir a dicho compromiso. Por otro lado, la izquierda, los partidos de centro y las víctimas le han exigido, por el contrario, cumplir con los Acuerdos de Paz.
La comunidad internacional, garante del Acuerdo, también vigila de cerca la implementación del mismo y, en una carrera por justificar los recursos aportados por los organismos internacionales, Duque empezó a manejar un discurso pacífico, de respeto al acuerdo, en su política exterior; pero el discurso en Colombia era cada vez más radical contra los excombatientes de FARC.
En medio de las tensiones y de una promesa enfática en campaña, pero un acuerdo legal, que obliga al Estado a cumplirlo, Duque lanzó la política de ‘Paz con legalidad’.
Una política alterna
Alirio Uribe, vocero del colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y delegado de las plataformas de Derechos Humanos para la Mesa de Garantías, puso de presente que pese a que el Gobierno resalta logros en la implementación del Acuerdo de Paz, en realidad está trabajando en aras de la política ‘Paz con legalidad’.
“El tema no es si el presidente quiere o no la paz, sino que dice: ‘soy el Gobierno de la paz con legalidad’, pero él tiene 6 reformas constitucionales y más de 100 normas y leyes estatutarias en el Acuerdo. Si yo soy el Estado debo cumplir, debo aplicar esas normas sin desfinanciarlas y no hacer otra política y a esa sí meterle recursos”, señaló el también miembro del Consejo Nacional de Paz.
Puso como ejemplo el Programa de Acción Oportuna (PAO) como una política de Duque distinta a la contemplada en el acuerdo en materia de garantías de seguridad y protección para los líderes sociales.
“En los puntos 2, 3 y 4 del Acuerdo de paz había un plan con varias instituciones y mecanismos para darle seguridad a los territorios de las antiguas FARC y a los líderes comunitarios. Ese plan, que además incluía el desmonte del paramilitarismo, no se ha aplicado. Fueron dos años perdidos, sin lograr la protección de los Derechos Humanos y sin poder evitar los asesinatos de líderes sociales y reincorporados. ¿Qué hizo el Gobierno? Se inventó el PAO. Si esa medida fuese eficaz no la refutaríamos, pero ya nos dimos cuenta que no lo es y, aun así, no cumple lo que sí está fijado en el Acuerdo en este sentido”, explicó el vocero del CAJAR.
En el mismo sentido, el profesor de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejos expuso: “Se han presentado tres puntos críticos: el primero ha sido los continuos ataques a la JEP por parte del partido de Gobierno. El segundo, la lentitud en la aprobación de los proyectos productivos de los excombatientes y, el tercero, la inseguridad de los excombatientes y los líderes sociales.
Sobre la política de ‘Paz con legalidad’, el Gobierno expresó: “Avanzamos en una gestión estructural y detallada para iniciar la transformación de las condiciones de vida de más de 6.6 millones de personas, los más afectados por situaciones de violencia y pobreza, a partir de la planeación, la articulación y la ejecución de obras requeridas por las mismas comunidades, lo que permite empezar a cerrar esa brecha gigantesca que ha dividido a la sociedad colombiana”.